Carlos Carcione es periodista, investigador y coordinador del Equipo de Investigación de Marea Socialista. Cómo militante internacionalista reside desde hace  una década en Venezuela acompañando la experiencia del Proceso Bolivariano. Es integrante del equipo de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución y miembro de la Plataforma por la Auditoria Pública y Ciudadana que lucha contra el Desfalco a la Nación. Columnista en varios medios digitales entre los que destacan Aporrea.org, Rebelion.org, Questiondigial.com, MST.org.ar, Portal de la Izquierda. Integra en la actualidad los equipos de investigación del recientemente creado, Centro de Estudios de la Realidad Latinoamericana (CER/Latinoamericana).

A raíz de la complicada e incierta situación venezolana se ha abierto un debate en lo que genéricamente podríamos denominar el movimiento de la  izquierda latinoamericana e internacional. A medida que la situación del país se vuelve más crítica, parecerían actuar como referencia dos sectores más o menos claros. Uno defendiendo al gobierno de Nicolás Maduro y otro cuestionándolo.  ¿Cómo ve usted esta polémica?

Lo que se expresa así a nivel periodístico es para mí la simplificación interesada de una polémica de fondo. Quiero aclarar que la nuestra es una mirada desde una ubicación como parte del Proceso Bolivariano y no sólo frente al gobierno de Nicolás Maduro. Gobierno que un querido amigo, Santiago Arconada, bautizó acertadamente como el “Gobierno Maduro, Diosdado, Padrino”[1]. Porque, desde mi punto de vista, lo que está en juego en ese debate es la posición de cara al contenido de las políticas del Gobierno/PSUV; su orientación, a qué sectores sociales expresa, a qué intereses representa y cuáles consecuencias le provocan al país y a la población, y no solo sobre las figuras del gobierno o los discursos, o a la apelación abusiva, excluyente, a la disputa geopolítica.

Hablando desde lo que se llama genéricamente “izquierda”, si analizamos estos elementos, teniendo en cuenta lo que señalaba antes y a la luz de la propuesta de Constituyente de Maduro,  vemos que hay dos sectores que, en Venezuela, se podrían referenciar hoy, grosso modo, por un lado en las cúpulas del PSUV-Gobierno-Polo Patriótico, y por otro un conjunto de plataformas de lucha social y política de carácter amplio y plural como la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución,  la que lucha contra el Arco Minero del Orinoco, nacientes reagrupamientos de sectores sindicales y de lucha de las comunidades, la Plataforma por la Auditoria Pública y Ciudadana, Marea Socialista como organización política y partidos del Proceso ubicados recientemente en este espacio como UPP-89, además de destacadas personalidades. Las corrientes de esa izquierda que describo, defienden propuestas opuestas para enfrentar el colapso actual del modelo rentista petrolero venezolano[2]. Si entendemos esto, si comprendemos cuáles son las diferencias y que ellas son radicales, se hace más transparente la polémica. Queda más claro qué es lo que estamos defendiendo unos y otros.

Esta ubicación desde el proceso tiene una importancia adicional,  porque, por ejemplo,  Marea Socialista que  en el último periodo ha salido del PSUV y más tarde se ha definido primero por no sentirse representada ni por el PSUV ni por la MUD y luego como oposición de izquierda al gobierno de Maduro[3], no reniega de su pertenencia al Proceso Bolivariano, como tampoco lo hacen un grupo de ex ministros de Chávez[4], o el heterogéneo movimiento denominado por los medios como “chavismo crítico”. Por el contrario: las críticas, las advertencias, las propuestas y políticas que se vienen desarrollando tanto desde Marea como desde estos otros espacios, se hacen a partir de la defensa consciente, es decir critica, de los logros y/o conquistas económicas, sociales y políticas del Proceso, entre ellos la Constitución del ’99, logros que están siendo atacados ferozmente por el gobierno. 

Mientras que el sector que nombramos anteriormente y quienes los acompañan desde el exterior, con el apoyo incondicional y automático al presidente, al no cuestionar las políticas que el gobierno está llevando adelante ni a la propia Constituyente, expresan tácitamente a veces y explícitamente otras, la aprobación de esas políticas.

