El Sippenhaft fue un concepto jurídico establecido en el Tercer Reich, es decir, en la Alemania Nazi de Hitler en 1944, según el cual, un acusado de supuestos crímenes políticos extendía automáticamente su responsabilidad penal, en igual medida, hacia sus familiares, de modo que los mismos, eran considerados igualmente culpables, arrestados; y, en algunos casos, también condenados a muerte.

Esta barbaridad que aplicaban los nazis, significaba que la Gestapo y la SS de Heinrich Himmler, encarcelaban o mataban a los familiares de los opositores políticos del nazismo, como una manera de castigo colectiva. Es lo mismo que hoy día hace Israel en Gaza, cuando, con el argumento de luchar contra la Hamas, bombardea y asesina a miles de civiles palestinos, sobre todo, mujeres y niños, en lo que se ha convertido en un verdadero genocidio, que ya está bajo investigación de la Corte Penal Internacional, gracias a la valiente demanda introducida por Sudáfrica.

El segundo Informe de la Comisión de Verificación de Hechos en Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, publicado el 16 de septiembre de 2021, identificó, con base a los testimonios de más de 400 víctimas, que el gobierno de nicolás maduro aplica el Sippenhaft como un Patrón de Conducta, para reprimir a los familiares de sus oponentes políticos.

Lo sucedido el pasado 10 de febrero, con la detención de Rocío San Miguel, de su hija y otros familiares, es una repetición de este patrón represivo que, ya desde hace varios años, viene aplicando el gobierno de nicolás maduro contra sus opositores. Quiero expresar mi solidaridad con ella y sus parientes. Me sumo a las voces que piden su liberación; y, agrego, también la de TODOS los presos políticos, sin distinción de ningún tipo.

La aplicación del Sippenhaft, es una forma, a todas luces, fascista de represión política, inaceptable en pleno siglo XXI. En mi caso, lo hemos sufrido directamente tras la detención arbitraria de mi hermano, el Dr. Fidel Darío Ramírez, ocurrida el pasado 13 de septiembre de 2022, como una retaliación a mis claras posturas políticas de oposición a este gobierno y a mi intención que expresara, en ese entonces, de candidatearme a las elecciones presidenciales de 2024.

Mi hermano Fidel, un excelente médico, con más de 36 años de servicio, entre cuyos pacientes, incluso, estuvo el Presidente Chávez, un hombre progresista, estudioso y que jamás se involucró en temas políticos, mucho menos en la gestión de gobierno. Ha dedicado su vida en ser un médico activo en el servicio hospitalario y privado de salud, dedicado por entero a salvar vidas, que ha sido su empeño de actuación profesional. Fidel fue detenido arbitrariamente por una Comisión del DGCIM en su propio consultorio médico, a plena luz de día, y conducido a la sede de la misma, en Boleíta, conocida eufemísticamente como "La Casa de los Sueños", por ser escenario de torturas y maltratos; a partir de allí, ha permanecido secuestrado, violándosele todos sus derechos, los más importantes de ellos, a la libertad, a la defensa, al debido proceso y A LA VIDA.

Lo más grave de esta situación es que, Fidel, sufre de una enfermedad hereditaria, que le costó la vida a mi padre. Este grave hecho, de su estado de salud, ha sido corroborado, tanto por los médicos especialistas que han emitido los informes del caso, así como por el mismo Servicio de Medicina Forense (SENAMECF), que ya en varias oportunidades ha dado indicaciones expresas para proteger su vida. De esta situación se le ha informado al Juez que lleva "la Causa", a la Fiscalía, al Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y al mismo nicolás maduro, de manera directa, a pesar de lo cual se le mantiene detenido arbitrariamente y se le ha negado la medida cautelar de detención domiciliaria, para que mi hermano pueda atender su salud.

Por supuesto, que lo que suceda a mi hermano, es RESPONSABILIDAD DIRECTA DE NICOLÁS MADURO, no sólo porque está en pleno conocimiento del caso y se ha negado reiteradamente a liberarlo, sino porque, tal como lo establece el Informe de la Comisión de Verificación de Hechos en Venezuela del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República y los órganos de seguridad del Estado, actúan directamente bajo sus órdenes y las de su círculo íntimo.

Pero, en mi caso, el SIPPENHAFT se ha extendido igualmente a mi esposa Beatrice, víctima de todo tipo de acciones judiciales absurdas, la toma de nuestra casa de habitación, entre otros hechos graves; así como, a mi suegra, la Dra Hildegard Rondón de Sansó, fallecida recientemente aquí en el exilio, a quien también le ocuparon su casa de habitación, lo que le impidió volver a su patria.

Esta situación de detenciones arbitrarias y de la aplicación del SIPPENHAFT, no sólamente es violatoria a nuestra Constitución y leyes, sino contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual coloca al gobierno de Venezuela, al margen de la ley, en la categoría de una Dictadura, tal como lo expresara recientemente, con toda su carga moral y claridad política, el ex Presidente de Uruguay Pepe Mujica.

