El 27 y 28 de febrero de 2012 se cumplen 23 años de la revuelta popular conocida históricamente como “el caracazo”, hecho que significó una respuesta social en las calles de varias ciudades de Venezuela al “Programa de Ajuste Macroeconómico y de Cambio Estructural” que el Fondo Monetario Internacional (FMI) imponía al gobierno del expresidentes Carlos A Pérez (AD) y, que éste aceptaba subordinadamente.

En las décadas de los años ochenta y noventa del siglo XX, el FMI fue brazo ejecutor del llamado “Consenso de Washington”, cuya existencia se validaba en la aplicación de programas de ajustes y estabilización macroeconómica cuyo objetivo era y es la liberalización financiera y comercial de los mercados nacionales y su inserción en la economía global, así como, el equilibrio del sector externo de la economía a los fines de garantizar el suficiente y necesario excedente de divisas para el pago puntual de las acreencias externas, principalmente la deuda externa pública y privada. Esto último, en los casos de México, Brasil, Argentina y Venezuela, era estratégico para el sistema financiero mundial amenazado de impagos por estas cuatro economías desbordantemente endeudadas.

El gobierno de Pérez, recién instalado en Miraflores en febrero de 1989, firma un acuerdo de stand-by con el FMI para acceder a recursos de corto plazo. Los contenidos de éste los presentará en cadena nacional el 16 de febrero. Era la primera vez en la historia venezolana que un gobierno se atrevía a firmar formalmente un acuerdo de política económica con el FMI.

A pesar de la revuelta popular originada en la implementación de la liberación de precios de bienes y servicios, la gasolina y el transporte particularmente, el gobierno no dio marcha atrás, convirtiendo en el mes de junio de ese año el acuerdo inicial en un préstamo bajo la modalidad de facilidad ampliada (extended fund facility), por un monto de 3 mil millones de US$, a entregar en tres tramos, para cumplir las metas neoliberales impuestas en relación al déficit fiscal, modificación cambiaria, apertura comercial, reservas internacionales adecuadas y de equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos. El gobierno se comprometía a que el FMI monitoreara el cumplimiento de la política económica pactada. Las instituciones financieras públicas y privadas estaban obligadas a recibir cada cierto tiempo y darle información a los equipos económicos del FMI, estos le llamaban en su jerga “vigilancia”. Se convirtieron en nuestros centinelas. Pocas veces un momento de pérdida de soberanía e independencia que nos avergonzaba como venezolanos herederos de nuestros libertadores.

El programa de ajuste neoliberal fondomonetarista o “paquete” como le llamó el pueblo, implementado a partir de febrero de 1989, contenía decisiones explosivas para nuestra economía que profundizaron la crisis que tomaba cuerpo en el capitalismo rentístico desde entrada la década de los ochenta del siglo pasado. Veamos. En el plano fiscal por el lado del gasto público redujeron el gasto social y los subsidios (fertilizantes, alimentos concentrados e industria de los alimentos), originando un desplome del gasto total real en 24.3% en relación al año anterior. Para incrementar los ingresos previeron la creación y elevación de impuestos (IVA), incremento de las tarifas del servicio de telefonía, agua, electricidad, gas y transporte, aumento del precio de la gasolina por tres años, 100% el primer año (a partir del 26 de febrero). Esta fue la chispa que incendió la pradera y desestabilizó al gobierno de AD. Igualmente, en atención a “la ortodoxia religiosa neoliberal”, decretó la liberación de precios controlados.

En la esfera cambiaria eliminaron el control de cambio estableciendo una libre flotación de divisas con tasa única, produciéndose una devaluación de 139%. Volvía la “libertad cambiaria” para profundizar los instrumentos pro cíclicos que hundirían a nuestra economía en los años siguientes.

En el campo monetario liberaron las tasas de interés activas y pasivas, saltando las activas de 9% (1988) a 33.1% (1989). Esta decisión liquidaba de raíz cualquier posibilidad de crecimiento económico y generó un proceso de distorsiones especulativas en las finanzas. Se sellaba el punto de partida de la grave crisis bancaria que estallaría cuatro años más tarde (1993).

En relación a la apertura de la economía se plantearon eliminar progresivamente las barreras arancelarias al comercio (80% en 1989 y 20% en 1992), así como las exoneraciones arancelarias. Se refuerza el proceso de desnacionalización de la industria petrolera con la apertura petrolera, se da inicio a los procesos de privatizaciones de empresas del Estado que supuestamente daban perdidas (CANTV, Sidor y bancos), y se flexibilizan las restricciones a la inversión extranjera directa.

El resultado del “paquete económico” fue un fracaso en el plano macroeconómico. La economía venezolana tiene ese año unas de las recesiones mas pronunciadas de su historia, el PIB cae -7.8%. La inversión Bruta real (base 1984) cae de 89.351 millones de Bs. (1988) a 58.492 millones de Bs. (1989). La liberación de precios e incrementos de tarifas junto a la devaluación del tipo de cambio, originaron la inflación jamás alcanzada en la historia económica de Venezuela, hasta ese momento, 84% del IPC. Esto impacto negativa y decisivamente la capacidad de compra del salario de los trabajadores y el efecto multiplicador del gasto publico. El desempleo arriba a 9.6% (1989) desde 6.9% del año anterior. La recesiòn, la inflación y el desempleo hace caer en barrena la demanda agregada interna en -18.4%, reforzando la caída de la economía real.

Este desplome de las actividades internas junto a la devaluación (el tipo de cambio paso de 14.5 Bs. /$ (1988) a 34.7 Bs. /$ (1989) permitieron el superávit ansiado en la cuenta corriente por mas de 2 mil millones de US$, explicado en última instancia en la disminución sensible de las importaciones hasta 7.030 millones de US$ en 1989, el año previó totalizaron 12.080 millones de dólares. El objetivo principal del FMI se cumplió: Un ajuste que produjo recesión y devaluación para corregir el sector externo y así garantizar que siguiéramos pagando puntualmente el servicio de la deuda externa a la banca internacional a costa de no crecer.

La reducción del papel del Estado, el incremento en la regresiva distribución del ingreso nacional, la desindustrialización y el ensanchamiento de las desigualdades sociales que quebranta “la ilusión de armonía” del capitalismo rentístico, para arrastrar a las grandes mayorías a la pobreza, están en la consecuencia de aquella política económica que nos subordinó descaradamente al FMI, consintiendo aquella clase política que el pueblo de Venezuela fuera utilizado como “laboratorio” para la aplicación de la política neoliberal.

La reacción del pueblo de Venezuela el 27 y 28 de febrero de 1989 no fue de “tumultos aterradores”, como le describe una investigadora del IESA, fue una insurgencia popular que desafío por primera vez al FMI y sus “equilibrios macroeconómicos” y, enfrentado la violencia y la muerte generada por un gobierno violador de los derechos humanos, sembró la semilla para que años después una alianza cívico-militar nos permitiera cerrar para siempre este ciclo vergonzoso de nuestra vida como nación y trajera la era esperanzadora del socialismo bolivariano.