Hace 9 años, la mayoría de l@s venezolan@s nos otorgamos, en el marco de un proceso constituyente, el derecho a expresarnos libremente por cualquier medio, sin censura, así como el derecho a recibir información de manera oportuna y veraz.
En contradicción con este mandato emanado de la soberanía del pueblo, este domingo 17 de agosto de 2008, tanto integrantes de la Radio Comunitaria Alí Primera y la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA) denunciaron en Aporrea.org (http://www.aporrea.org/ddhh/n118979.html) y en Indymedia Venezuela (http://venezuela.indymedia.org/es/2008/08/18165.shtml), que un grupo de comunicadores y activistas de medios alternativos y comunitarios fueron retenidos, amenazados, hostigados y agredidos por las Fuerzas Armadas Nacionales (Regimiento Nº 12, en el Estado Zulia), ante su iniciativa de informar al país sobre la lucha que comunidades indígenas Yukpas protagonizan por sus territorios ancestrales en la Sierra de Perijá, estado Zulia.
Los hechos denunciados pueden resumirse en:
1) Retención ilegal ("no querían permitir que los medios alternativos filmaran" ; "Desde el martes 12 de agosto de 2008 prácticamente está prohibido por orden de este General el acceso a las comunidades indígenas de la cuenca del río Yaza Chaktapa y Guamo, en la hacienda Brasil de Tirzo Vargas se encuentra una alcabala constituida por unos 60 efectivos del Ejército de Venezuela que no permiten entrar o salir a persona alguna a dichas comunidades, con excepción de los yukpa de comunidades vecinas")
2) Amenazas ("bajo amenazas, quisieron quitarles el material de video"; "Nuestros reporteros estuvieron bajo amenazas constantes de que los iban a despojar de sus cámaras y material videográfico ya que los soldados tenían órdenes de impedir que los mismos grabaran" ; "el compañero Francisco Pérez de ANMCLA fue agredido verbalmente por este General Izquierdo, quien lo amenazó llevárselo detenido cuando pasaran de vuelta la Alcabala")
3) Hostigamientos ( "En el bus donde se desplazan les pusieron 2 vehículos Tiuna por delante y 2 por atrás, además de un comboy con un arma de guerra, mejor conocida como Punto 50 apuntando frente a ellos"; "les fue quitada las credenciales de los camaradas" ; "La reunión se termina cuando el agresivo y provocador General Izquierdo Torres pretende llevarse todos los carnets y credenciales de los periodistas presentes, quienes fueron retenidos por horas en una Alcabala apostada en la hacienda Brasil a cuatro kilómetros de la hacienda Kusare")
4) Agresiones ("un reportero de la Escuela Bolivariana de Audiovisuales fue víctima de uno de los militares quien le rompió la cámara y agredió físicamente")
Los medios comunitarios -reconocidos por el gobierno por su actuación "en el rescate de la democracia" durante el golpe de Estado de 2002- y los pueblos indígenas –a quienes se les reconoce constitucionalmente sus derechos originarios "sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida"-, son ahora víctimas de violación de sus derechos constitucionales a expresarse y difundir información. A nosotr@s también se nos viola el derecho constitucional a estar informados, ambos derechos consagrados por la mayoría del pueblo venezolano en la Constitución Bolivariana en sus artículos 57 y 58:
Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.
Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades (Artículo 57 de la CRBV).
La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral (Artículo 58 de la CRBV).
La actuación de estos militares, de gran gravedad y en franca violación a la Constitución, y la ausencia de garantías suficientes para que nuestras comunidades y nuestr@s comunicador@s populares puedan ejercer libre y pluralmente sus derechos, debe considerarse no sólo un atentado contra la "democracia participativa y protagónica", sino una violación a los derechos humanos de tod@s lo@s venezolan@s, por tratarse de funcionarios del Estado (las Fuerzas Armadas Nacionales) quienes fueron los artífices de los hechos denunciados (de los cuales ya han sido victimas muchas otras personas).
El ejercicio por parte del pueblo venezolano de informar e informarse, no debe estar sujeto a la censura previa o la arbitrariedad de las Fuerzas Armadas. En tal caso, el Estado puede establecer responsabilidades ulteriores, pero nunca aplicar una de "censura previa", tal como lo señala el Artículo 58 de la CRBV.
Los militares denunciados atentaron no sólo contra derechos consagrados por nuestra Constitución, sino también consagrados por instrumentos internacionales (universales y continentales) de obligatorio cumplimiento, tal como lo destaca la mismísima Defensoría del Pueblo en su página Web al tratar sobre el tema:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a «todo individuo» de «investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión» (artículo 19). También el Pacto Universal de Derechos Civiles y Políticos establece que «toda persona tiene derecho a la libertad de expresión», derecho que «comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole» (artículo 19)
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre consagra el «derecho de toda persona a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento» (artículo 4).