Podría aclarar cuáles son esas diferencias que señala que existen entre esos dos sectores de la izquierda en Venezuela e internacionalmente

En términos esquemáticos esas diferencias giran alrededor del brutal crak económico que estamos viviendo, del pronunciado retroceso con fuertísimos rasgos autoritarios del sistema político que se pretenden consolidar y profundizar con la Constituyente y de las contrarreformas tremendamente regresivas en las políticas sociales. Trataré de sintetizar, brevemente, a que me refiero:

En lo económico se pueden ver dos periodos claros del gobierno de Nicolás Maduro. Un primer momento de ajuste macroeconómico gradual que fracasa estrepitosamente. Este momento lo podemos ubicar en el tiempo entre la devaluación de febrero de 2013, un mes antes de la muerte de Chávez y el segundo semestre de 2014 donde se sanciona un primer paquete de Leyes Habilitantes, es un intento de ajustar el gasto fiscal y la inversión social en las Misiones a la baja; la reducción de importaciones; y una reducción del nivel salarial real vía el estímulo de proceso inflacionario.  Esta política que tiene una clara tendencia regresiva, de contrarreformas económicas, porque el ajuste se carga fundamentalmente sobre los ingresos y la posibilidad de acceso a bienes básicos de las familias trabajadoras y de los sectores más desposeídos, fracasa.

Y fracasa entre otras razones porque no sólo no ataca, sino que profundiza, el patrón mafioso de acumulación rentista[5], que se asienta en la Fuga delictiva de capitales a partir de dos mecanismos financieros fraudulentos: las maniobras ilegales con la asignación de los dólares petroleros para las importaciones, para las grandes obras o grandes contratos o convenios internacionales y en segundo lugar por el manejo especulativo, ilegítimo, de la deuda soberana de la nación y de la deuda de PDVSA, incluso de la deuda interna que según se ha demostrado es una deuda externalizable. Los mecanismos de este endeudamiento, que lleva, según un estudio en profundidad de Oly Millán Campos y Paulino Núñez[6] con los que comparto en la Plataforma por la Auditoria Pública y Ciudadana, a niveles que estarían en el orden del 80% del PIB. Estos mecanismos convierten a esa deuda, como bien insiste Paulino toda vez que puede, en una deuda además de ilegitima, odiosa.

A pesar de todas las advertencias sobre esto, de las investigaciones presentadas, de las exigencias realizadas, el gobierno paga puntualmente cada vencimiento, reduciendo importaciones lo que está provocando la aguda situación de escases en alimentos y medicamentos que nos tiene al borde de la crisis humanitaria. Y comprometiendo seriamente el patrimonio de la nación.[7]

Al contrario de aceptar la propuesta que hemos venido realizando de Auditoria Pública y Ciudadana para que Maduro emule la actitud de Correa con la deuda Ecuatoriana, se obstina en pagar sin ningún tipo de investigación ni auditoria independiente, y ya lleva dilapidados de esta manera 60.000 millones de dólares en tres años. Y no nos cansaremos de insistir que está pagando esta deuda al costo del hambre, literalmente hablando, del pueblo venezolano, porque lo que se destina para el cumplimiento con la Deuda se elimina de las importaciones esenciales.

El segundo periodo que señalamos se inicia a finales del 2014 con la sanción de una nueva Habilitante que le permite gobernar al presidente por decreto. Estas leyes habilitan la creación de Zonas Económicas Especiales donde no rige la legislación venezolana. Y toma fuerte  impulso a partir de la caída de los precios del petróleo. Y sobre todo, desde principios de 2016 con  los llamados 15 motores de la economía productiva, presentados como un plan de superación del rentismo petrolero, cuando lo que en realidad hacen es ampliar de manera colosal la frontera extractivista y la primarización de la economía del país. Desde el Motor Minero con el Arco Minero del Orinoco, el Motor Energético con la apertura total de la Faja petrolífera,  pasando por el motor Forestal y hasta el Motor Turístico, están transversalizados por una política de apertura feroz al capital transnacional.

