La inseguridad es, de lejos, el principal problema que preocupa a la ciudadanía. Creo, incluso, que ni siquiera el desabastecimiento de productos alimenticios es fuente de tanta angustia como lo es el temor a ser víctimas de la delincuencia. Por ello lo ocurrido en Altagracia de Orituco en días pasados, cuando se resolvió exitosamente un atraco a una entidad bancaria, devenido en la situación de rehenes de más larga duración en Venezuela, es una señal de que las cosas pueden salir bien en este renglón.
Sabemos que no es fácil adelantar una exitosa política en materia de seguridad. De hecho este problema ha sido el talón de Aquiles de todos los gobiernos, al menos en los últimos veinte años. Y, cuando se anuncian planes para golpear la delincuencia vemos las mismas recetas. Operativos policiales caracterizados por alcabalas móviles, requisas a motorizados y a pasajeros de transporte colectivo y tomas espasmódicas de barrios catalogados como peligrosos parecen ser la receta preferida de quienes conducen los organismos de seguridad.
No negamos que estas cosas deben hacerse, pero se han hecho repetidamente y ello, sinceramente no se ha traducido en una mejora real de la situación. Seguimos teniendo altos índices de inseguridad, de víctimas fatales del hampa o de hechos sangrientos protagonizados por bandas que se enfrentan entre sí. Seguimos siendo un país en el cual miles de armas están en manos de la delincuencia. Y hasta ahora, por ejemplo, no hemos visto un plan de desarme que pueda ofrecer la certeza de que se reducirá radicalmente las escandalosas cifras de muertos y heridos a bala que ya no sólo los fines de semana copan las páginas de sucesos de la prensa escrita y los espacios de los medios audiovisuales, algunos de los cuales, por cierto, no cesan de darle una cobertura escandalosa a estos hechos.
Sin un plan de desarme ambicioso, que no sólo se base en operativos tradicionales, es imposible hablar de un mejoramiento en materia de seguridad. Nuestros organismos de seguridad podrán anotarse uno que otro éxito parcial pero nunca lograrán dominar a ese monstruo que cada día deja familias venezolanas en medio del luto, del dolor y de la impotencia frente a la impunidad con la cual actúa la delincuencia.
El otro aspecto del problema es la propia situación interna de los cuerpos policiales. Seguimos teniendo una seria descomposición, y esto es prácticamente general. No se ha realizado una depuración a fondo y nuestros policías siguen imitando a los malandros en eso de circular con motos sin placas. A pesar de que de la Policía Metropolitana han sido expulsados varios centenares de agentes que han incurrido en irregularidades o delitos graves, no ha sido desterrada la matraca ni desmontadas las mafias que están emparentadas con la delincuencia organizada. Y siguen produciéndose atracos o asaltos en los cuales aparecen involucrados efectivos de ese y otros cuerpos. Y es pertinente preguntarse si esa institución mejorará porque sea transferida al Ministerio de Interior y Justicia, luego de una decisión de discutible legalidad.
Si bien son pocos los expertos en materia de seguridad, somos muchísimos los interesados en que las decisiones que se adopten sean acertadas y den resultados que comiencen a verse a corto y mediano plazo. Ojalá que el ministro Ramón Rodríguez Chacían promueva espacios para que los más diversos sectores del país, sobre todo aquellos que ya han demostrado disposición y capacidad para ayudar, como ocurrió con los participantes de la Comisión Nacional para la Reforma Policial, puedan seguir dando aportes que contribuyan a derrotar la inseguridad.
