La Sentencia es un “Pote de Humo”

El 28 de julio trascurrió La votación en calma y con muy pocos inconvenientes. Así lo reportaron a los medios de comunicación los voceros del gobierno y de la oposición. Cerca de la media noche el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, dio el primer boletín correspondiente al escrutinio del 80%  de mesas de votación, en el cual anunció que el candidato del PSUV-GPP, Nicolás Maduro Moros (NMM), obtuvo 5.150.092 (51.20%) votos logrando una victoria  “contundente e irreversible” sobre el candidato opositor Edmundo González Urrutia (EGU), quién obtuvo 4.445.978 votos (44.2%), haciendo la salvedad de que faltaba computar las actas del 20% de las mesas de votación. Este boletín produjo incertidumbre y mucha inquietud en la población, debido a que la supuesta “irreversibilidad” del triunfo de NMM carecía de asidero real, porque todavía era matemáticamente posible que con esa diferencia de votos EGU pudiese ganar. Este anuncio del CNE provocó al día siguiente movilizaciones de rechazo y protestas en diversas ciudades del país frente a las cuales se desató una intensa represión de los cuerpos de seguridad del Estado, dejando un saldo de 23 fallecidos, decenas de heridos y más de 1500 detenidos acusados de “terroristas” y de “promover el odio”. La represión ha continuado a través de detenciones selectivas arbitrarias de dirigentes políticos y adversarios al gobierno, acusados de promover acciones desestabilizadoras. con el fin de generar miedo y desmoralización en quienes pretendan ejercer su derecho constitucional legítimo a la protesta pacífica para exigir que se respete la soberanía popular. También hubo manifestaciones violentas de odio repudiables, perpetradas por opositores en contra de algunas sedes del partido de gobierno e instituciones el estado.

Cinco días después de la elección, el CNE emitió un segundo y último boletín con el 96.57 % de las actas escrutadas en el cual se ratificó el triunfo de NMM con el 51.98 % (6.408.844) de los votos, mientras que EGU obtuvo el 43.18 % (5.326.104). Posteriormente el presidente del CNE proclamó a Nicolás Maduro como “presidente electo” para el período constitucional 2025-2031, pero sin haber publicado el resultado del escrutinio del 100 % de los votos emitidos desagregado por mesa de votación, tal como establece la normativa legal. La Sala Electoral del TSJ le ordenó al CNE publicar dicho resultado, pero a más de un mes de la elección eso no ha ocurrido. Esta proclamación inusualmente apresurada fue cuestionada por la alianza partidista que respaldó a EGU. Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la cual dio a conocer sus propios números basados en la totalización del 81.7 % de las “copias de las actas originales” recibidas de sus testigos en las mesas de votación y publicadas en su sitio web. Según la PUD quién ganó fue Edmundo González Urrutia al obtener 67 % de la votación, mientras NMM solo obtendría el 30 %. Ésta enorme discrepancia entre ambos resultados no ha podido zanjarse debido a la irresponsabilidad del CNE de evadir la publicación de los resultados desagregados por mesa, creando un clima de gran incertidumbre y desasosiego que está minando la paz de la Nación y la confianza en la institución del sufragio.

