Enrique Márquez lleva un mes y medio detenido, sin que se tengan noticias claras sobre las razones de su prisión, ni el desarrollo de su proceso judicial. Lo conocí cuando era Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el primero designado conforme a la Constitución, en los últimos 17 años para aquel momento (2021). Eran Roberto Picón y Enrique Márquez los representantes de la oposición en el máximo organismo electoral, el cual se encontraba presidido por Pedro Calzadilla, un historiador, un académico, además de político serio y respetuoso, cosa que necesariamente conspiraba contra su permanencia, puesto que no era una simple ficha de un partido, ni una marioneta que se moviera según los intereses, muchas veces inconstitucionales, del alto gobierno. No era un hombre para hacer lo que el siguiente CNE, presidido por Amoroso, terminó haciendo.
Tampoco eran marionetas ni Márquez ni Picón, en este caso de los partidos de oposición, sino políticos que pensaban con cabeza propia, algo muy peligroso en situaciones como las vividas por Venezuela en los últimos 15 años, donde las pasiones desatadas por el enfrentamiento político alcanzaron niveles nunca vistos, ni siquiera en la época de las guerrillas. De hecho, así como el PSUV no tenía con Calzadilla suficiente confianza y seguridad de poder controlar todas las actividades del organismo, la oposición extremista, la que hoy está representada por María Corina y González Urrutia, tampoco les tenía confianza a Márquez ni a Picón. De hecho, acordaron con el gobierno el cambio del organismo y obligaron a todo el mundo a renunciar, para proceder a designar el desastre de CNE que actualmente tenemos, donde esa oposición obtuvo su representación.
Márquez tuvo una serie de iniciativas durante su permanencia como rector del CNE, en las cuales incorporó a muchos sectores, de una forma profesional y amplia. Junto con Josefina Baldó, Luis Lander y Segundo Meléndez, integramos parte de una comisión, que estudió el problema de garantizar la representación proporcional electoral establecida en la Constitución de la República, la cual nunca ha sido respetada. Durante meses nos reunimos semanalmente y terminamos presentando una propuesta de modificación de la Ley Electoral, que garantizaba la representación proporcional y la elección nominal de los cargos de los cuerpos deliberantes. Fue durante ese tiempo que conocí a Enrique Márquez, que conversé con él, que intercambiamos ideas y posiciones, por lo que pude valorar su calidad humana, su convicción democrática y su sensatez política.
Por tal razón no me cabe ninguna duda de que Enrique Márquez no es ningún conspirador, ni un político que se maneja al margen de la Constitución y las leyes y, mucho menos, que pueda desarrollar actuaciones contrarias al interés nacional, a la paz, al diálogo y a la convivencia. Todo lo contrario. Se trata de una persona defensora de la Constitución, pues ésta establece los principios fundamentales de la democracia, el Estado de derecho, las libertades ciudadanas, la justicia y los derechos humanos. Es además un político que no actúa con sectarismos, ni exclusiones, sino con una clara práctica participativa, de diálogo y de pluralismo político. Eso lo vivimos durante nuestro trabajo en la comisión ya mencionada del CNE y con posteridad en nuestros encuentros políticos, pese a que no siempre compartimos la evaluación del momento político venezolano.
Es para mí meridianamente claro que Enrique Márquez no debe continuar en prisión, pues no ha cometido ningún delito para merecerla. Cada minuto que continúe su situación es una injusticia intolerable. En Venezuela no es un delito opinar contra las políticas y las acciones del gobierno, no es un delito defender la Constitución, no es un delito ser opositor, ni defender el debido proceso judicial, ni denunciar las prácticas policiales y para policiales, reñidas con la legalidad vigente. El gobierno debe liberar a Enrique Márquez, pues resulta perverso que un inocente continúe en prisión. Libertad para Enrique Márquez.