Sobre nada de esto se pronuncia la vieja izquierda que apoya incondicionalmente a Nicolás Maduro. Ni explican por qué razón sería necesario este plan, ni si es conveniente, ni tampoco se les ha oído ni leído ningún cuestionamiento sobre el mismo ni hacer propuestas alternativas. En este terreno hacen silencio, un silencio cómplice, es como si esto no existiera, como si la realidad se hubiera quedado congelada en el año 2012. Sobre lo único que hablan es sobre el chantaje, la extorción y la guerra económica del imperialismo, que nosotros no desconocemos, pero que no tendría ni la décima parte del impacto actual, si no se apoyara en esta política de entrega y en el patrón mafiosos de acumulación de capital que existiendo desde mucho antes, el gobierno de Maduro organizó y disparó exponencialmente hasta llegar a los niveles de saqueo actual del país.

Como escribe Oly Millán en su artículo, “Es la Economía Estúpido…”[8] La Constituyente tiene entre otros objetivos darle sustento jurídico a ese modelo.

Cuáles son según usted las contrarreformas en las políticas sociales.

En lo que hace a las políticas sociales esta izquierda en solidaridad automática con el gobierno, continúa utilizando las estadísticas de 2012-2013, las últimas publicadas de manera completa, y lo hace de forma global. Esas estadísticas hablan de un país que ya no existe. Se aferran a esos números  porque, de reconocer  la realidad actual, gran parte de su argumentación se desvanecería.

Lo que en realidad sucede es que: donde había mercados populares como Mercal o PDVDAL en los que gran parte de la población podía acceder a alimentos de relativamente buena calidad a precios subsidiados, hoy apenas existe un sistema de distribución estatal puerta a puerta, los CLAP,  que aún no ha logrado regularizar la atención de un número muy bajo de familias, que apenas pueden acceder a esas cajas o bolsas cada mes y medio.

Donde había un sistema nacional de atención médica primaria, elogiado por todos, los Barrio Adentro, en los que se realizaba el diagnostico, se hacían estudios elementales y hasta de cierta complejidad y se entregaban medicamentos gratuitos de ser necesarios, hoy hay tierra arrasada, con equipos inoperantes, sin medicamentos, sin posibilidad de hacer los más elementales estudios básicos, con una infraestructura que sin mantenimiento está en situación decadente. Y, donde el personal profesional se ha reducido de manera dramática.

Donde había casas de alimentación en las zonas más vulnerables, organizadas para que los que lo necesitaran comieran sin costo, sostenidas por el trabajo voluntario y solidario de amas de casa de los barrios. Hace ya larguísimos meses sino años, que no llegan los suministros para cocinar, lo que provoca un fenómeno desconocido en la Venezuela Bolivariana: que haya cada vez más ciudadanos comiendo de la basura.  Al igual que otra larga lista de políticas sociales exitosas durante años, que hoy están desaparecidas.

Lo mismo sucede con toda la legislación progresiva, como por ejemplo  la Ley Orgánica del Trabajo. Quedan en el papel, que aguanta todo, pero no se aplican. Y no hablemos del salario que de ser unos de los primeros en América latina  cayó a niveles de Haití. Mientras el gran capital local y extranjero recibe beneficios insultantes de todo tipo.

Frente a esto, esa izquierda prefiere no ver la realidad, mira para otro lado y repite las viejas estadísticas, los viejos logros y conquistas, hace mucho tiempo desmentidas por los kilogramos perdidos por lo que los venezolanos bautizaron la “Dieta de Maduro”. Por el maltrato, por la persecución a los sectores más oprimidos y por el ocultamiento criminal de toda la información oficial, hoy no se conoce ni siquiera cuál es el Presupuesto de la Nación, que se ha convertido en un secreto guardado bajo 7 llaves.

Qué es lo que usted llama la fuerte tendencia autoritaria en el sistema político.

Hace aproximadamente dos años, se viene desarrollando por parte del gobierno, diría que como política de Estado, un proceso de desmantelamiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución del ’99. Supresión de derechos políticos y sociales, eliminación en gran parte del territorio nacional de derechos económicos y eliminación de soberanía. Suspensión, obstaculización y eliminación de elecciones sindicales, estudiantiles, de instituciones autónomas como las universidades  y de cargos políticos como las regionales a gobernadores, eliminación de hecho del derecho al Revocatorio. Cómo señala Edgardo Lander en una reciente entrevista, “Creo que después de las elecciones parlamentarias del 2015 el gobierno parece asumir que su continuidad en el ejercicio del poder no es posible ni apelando a la votación popular ni respetando la Constitución.”[9]

Aquí no voy a describir el crecimiento, también exponencial de la violencia policial del Estado por fuera de la protestas, en relación, por ejemplo, a la política de las OLP[10], operaciones de limpieza y exterminio de la denominada por la prensa, “hampa común”, contra todo norma legal y humana.