En condiciones normales, y más aún, si se pretende –como en algún momento se expresó– llegar a acuerdos políticos en el país, esta conducta debería ser corregida o eliminada como patrón de actuación; pero, lamentablemente, así como lo señaló en 2019, en su Primer Informe, la Alta Comisionada para la Protección de los DDHH, Michelle Bachelet, el gobierno ha convertido la violación de los Derechos Humanos en una POLÍTICA DE ESTADO, cerrando todas las puertas a la participación política de los venezolanos e instalando el miedo en la sociedad, en la forma como lo indicara hace algunos días por redes sociales, la periodista Maripili Hernández.

Incluso, la desaparición forzada de Carlos Salazar Lárez, ocurrida en el estado Nueva Esparta, por el único "delito" de haber hecho un video de Álex Saab, a quien el mismo gobierno ha convertido en una "celebridad", es una irregularidad inadmisible, es un ensañamiento y abuso de poder, reafirmando la conducta del gobierno de "hacer lo que me da la gana", sin respetar la ley, ni rendirle cuenta a nadie.

La situación anterior, no tiene sentido. Pero el gobierno insiste en mantener esta deriva represiva, lo cual evidencia sus propias debilidades internas, inseguridades y la falta de apoyo político.

Los responsables y cómplices de las violaciones a los Derechos Humanos en el país, deben entender que no gozarán de la impunidad que tuvieron los violadores de los DDHH del siglo XX.

El mundo ha cambiado, América Latina ha cambiado. No se puede asesinar impunemente en la tortuta a un detenido político, como sucedió con el Capitán Rafael Arévalo, o tirar del décimo piso del SEBIN al Concejal Albán, o dejar morir en prisión, por falta de atención médica, al exministro Nelson Martínez, a pesar de los ruegos de su esposa para que le fueran suministrados sus medicamentos y la atención que requería su caso; no se puede dejar morir en su celda al General Raúl Isaías Baduel, sin prestarle la atención médica requerida.

Todos estos son crímenes repudiables. Sus perpetradores son señalados en los Informes de los organismos especializados, y sus nombres están en la causa penal que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI), de cuyo Estatuto formamos parte, gracias a la visión del Presidente Chávez.

El incremento de la represión, la persecución política, las detenciones arbitrarias, el Sippenhaft, la Judicialización de la Política y la expulsión del país de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, son una pésima señal al mundo; significan el incumplimiento de los acuerdos previos del gobierno que, incluso, ha provocado la reacción contraria y las expresiones de preocupación de gobiernos de la región cercanos a Venezuela, como el de Colombia y el de Brasil.

Debo decir, una vez más, que nada de ésto sucedió durante el gobierno del Presidente Chávez, quien, ante cualquiera de las graves circunstancias políticas que vivimos, siempre optó por el ejercicio de la política y las plenas libertades, en el marco de la Constitución y leyes, superando momentos extremadamente complejos de desestabilización y violencia política en el país, sin ensangrentarlo, ni reeditando prácticas de represión del pasado y, mucho menos, del régimen nazista de Adolfo Hitler.

El gobierno debe detener su deriva represiva, liberar a los presos políticos, a los trabajadores de PDVSA –quienes llevan más de 6 años en prisión– a los militares y a los familiares secuestrados, rehenes políticos del mismo.

A todos los sectores políticos y sociales del país, les corresponde denunciar y luchar en contra de la violación de los Derechos Humanos, de TODOS LOS VENEZOLANOS, no solo de la oposición.

No deja de sorprender cómo los organismos internacionales y las ONG’s tradicionales de Derechos Humanos –que realizan una encomiable labor– no abarcan en su propósito a los cientos de presos políticos, civiles y militares, de los sectores políticos y sociales de izquierda o que apoyan a Chávez y son contrarios al madurismo.

Por otra parte, son pocos, para no decir ninguno, los partidos políticos, movimientos sociales y líderes, que piden por la liberación de TODOS los presos políticos, de TODOS los familiares secuestrados, de TODOS a quienes se les violen sus Derechos Humanos.

El sector político venezolano debe entender, de una vez por todas, que no pueden haber "torturados buenos" y "torturados malos"; que no pueden haber "rehenes buenos" y "rehenes malos", "asesinados buenos" y "asesinados malos". En la etica y los principios mas avanzados del campo revolucionario y Bolivariano, no está justificada ninguna violación de los Derechos Humanos. Por ello, la postura de indiferencia y silencio del Chavismo, es inconcebible. Hay que tener valor y decir, o hacer, algo al respecto.

Aquí habría que recordar a Monsenor Oscar Arnulfo Romero pidiendo el cese a la represión, antes que un sicario paramilitar le pegara un tiro.

No se puede abandonar a los presos políticos; no se puede abandonar a los familiares secuestrados. ¡No se puede abandonar a nadie! Debemos luchar TODOS por restablecer los Derechos de TODOS los venezolanos, garantizados en nuestra Constitución; y, especialmente, luchar el respeto sagrado a los Derechos Humanos en nuestro país, que es intrínseca a la condición de ser humano.