Caracas, 12 de marzo de 2015.- El vicefiscal general de la República, Joel Espinoza, entregó a los familiares los restos de siete venezolanos asesinados y desaparecidos entre los años 1965 y 1969, víctimas de los llamados gobiernos de la democracia representativa.

Por ello, en un acto multitudinario en el Teatro Nacional de Caracas, con representantes de consejos comunales, dirigentes sociales y demás miembros de la comunidad, no dudó en afirmar que la entrega de los restos significa un acto de justicia y dignificación de los derechos humanos en Venezuela.

Dijo que hoy el país y sus instituciones están escribiendo una nueva historia, la del respeto por los derechos fundamentales que se traduce en el trabajo que realiza la Comisión por la Justicia y la Verdad que preside la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público.

Espinoza destacó que para la identificación de Juan Vallejos, Gabriel García, José Tomás Chirinos, Jesús Antonio Tabares, José Ángel Martínez, Roberto de Jesús Tovar y Oscar Martínez Milano, se utilizó tecnología de punta.

"Estamos construyendo y rescatando la memoria del país al visibilizar a las víctimas que por tanto tiempo fueron invisivilizadas por el terrorismo de Estado, que consistía en no investigar la violación de los derechos humanos", precisó.

Subrayó que la tortura, las desapariciones y las muertes eran una práctica sistemática de los gobiernos entre 1958 y 1998, en la denominada época del Pacto de Punto Fijo.

Resaltó que actualmente el Ministerio Público está comprometido con la garantía de los derechos humanos, pues apenas se tiene la presunción de que se le vulneró alguno a cualquier ciudadano, los fiscales de la institución de inmediato realizan las investigaciones pertinentes para establecer las responsabilidades del caso.

El Vicefiscal General para ejemplificar la manera en cómo actuaba el Estado en esa oscura etapa de Venezuela, se refirió a la historia de Vallejos y García, dos agricultores que fueron encerrados por el Ejército venezolano en un rancho en el sector El Jobo, que es una zona montañosa del estado Sucre, y luego les lanzaron granadas.

También contó la historia de Chirinos, quien perdió la vida en manos de efectivos militares en el sector conocido como Danta, en la Sierra de San Luis, estado Falcón.

Acto solemne

En representación de la Comisión por la Justicia y la Verdad, tomó la palabra Fernando Soto Rojas, quien indicó que con este tipo de actos lo que se persigue es dignificar la memoria de los caídos, víctimas del puntofijismo que se caracterizó por institucionalizar tres cosas: la entrega de la soberanía, la corrupción y la aplicación de una política de Estado terrorista que practicaba la represión, la tortura y la desaparición.

Puntualizó que el Ministerio Público y los demás entes del Estado, "hoy le dan respuesta y un reconocimiento a los familiares que perdieron a sus seres queridos en los estados Falcón, Anzoátegui, Sucre y Apure".

Resaltó que por primera vez en la historia puede declararse a Venezuela libre de perseguidores y perseguidos por el sólo hecho de pensar distinto o militar en un partido opuesto al de turno.

Cerró su discurso diciendo que "en la tierra de Bolívar jamás volverán a verse las desapariciones, muertes y torturas por razones políticas o ideológicas".

Durante el acto también habló Loly María Martínez en nombre de las víctimas, quien agradeció al Ministerio Público por el trabajo que realizó la comisión de fiscales que coordina la directora de Protección de Derechos Fundamentales, María Mercedes Berthé, para la identificación de los restos de su padre José Ángel Martínez, su hermano mayor Oscar Martínez y su primo Roberto Tovar.

Narró que a sus familiares los acribillaron en el hato la Concepción en el estado Apure. En ese entonces, el Ejército se enteró de que la familia Martínez le había facilitado caballos y sillas de montar a algunos miembros de movimientos populares, lo que utilizaron como pretexto para que los efectivos militares por tierra y por aire dispararan contra la casa donde vivían.

En ese momento, el único sobreviviente de la arremetida militar fue su hermano, persona a la que trasladaron en helicóptero hasta un centro asistencial en Elorza, donde murió, y posteriormente fue enterrado en una fosa común.

"A nosotros no nos dieron ni siquiera acta de defunción de nuestros familiares. Lo que más deseo en este momento es que mi mamá, quien murió hace 20 años, estuviera viva para que fuera testigo de este acto de justicia. Mi mamá que nunca más volvió a dormir desde que mataron a mi papá y a mi hermano", relató Martínez.