Esta tendencia que viene de antes, y que tiene un hito importante con las fracasadas resoluciones 155 y 156 del TSJ[11] de finales de marzo, resoluciones que configuraron un mini autogolpe, pero que tuvieron que ser “revisadas” por el rechazo nacional e internacional que provocaron[12]. Esta tendencia se ha acelerado desde el momento que comenzaron las protestas en abril de 2017. Hay dos trabajos recientes que describen y evalúan correctamente la situación en la que ya se han producido 60 muertes en el marco de las manifestaciones[13]. Pero quizás el símbolo más contundente de la profundización de esta tendencia es la actuación, contra todo principio legal, de Tribunales Militares para el juzgamiento sumario de civiles, y la utilización de predios militares para la detención de esos civiles condenados por los tribunales militares. La Constituyente está diseñada, según los objetivos que le asignan todos los voceros oficiales, para consolidar esta tendencia autoritaria.

Vamos a insistir en este punto en que es evidente que existen desde el lado de la MUD sectores  que aprovechan el clima de protestas para desarrollar acciones foquistas. Estos grupos que no hay duda son financiados y alguno de ellos entrenados por Estados Unidos o el Uribismo, no buscan una salida democrática ni electoral a la crisis sino la liquidación del chavismo[14].  Pero esto, que repudiamos, de ninguna manera puede justificar la eliminación de facto del derecho a la protesta y de otros derechos humanos elementales, ni mucho menos, la represión desproporcionada e indiscriminada a las protestas por parte del Estado.

En este caso ocurre lo mismo que en los anteriores. Esa izquierda que responde con mecanismos de alineamiento automático con el gobierno de Maduro, carga las tintas en el papel “terrorista” de las acciones foquistas y libera de responsabilidad al Estado por cómo está manejando las protestas y la represión. Llegando al caso extremo de Atilio Borón quien aconseja al presidente Maduro en un reciente artículo que “aplaste”[15] a unos no identificados “terroristas”. Este “aplaste” es un término que en el contexto del articulo puede leerse como “extermine”.

Por eso, donde esa vieja izquierda exige cerrar filas incondicionalmente con una supuesta “dirección revolucionaria” frente a las amenazas imperialistas. Nosotros exigimos la aplicación de políticas claras de ruptura con la dominación del capital financiero, empezando por la suspensión de los pagos de la Deuda. Y denunciamos todas aquellas políticas que consolidan la dependencia con el sistema del capital, depredan el ambiente, eliminan la soberanía, desmontan las conquistas sociales, económicas y políticas del Proceso, consolidan el rumbo de capitulación del gobierno al imperialismo y abren las puertas a una injerencia o intervención extranjera todavía superior. Cuatro años después de iniciado este periodo ya no se puede hablar de errores, por el contrario, para nosotros el gobierno Maduro, Cabello, Padrino, desarrolla una política planificada, con la esperanza de enamorar a esos sectores concentrados del gran capital.

Por eso mismo, porque a diferencia de la confusión que instalan los sectores de izquierda que apoyan incondicionalmente a Maduro, o que tibiamente le reclaman un parcial y limitado cambio de política, a nosotros no nos despierta confianza esa cúpula del PSUV/Gobierno, y por eso es que estamos empeñados en la construcción de una nueva referencia o alternativa política anticapitalista, ecologista, feminista, que recupere las claves democráticas, antiimperialistas y bolivarianas del Proceso, para luchar por profundizarlas.

Pero ¿La Constituyente no sería un canal de salida a la crisis? ¿No podría detener la escalada de violencia y abrir una ruta de dialogo para establecer reglas de juego que todos acepten?

Antes de contestar su pregunta es necesario establecer una caracterización del momento actual. Y por qué, desde mi punto de vista, la resolución de la crisis solo puede ser favorable al país y al pueblo que vive de su trabajo, con más democracia y no con más autoritarismo. Y más democracia quiere decir en este momento, recuperar la vigencia de la Constitución del `99.

