La "operación Fénix", el uso de drones con explosivos para asesinar al Presidente Nicolás Maduro, las autoridades del Estado y de las Fuerzas Armada Nacional Bolivariana está relacionada con los planes magnicidas del grupo terrorista de ex funcionarios policiales venezolanos que actúan desde Colombia. Los medios logísticos, es decir la técnica, los explosivos, el entrenamiento, los especialistas y el financiamiento provienen desde territorio colombiano.
Este es el mismo grupo que utilizó a Oscar Pérez, el ex policía que sobrevoló en helicóptero Caracas disparando y lanzando granadas y que asalto un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana que después resultó muerto en un enfrentamiento con los organismos de seguridad. Este grupo reivindica la acción en un comunicado que desde Miami, la periodista Patricia Poleo publicó, no es raro que ella actúe como vocera de este grupo pues son conocidos sus vínculos históricos con estos funcionarios.
En una anterior denuncia citamos con nombres y apellidos a la camarilla de peligrosos agentes entrenados, especialistas en acciones especiales de los antiguos organismos de seguridad (PTJ, Disip, GN y Ejército) que se han mudado a tierras colombianas procedentes de Miami, Costa Rica y Panamá para dirigir acciones de sabotaje y asesinar al presidente de la República Nicolás Maduro Moros. Esta versión del atentado frustrado es muy similar al realizado para asesinar al fiscal Danilo Anderson, solamente cambia el tipo de vehículo utilizado. Este detalle expresa la vinculación con los autores intelectuales del asesinato del fiscal Anderson.
Nombres de ex policías como Johan Peña, Joaquín Chafardett y el grupo operativo que los acompañan desde territorio colombiano en estas acciones extremistas propias de la vieja escuela de Luis Posada Carriles y el grupo terrorista de mayameros Alfa 66, que está participando activamente en las mismas. Hay que exigir a las autoridades colombianas y estadounidenses que detengan estas personas de manera inmediata antes que ocurra una tragedia peor a las que ha protagonizado y de lo sabemos son capaces de realizar.
Desde la embajada estadounidense en Bogotá la CIA monitorea y financia a este grupo. Con el conocimiento y la anuencia del gobierno colombiano que los dejan actuar libremente, utilizando el territorio y brinda apoyo logístico movilidad que solamente pueden ser autorizados por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
En las ciudades fronterizas con Venezuela del lado colombiano funcionan bases de reclutamiento de paramilitares y desertores que sirven para la formación de una fuerza irregular integrada también con personas que han emigrado del Venezuela. La presencia en las ciudades fronterizas de Cascos Blancos similares a los utilizados en Siria indica la preparación de un evento mayor que está en planificación. Hay fuerzas contratadas que están actuando y haciendo soporte a la preparación y acondicionamiento de bases de mercenarios para que actúen dentro del territorio venezolano enmascaradas como actividades de carácter humanitario.
Las afectaciones a la distribución de electricidad, las telecomunicaciones, el transporte, los servicios públicos y la reorganización de una base social que sustente las protestas y los "falsos eventos" que son pequeños brotes de protestas para efectos mediáticos que tienen como objetivo lanzar un evento golpista entre los días 8 y 20 de agosto que comenzarían a implementarse las nuevas medidas económicas, financieras y de seguridad diseñadas por el gobierno para revertir la actual situación.
La oposición venezolana está reducida a la mínima expresión, al quedar sin liderazgo, el abandono del país por sus principales líderes, el fracaso de la MUD, del Frente Amplio y la falta de convocatoria entre los sindicatos y otros sectores sociales. Esta situación ha hecho que los factores conservadores de la iglesia católica, el Opus dei, liderada por Monseñor Baltazar Porras, recién nombrado administrador de la Diócesis de Caracas, junto a Luis Ugalde, Monseñor Ovidio Pérez Morales y Monseñor Diego Padrón hayan asumido la conducción de las protestas, utilizando a los gremios profesionales de la salud y de otros sectores, manipulando la realidad y el descontento por la situación económica que vive el país. Actividades de subversión que orientan en coordinación con funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Caracas.
Así que las aparentes protestas y "acciones independiente de los políticos" que plantean los gremialistas son mentiras, están relacionadas con la creación de las condiciones para una huelga o paro general que obligue a renunciar al actual gobierno. Ya están previstas las acciones encaminadas a la formación de un gobierno de transición, integrado por dirigentes de la iglesia católica, ex militares, como Rodríguez Torres; por Voluntad Popular, Leopoldo López, y el empresario Lorenzo Mendoza.
Que la operación Fénix tenga puntos de contacto o que estén relacionados con estos grupos está por determinarse, porque hay varias facciones dentro de la oposición que luchan por hacerse del poder presidencial en Venezuela. Quizás la operación Fénix está dirigida a adelantarse a otros grupos que también ambicionan alcanzar el poder. Detrás de ellos están poderosos intereses económicos y financieros internacionales que no quieren compartir el botín que significan las infinitas reservas de petróleo y minerales estratégicos de Venezuela.
El pueblo venezolano tiene en lo adelante la misión de salir a la calle a defender a su gobierno, la revolución, el legado de Chávez, el Estado, la soberanía y la dignidad de un pueblo que lleva veinte años resistiendo heroicamente la injerencia estadounidense y las pretensiones de la oligarquía de volver a retomar el poder.
La Asamblea Nacional Constituyente debe hacerse sentir con una legislación especial transitoria que castigue severamente las manifestaciones delictivas que más impactan sobre la realidad cotidiana afectando la calidad de vida de la población y limitando la responsabilidad del Estado y sus instituciones en garantizar los derechos a la alimentación, la salud, los servicios básicos, entre otros no menos importantes.
Las Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe movilizar y activar los planes de defensa con la participación activa del pueblo para defender la Patria. Controlar las fronteras de manera incansable evitando la entrada y salida de materias primas, productos, así como el acceso de personas y medios de transportes.
Después de la acción terrorista proveniente de territorio colombiano y la abierta injerencia de los funcionarios del vecino país en nuestros asuntos internos es inevitable tomar medidas adicionales a la condena oficial y la repulsa a la actitud complaciente de las autoridades colombianas con los extremistas. Llegó el momento de cerrar la frontera y bajar a la mínima expresión la relación bilateral hasta que no reconozcan al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros que un acto inamistoso no ha sido invitado al cambio de gobierno. No existe razón que sostenga la actitud irresponsable y lacaya de la oligarquía colombiana que le sirve a sus dueños el imperialismo estadounidense.
Por lo que el hermano pueblo colombiano debe entender que al Estado venezolano no les queda más remedio que defenderse de la arremetida imperialista utilizando las herramientas de la legislación venezolana e internacional para frenar la hostilidad injerencista que desde territorio colombiano afecta a toda Venezuela.
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