El modelo policial propuesto por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se basa en una estrategia concebida desde la derecha, con la participación de los Estados Unidos, el gobierno judío y tal como se ha reseñado en la prensa, la amplia participación de los fascistas venezolanos dirigidos entre otros, por María Corina Machado. Todos odian al pueblo y por lo tanto, el modelo se compone de estrategias de represión popular junto con prácticas de mano dura contra la criminalidad, cocktail represivo, cruel y fanático que tiene graves repercusiones en los derechos humanos, todo dentro de una propaganda política de eficiencia derechista contra el hampa.

Lo que sí está claro con sus actuaciones es su alineación incondicional a las políticas y prácticas de los Estados Unidos y si se quiere con el estilo de Donald Trump donde las instituciones del estado se subordinan a su voluntad, que más bien demuestra que hasta en esa área de gobierno la institucionalidad capitalista y neoliberal se está agotando.

Entre las consecuencias del Modelo represivo derechista de Bukele se le anotan las permanentes violaciones de los derechos humanos que Estados Unidos usa contra otros países entre ellos Venezuela; también se encuentran las detenciones arbitrarias, donde individuos pueden ser privados de su libertad sin evidencias claras o procedimientos legales adecuados.

Además, el uso de métodos violentos o coercitivos, como vejaciones permanentes y torturas, no solo atenta contra la dignidad y la integridad física y emocional de las personas, sino que también socava la confianza en las instituciones del Estado.

La falta del debido proceso legal, es decir, la ausencia de garantías mínimas como la presunción de inocencia y el acceso a una defensa justa, transforma el sistema judicial de El Salvador, en un mecanismo opresivo más que en uno que garantice justicia, y la Comisión de Derechos Humanos de la OEA no dice nada sobre ello, ni el viejo Presidente de ese organismo ni el nuevo que comenzó su gestión no investigando los crímenes del gobierno de Bukele sino a Venezuela. Protección e impunidad internacional para Bukele.

Las consecuencias de estas prácticas en aquel país serán profundas y duraderas ya que por un lado, provocan un clima de miedo y desconfianza generalizada hacia las autoridades, debilitando la cohesión social y evitando la insurgencia popular por otras causas, mientras por otro, erosiona el estado de derecho, la seguridad personal e individual y sienta precedentes peligrosos para justificar la violación sistemática de derechos en nombre de la seguridad.

El tipo de seguridad obtenida con este modelo es la sensación de Seguridad Coercitiva, centrada en la represión y disuasión de la criminalidad a través de la presencia militar y policial en las calles, así como detenciones masivas lo que permite un control Territorial. Y la participación democrática, bien lejos.

Como dijimos este modelo derechista de control de la criminalidad tiene actualmente sus beneficiarios como son el gobierno y las autoridades, beneficiados de una percepción de éxito en la lucha contra la criminalidad, lo que puede traducirse en apoyo electoral.

Otro beneficiario son las fuerzas represivas que se ven fortalecidas, tanto en términos de recursos materiales como de autoridad y por último los sectores aristocráticos y comerciales, ya que una reducción de la violencia beneficia a los negocios locales al crear un ambiente más seguro para operar y explotar libremente a sus trabajadores. Claro, los principios de una justicia fuerte que no implica la violación de derechos fundamentales, donde la justicia debe ser equitativa, respetar los derechos de todos los ciudadanos y garantizar un debido proceso no tienen la menor relevancia en El Salvador, política impulsada por los Estados Unidos que la aplica contra los palestinos en Gaza.

El irrespeto hacia los derechos humanos y la dignidad de los detenidos, con los cuales se ensañan después de presos, indefensos y amarrados, puede llevar a un ciclo de violencia y represión. Este modelo de Bukele puede mostrar resultados inmediatos en términos de reducción de la criminalidad, pero plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la verdadera justicia.

Un enfoque equilibrado y que respete los derechos fundamentales es esencial para construir una sociedad segura y justa y socialista como queremos aquí en Venezuela