Hoy nos estamos moviendo entre la propuesta de Constituyente fraudulenta de Maduro, la guerra civil/aplastamiento que propone Borón, sabiendo que estas dos opciones buscan el establecimiento de un sistema autoritario para poder consolidar el modelo de entrega que le vengo señalando,  o por el contrario la recuperación de la vigencia de la Constitución del ’99, la realización de las elecciones regionales, y municipales y un claro cronograma para la elección presidencial. Esto con plenas garantías de participación política para todas las expresiones del pensamiento político nacional, sin exclusiones ni proscripciones.

Creo también importante hacer otra definición: La caracterización de la actual confrontación entre las cúpulas, a diferencia del 2002/2003, y en contra de lo que sostienen la cúpula del Gobierno y repiten y adornan con ríos de tinta, los  intelectuales que lo respaldan a nivel internacional, no es una pelea entre los sectores populares contra los oligárquicos. Por el contrario, es una lucha por definir cuál de las cúpulas se garantiza, en el próximo periodo el control del Estado para administrar y distribuir la renta. Son dos sectores de las elites, subordinados al capital financiero internacional, uno tradicional y otro emergente. Y ninguno de los dos sectores es democrático, ambos tienen claro que necesitan un sistema político completamente autoritario para lograr aplicar con éxito la contrarrevolución económica en curso y las contrarreformas a los logros políticos y sociales alcanzados, que con todas sus deficiencias y limitaciones, se obtuvieron en los mejores años del periodo de Chávez. Porque cómo dice la compañera Oly Millán en el artículo que cito antes: “Pero también, esa historia petrolera tiene otra característica muy sui géneris y es que en cada proceso de boom petrolero, se produce un reacomodo de los grupos de poder, es decir unos caen en desgracia, mientras que otros se fortalecen y emergen nuevos.”[16]  Hoy, en la declinación del boom petrolero y en un momento de colapso del modelo, hay una guerra de rapiña entre estos dos sectores de las Elites.

En este Contexto otro objetivo de la Constituyente es: que la cúpula que hoy tiene el control del poder del Estado pero está amenazada de perderlo y con él sus privilegios, como castigo por la política antipopular y antinacional que viene aplicando en los últimos cuatro años, intenta retenerlo por medio de una Constituyente cuya convocatoria es espuria y sus bases comiciales son a todas luces tramposas[17], sin necesidad de revalidar su mandato en ninguna elección universal, en la que, sin dudas, según todos los estudios, saldría derrotada.  

En estas condiciones la Constituyente no es un arma de Paz, como se dice desde la cúpula PSUV/Gobierno, por el contrario es el arma con la que se pretende construir un régimen autoritario. Las elecciones regionales ofrecidas para diciembre o el propio referendo aprobatorio que indicó que pediría Maduro para la nueva Constitución, son apenas la máscara con la que maquillar  de falsa amplitud democrática, el engaño. Y al no ser un arma de Paz, el enorme peligro que encierra de realizarse es que termine convirtiéndose, en la palanca con la cual, la actual escalada de violencia polarizada por las cúpulas de la nueva elite que controla el Estado y la antigua elite, que cree, ahora sí, llegado su momento de recuperar ese control, le abran la puerta a una confrontación civil de consecuencia impredecibles.

Sin embargo, la convocatoria ha abierto otra puerta, inesperada por la cúpula del PSUV, por la que se ha empezado a colar con fuerza el rechazo de una parte importante del chavismo. Militantes, diputados y dirigentes medios del partido, funcionarios actuales, ex funcionarios, intelectuales y académicos, y muchas informaciones señalan que hasta una parte sustantiva de las fuerzas armadas,  rechazan con sólidos argumentos la maniobra antidemocrática. Con este sector coincidimos en un punto esencial: el único camino democrático, y que por lo tanto no puede ser secuestrado por las cúpulas que instigan a la violencia, es la lucha por la recuperación de la vigencia de la Constitución del ¨99.  En eso estamos, mientras la vieja izquierda, en su decadencia, con su alineación y disciplina automática con un gobierno que ha roto con el proceso que lo llevó hasta allí, sigue mostrando al mundo todas sus miserias.