En éste contexto, el candidato-presidente optó por “correr hacia adelante” sacando del juego el Poder Electoral al cual le quitó el protagonismo como ente rector, cuando aún no se había anunciado ni publicado el resultado final y faltaban las auditorías poselectorales, negando de facto a los partidos y candidatos participantes,  y a los ciudadanos en general, el derecho a revisión e impugnación del resultado ante el propio ente electoral y el derecho de apelación ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La maniobra del gobierno-PSUV de mudar la disputa a la administración jurisdiccional, un terreno también bajo su control, pero más cerrado y con otras reglas del juego, operó como “un pote de humo” para evadir el veredicto del soberano desglosado por mesa de votación y el reporte que emitiría el sistema de cómputo de la sala de totalización. Con ese giro tortuoso y abrupto, el presidente Maduro fue a la Sala Electoral del Supremo a pedirle que ratificase su proclamación como “presidente electo” en medio del cuestionamiento de la PUD y de la líder opositora María Corina Machado,  para asegurar el reconocimiento internacional de su “legitimidad” por una  “vía alterna” pero “comiéndose la flecha”, porque dicha Sala solo debe actuar como una instancia “contenciosa jurisdiccional” (art. 297 de la Constitución), para dirimir las diferencias o violaciones legales y constitucionales en los procesos electorales. Por lo cual a ella solo deben acudir los sujetos cuyos derechos estén siendo vulnerados “por acciones u omisiones” del CNE, lo cual no aplica en éste caso porque ningún reclamo contencioso electoral relativo al proceso electoral del 28J estaba en curso en la misma.  Por otra parte, el CNE informó que hubo un hackeo al sistema electoral pero no detuvo la proclamación de marras. Se infiere que el árbitro electoral no consideró que el presunto “ataque cibernético” afectó el resultado ya que, en caso contrario, no habría cerrado anticipadamente el escrutinio y efectuado la proclamación. La pregunta es ¿Qué tipo de revisión le tocaría hacer a la sala electoral y con que propósito? De hecho, pudimos ver a través de las imágenes transmitidas por los medios de comunicación, el proceso de auditoría del material de votación que adelantó la Sala Electoral atendiendo la solicitud de Nicolás Maduro, aún cuando la ley señala que es al CNE a quien corresponde administrar, custodiar y auditar ese material, siempre con la presencia de las partes que compiten y los observadores independientes acreditados. Estas inconsistencias generan dudas razonables que explican la gran incertidumbre existente en relación al desenlace de la elección presidencial, poniendo la institución del voto en terapia intensiva. La contradicción entre el Poder Originario Constituyente y el Poder Constituido solo se resolverá con la publicación por el CNE de los resultados por mesa de votación. Más allá de las consideraciones jurídicas respecto de la intervención en el proceso de la Sala Electoral del TSJ, es evidente que su sentencia “ratificatoria” no ha disipado la incertidumbre sino que la ha potenciado. Ante ésta realidad insoslayable el camino no es otro que persistir en la lucha democrática y pacífica haciendo efectivo el artículo 333, para continuar reclamado a las instituciones y poderes públicos el respeto a la soberanía popular y la plena vigencia de la Constitución

El juego se trancó sin que se vislumbre una salida a esta grave crisis política que amenaza la paz y la existencia de la República. Hemos llegamos a ésta situación tan delicada y compleja, porque se produjo un choque de trenes provocado por la polarización entre el gobierno-PSUV y el sector opositor liderado por la ultraderechista María Corina Machado que concentró la votación opositora. Más allá de la retórica de ambos bandos, la ausencia de voluntad política impidió el diálogo y la negociación pre-electoral que hiciese posible el otorgamiento de garantías políticas satisfactorias a ambas partes, para facilitar la celebración de un pacto de Estado destinado a garantizar la gobernabilidad y una transición pacífica y democrática hacia la restitución de la Constitución, hoy profundamente lesionada. El escenario actual está caracterizado por un clima de tensión, inseguridad e incertidumbre determinado por la actuación irregular del CNE, el cual adelantó una proclamación provisoria y apresurada de Nicolás Maduro, quien inusitadamente se dio la vuelta para solicitarle a la Sala Electoral del TSJ su ratificación, sin que se hubiese cumplido con el debido proceso consagrado en la Constitución y en la Ley Orgánica del TSJ.

Luego del exilio del candidato Edmundo González Urrutia en España para evadir el auto de detención de la Fiscalía, pareciera que el partido-Estado pretende dar por concluido el debate en torno al resultado electoral, sin que el CNE haya publicado el resultado desagregado por mesa de votación, que es la única manera de despejar las dudas razonables que oscurecen la verdad sobre la elección presidencial del 28J.  Es el momento de la política con “P” mayúscula y no el de la arbitrariedad del poder basado en la fuerza, para abrir caminos de entendimiento y diálogo, referenciados en el supremo interés de la Nación, el respeto a la soberanía popular, la defensa de la soberanía nacional y el restablecimiento de la Constitución para garantizar a paz.