Maracaibo, 4 de septiembre de 2006
Ciudadanos:
Sergio Rodríguez
Secretario General de la Comisión Nacional de Demarcación
del Hábitat y Tierras Indígenas
Francisco Cedeño
Coordinador General del Equipo Técnico
Presente.-
Estimados ciudadanos.
Los indígenas del Zulia, en especial el pueblo Barí, desde hace varios años se movilizan para que el Estado venezolano los dote de tierras, y les derogue las concesiones mineras de carbón que amenazan sus territorios ocupados actualmente y los autodemarcados.
La antropología contemporánea, Lizarralde & Beckerman, la prensa regional, Panorama, recoge con cierta precisión, y el mismo Salvador de La Plaza en unos de sus libros sobre el Problema de la Tierra, explican de cómo las empresas exploradoras y extractoras de petróleo (Shell y Creole), y posteriormente hacendados y campesinos diezmaron a sangre y fuego y despojaron del 90% de sus tierras a los indígenas Barí, dejándoles de 16.000 Km2 para mediado de 1910 apenas 1.942 Km2 en Venezuela y 840 Km2 en Colombia.
Hoy en Venezuela, nueve comunidades viven en medio de verdes potreros de haciendas y otras en el piedemonte de la Sierra de Perijá y en el Valle de Abusanqui, auto demarcadas con la colaboración de Roberto Lizarralde como la conocida Pica Barí.
Ahora, los que viven en el piedemonte, están nuevamente amenazados por los planes de exploración subsiguiente explotación carbonífera que capitales privados y el Estado venezolano llevan a cabo a través de CORPOZULIA.
Por justicia social, esta comisión técnica que hoy instrumenta la demarcación de tierra Barí debería medir las haciendas y parcelas que las comunidades Barí solicitan, hacer los respectivos avalúos y solicitarle a la señora Ministra Ing. Jacqueline Faría que eleve ante el Presidente Chávez el pago de dichas bienhechurías y la derogación de todas las concesiones de carbón de CORPOZULIA, conocidas con el nombre de Proyectos Tukuko-Aricuaizá y Río de Oro, así como las de las empresas privadas Minera MAICA, CARBOCA, COSULMINCA y Corporación Carbones del Perijá.
Para esta acción política, el Presiente Chávez puede apoyarse en las leyes nacionales y los acuerdos o protocolos internacionales firmados, algunos de ellos encaminan y asocian el derecho a la tierra para los indígenas al derecho a la vida.
Desde de mayo de 1985, venimos un grupo de ciudadanos preocupado por esta situación, colaborando con los pueblos y comunidades indígenas del estado Zulia en aras de buscar una salida al problema de la tenencia de la tierras indígenas, en la búsqueda de la construcción de la justicia y la paz, y este es el momento exacto de conseguir de una vez por todas la solución de este histórico problema, y ya los indígenas y nosotros vivimos una experiencia anterior.
En 1997, cuando la Dra. Lucía Antillano y su asesor abogado Ricardo Dorado, hoy Ministro del Trabajo, lograron desde el Senado de la República, con todos los organismos vinculados a los indígenas, tierra, frontera, seguridad y ambiente un acuerdo escrito para que cada año se compraran las bienhechurías de todas las haciendas, de estas mismas haciendas hoy auto demarcadas, y se comenzó a comprar las haciendas como El Trébol, Los Chorros, entre otras; para esta fecha sólo el problema de la derogación de las concesiones carboníferas estaba en el tapete, y este es un compromiso que en cierta manera el Presidente Chávez y la Ministra Faría han comenzado a asumir públicamente, hasta el mismo General Martínez que hoy ocupa la presidencia de CORPOZULIA. Poseemos dicha información de manera escrita y en audiovisual, por si hace falta.
Esperamos de ustedes la mayor amplitud posible para que juntos comencemos a entender que es necesario saldar la deuda con estos pueblos, que son anteriores al estado nacional, una deuda histórica, y saber que sin tierras todos los otros derechos reconocidos son letras muertas, pues sus economías y su espiritualidad están consustanciadas con sus territorios.
Mg. Lusbi Portillo
C.I. 4.527.834
Coordinador de la ONG
Sociedad Homo et Natura
0416-4653530
E-mail: homoetnatura@cantv.net