Caracas, marzo 16 - El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó reabrir y tramitar la causa penal sobre los homicidios de José Rafael Guerra y Alberto Millán, estudiantes del Liceo Miguel José Sanz, ubicado en Maturín, estado Monagas, hecho ocurrido el 4 de mayo de 1962, presuntamente a manos de un funcionario policial.
La sentencia N° 186 de la Sala Constitucional -en aplicación de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998- declaró a lugar la solicitud de revisión formulada por el Ministerio Público (MP) contra la sentencia dictada el 9 de marzo de 1966 y ordena que se reabra el expediente "por estar dadas las condiciones y requisitos para ello".
El TSJ indicó, mediante una nota de prensa, que es imprescindible la reapertura del expediente, puesto que ambos homicidios "constituyeron violaciones graves a los derechos humanos, en los términos de los artículos 29 y 271 de la Constitución".
La sentencia explica que el fallo de 1966 decretó el sobreseimiento de la causa seguida al ciudadano Antonio Ávila Galvis -en vista de su fallecimiento- por los delitos de lesiones personales y daños a edificio público, absolvió a los ciudadanos Julián Velásquez, Remigio Ramírez y Rafael López Gil por los delitos de lesiones personales y daños a edificio público, y a Domingo Peña Zerpa por los delitos de homicidio intencional, lesiones personales y daños a edificio público. También condenó a Francisco Leonet Mata por el delito de fuga de detenidos y a Julián Velásquez por el delito de instigación a delinquir.
La sentencia de la Sala Constitucional señaló que existen fundados elementos que hacen presumir que hubo una aplicación distorsionada y fraudulenta de la legislación penal, por parte de los órganos actuantes en el proceso penal principal y especialmente, por los tribunales que instruyeron y sentenciaron la causa, a fin de dejar impunes los homicidios de Guerra y Millán.
Esto habría ocurrido, debido a que, presuntamente, el autor de tales delitos fue un funcionario policial, quien hizo uso abusivo y desproporcionado de la fuerza letal, mediante el uso de un fusil máuser calibre 0.30 o 7 mm, también denominado FN-30, contra los estudiantes del Liceo Miguel José Sanz.