A su vez, la Convención Americana de Derechos Humanos consagra el «derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y expresión, comprendiendo dicho derecho, la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole» (artículo 13.1).
Igualmente, la página Web de la Defensoría del Pueblo señala que
El derecho a la información es un pilar del Estado de derecho; no puede haber vigencia del Estado de derecho sin derecho a la información, ya que éste a su vez garantiza la libertad de pensamiento. En consecuencia, sin derecho a la información tampoco podría ejercerse el control ciudadano de la gestión pública (…) Si a las personas se les niega el acceso a la información, se les veda expresar sus pensamientos o se las priva de su derecho a emitir y conocer opiniones, la manifestación de sus ideas no será libre y se estará así cometiendo una flagrante violación de sus derechos, en nuestro país de raigambre constitucional. (Subrayado nuestro)
Más allá de las tradicionales y provecho$a$ componendas que tradicionalmente y en todo el continente pueden verificarse entre un sector corrupto militar y el sector latifundista ganadero, y de quienes creen que van a conservar sus cargos burocráticos o a lograr votos en las próximas elecciones poniéndose de espaldas al pueblo, tod@s l@s venezolan@s tenemos derecho a que las actividades del Estado, en este caso tanto, la demarcación de tierras indígenas, como las investigaciones sobre la muerte del papá del yukpa Sabino Romero, sean transparentes y públicas...Si se quiere construir una verdadera Re-evolución.
La información veraz y oportuna, sin censura (que es un derecho de tod@s por igual) debe facilitarse para que pueda hablarse de una verdadera democracia participativa y protagónica. El derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, no puede ni debe tener como límite a algún funcionario de la Fuerza Armada Nacional, quien, en nombre del Estado, se crea con la potestad de Violar los Derechos Humanos del pueblo venezolano. No se lo permitimos a los canales comerciales ¿Lo vamos a permitir ahora? ¿Quién dió la orden de retener a nuestr@s comunicador@s? ¿Por qué? ¿Qué están escondiendo? ¿Qué no quieren que sepamos? ¿A qué le tienen tanto miedo? ¿A quienes están protegiendo tratando de imponer su censura? ¿La voluntad declarada no coincide con la real? ¿Qué esconden? ¿Qué quieren ocultarle al resto del país, e inclusive, al mundo?
Se anunció la creación de mesas de trabajo para tratar de mediar entre los intereses de l@s indígenas y de l@s ganader@s, pero la falta de transparencia sólo favorecerá la arbitrariedad, la imposición, la manipulación y la corrupción.
En una verdadera Re-evolución lo más lógico es que la toma de decisiones se haga con la población bien informada. Si no es así, entonces seguimos ante la misma historia de despojo: Toda Venezuela, todos los pueblos indígenas que ven con esperanza el proceso revolucionario de nuestro país tienen derecho a saber sobre la lucha de l@s Yukpas ¿Cuáles son los intereses económicos en juego? ¿Quienes son est@s ganader@s? ¿Son latifundistas? ¿Tienen títulos de esas tierras -y cómo? ¿El Estado ha tomado en cuenta la demarcación propia que han hecho nuestr@s herman@s indígenas de sus territorios? ¿Cuántas mujeres y niñ@s se están viendo afectadas por amenazas, hostigamientos y agresiones? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos otros Derechos Humanos se están violando a nuestr@s herman@s sin que se nos informe?
No es posible que en la V República, en la Revolución Bolivariana, se permita que algun@s funcionari@s, violando Derechos Humanos continúen impidiendo el ejercicio del control social sobre los organismos del Estado. Ya este caso es y seguirá siendo suficientemente conocido a nivel internacional, y vale la denuncia contra la actuación de estos militares, así como la respectiva sanción a tod@ funcionari@ públic@ que entorpezca, dilate o niegue el acceso correspondiente tanto al ejercicio real y efectivo de nuestros derechos a informar y estar informad@s, como a todos los derechos que tienen nuestros pueblos indígenas.
¿Será que la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y el resto del Poder Moder Moral; los Ministerios "del Poder Popular" de los Pueblos Indígenas, Ambiente, Defensa, Información y Comunicación; los organismos encargados de velar por los derechos de la Mujeres, l@s niñ@s y l@s adolescentes; pueden actuar de oficio y ayudar al pueblo venezolano? ¿O será que tienen que esperar una orden -o regaño- del Presidente? ¿Por qué tantas negligencias, violaciones y violencias por parte de un sector del Estado venezolano? ¿Por qué la complicidad con el latifundio y el racismo, los cuales están prohibidos en nuestro país? ¿De cuál RRRevolución le están hablando al pueblo venezolano y al mundo?¿Esto es acaso "Poder Popular" - o mas bien, su caricatura?
No quisieramos confirmar esto último, lo cual depende de que l@s funcionari@s estatales competentes decidan actuar en forma responsable y revolucionaria a favor del pueblo del que forman parte, especialmente de quienes han sido históricamente discriminad@s.
Colectivo India
zenobiamarcano@gmail.com