La muerte del concejal Fernando Albán, ocurrida en extrañas circunstancias en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ha dado pie a numerosos versiones en torno al hecho, presentado por el oficialismo como un suicidio y denunciado por diversos voceros opositores como un asesinato.

El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, ex titular de la Defensoría del Pueblo, y activista de derechos humanos en los tiempos de la llamada cuarta República, validó dese el principio la versión del suicidio, en lugar de limitarse a la apertura de una investigación rigurosa, por parte de fiscales con el guáramo y la acuciosidad suficiente para llegar hasta el tuétano del asunto.

Dar como buena desde el principio la versión del cuerpo de seguridad que tenía detenido al ahora  difunto concejal Albán es un grave error que da pie a las más  justificables dudas de familiares, compañeros y amigos del extinto edil, y, por qué no, de periodistas y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, e incluso de gobiernos. Esas dudas no dejarán de persistir hasta que no se agoten todos los pasos destinados a aclarar los elementos que lucen oscuros en esta trama.

No me caso con ninguna versión. Pero me extraña que el SEBIN, muy diestro en eso de hacer vídeos que muestren ” lo bien” que tratan a los prisioneros, en esta oportunidad haya obviado esa práctica. ¿ No te llama la atención eso, mi estimado Tarek?  ¿Por qué en lugar de poner la atención en ” imágenes comprometedoras” presuntamente halladas en el teléfono del concejal no hay respuesta a la pregunta en torno a la ausencia  de grabaciones de los últimos instantes de vida de Fernando Albán?

De buenas  a primeras no podía constarle al titular del Ministerio Público designado por la ANC que efectivamente Albán se suicidó. En lo personal no tengo cómo contradecir esa versión, pero la sana lógica y cierto conocimiento y experiencia en materia de derechos humanos me llevan a la conclusión de que lo que correspondía, y todavía corresponde, es abrir una investigación lo más transparente y rigurosa posible para disipar todas las dudas razonables en torno a esa muerte.

Toda muerte de un individuo que está bajo la custodia del Estado genera dudas, suspicacias y obliga a que se determinen responsabilidades.  Este caso no puede ser la excepción, y no le corresponde al mismo cuerpo que lo detuvo dar las conclusiones.  Ni siquiera al Fiscal General, si no se ha concluido una investigación al detalle. Por ejemplo, es pertinente aclarar con elementos concluyentes todos los rumores , todas las versiones existentes  en torno a la autopsia realizada .¿Fue hecha por médicos competentes y con la experiencia suficiente?  ¿Es posible en verdad que patólogos independientes e incluso venidos del exterior pueden hacer una “autopsia”  a la autopsia e incluso repetirla ?

Preguntas van y preguntas vienen. El asunto central de todo esto es que ya hay suficiente evidencia de que la policía política no respeta decisiones de tribunales, aplica castigos reñidos con principios constitucionales y parece actuar con una discrecionalidad y autonomía que tarde o temprano se le puede convertir en una terrible pesadilla al propio gobierno.  Por eso cuando ocurre un hecho como la muerte de un ciudadano que estaba allí en calidad de detenido no es nada anormal que se enciendan las alarmas. Para complemento,en medio del escándalo por el caso Albán, se deja en libertad y se saca del país, sin dejarlo ver siquiera por su madre, vaya crueldad, a Laurent Saleh, quien pasó varios años encarcelado, con largos períodos de aislamiento, sin un juicio.  ¿Qué habrían dicho en la llamada cuarta República otrora activistas de derechos humanos  y víctimas de atropellos y abusos , que hoy acompañan o están en el gobierno, y parecen  sufrir de cataratas y de sordera ante tantas violaciones al texto de la amenazada Carta Magna de 1999? .

Para algunos quizás peco de ingenuidad al sugerirle al Presidente Nicolás Maduro que le meta el ojo a los procederes de sus cuerpos represivos. No importa. Siento que es mi deber como firmante de la Constitución de 1999, e incluso como hijo de padres víctimas de persecución y represión. No solo al SEBIN, cuyas sola mención seguramente provoca la misma sensación que en el pasado régimen perezjimenista , generaba la tenebrosa Seguridad Nacional,  sino también al FAES, cuyas prácticas de exterminio ha sido denunciadas hasta por José Vicente Rangel, de quien sigo extrañando su voz en torno a los casos de presos políticos sometidos a terribles condiciones de encarcelamiento y de denegación de justicia.

La Digepol también tuvo sus graves máculas en materia de abusos y atropellos. El caso de Alberto Lovera y el caso de Fabricio Ojeda, el primero, dirigente comunista asesinado y luego lanzado al mar en Lecherías, y el segundo, periodista , exparlamentario y  guerrillero, “suicidado” en un calabozo de ese cuerpo, según denunció el propio Rangel, son apenas dos ejemplos.

La Disip, nombre dado a la Digepol por el primer gobierno de Rafael Caldera, siguió con sus viejas prácticas. El asesinato, por torturas, de Jorge Rodríguez padre fue  tan solo uno de sus crímenes.

Al menos en este último hecho los autores materiales pagaron cárcel.

Ahora los cuerpos represivos de hoy, con su ya largo historial de abusos, repiten viejas prácticas que deberían ser desterradas, pero que por el contrario han sido perfeccionadas. Por ejemplo, eso de llevarse detenidos a la madre, al,hijo o al hermano o cónyuge de alguien solicitado no es otra cosa que conductas de regímenes de terror, lo hagan con la mano izquierda o con la mano derecha.

En fin, cuando estuvimos en la  legítima Asamblea Nacional Constituyente de 1999, participamos activamente junto a Tarek William Saab y numerosas ONG’s de derechos humanos en la  discusión y redacción de ese capítulo. Recuerdo que un colega constituyente, de vieja militancia comunista, me reprochó que estábamos redactando una constitución para la oposición. “Precisamente de eso se trata, para que mañana, cuando nos toque salir del gobierno, también tengamos las mismas garantías que debemos darle a nuestros adversarios”.

En esa época, yo militante del PPT, y  comprometido en el apoyo a Hugo Chávez, no imaginé que la entonces  embrionaria Carta Magna sería objeto de tantas violaciones en materia de derechos humanos, por solo referirme al tema que nos ocupa y no a otros capítulos también vulnerados. Quizás quieran cambiarla porque la casi moribunda Constitución de 1999 les reprocha todos los días el actuar al margen de ella. Volver a lo que dice su texto es la mejor medicina para el remordimiento que seguramente persigue a muchos de quienes la firmaron o la promovieron y hoy la niegan con sus prácticas, con su silencio o con su indiferencia.