La fiscal general de Venezuela advirtió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en su despacho podría repetirse un ataque como el ocurrido a comienzos de mes, cuando unos 200 presuntos simpatizantes del gobierno tomaron por la fuerza la Asamblea Nacional y atacaron con tubos y objetos contundentes a congresistas y empleados.
“Ello puede perfectamente ocurrir de la misma manera en las sedes del Ministerio Público, que es catalogada políticamente por el oficialismo de manera similar a la Asamblea Nacional”, argumentó Luisa Ortega Díaz.
En un documento de 24 páginas, la funcionaria actualizó el 15 de julio su solicitud del mes pasado para que la CIDH le extienda protección a ella, su familia y sus subalternos alegando que el vicepresidente Tareck El Aissami y otros funcionarios del partido oficialista la han intimidado y amenazado.
The Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana y a la CIDH, sin obtenerlos de inmediato.
Ella “ha tenido un rol importante en el registro e investigación de las violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas recientes”, dijo a el martes a la AP Ignacio J. Alvarez, representante de Ortega en el procedimiento de las medidas cautelares, refiriéndose a la ola de protestas que ha sacudido a la nación sudamericana durante los últimos cuatro meses dejando al menos 93 fallecidos, 1.500 heridos y más de 500 detenidos.
“Es muy importante que la CIDH otorgue las medidas cautelares solicitadas, para contribuir a evitar la impunidad de las graves violaciones a derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela”, agregó.
La Comisión, que mantiene a Venezuela desde 2002 entre las naciones del continente que requieren seguimiento especial, tiene la facultad de solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.
Ortega se enfrentó al gobierno de Nicolás Maduro al rechazar el proceso de reforma de la constitución y solicitó por primera vez protección a la CIDH el 30 de junio, poco después que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibiera la salida del país y congelara sus activos y cuentas bancarias como parte de un proceso en su contra que podría provocar su enjuiciamiento y destitución.
