Enero 27 de 2018.- La fallida convocatoria de una marcha pacífica prevista para el pasado domingo y la detonación esta semana de una bomba molotov cerca a la cancha de Cúcuta, donde dormía un grueso número de migrantes, son consecuencia de la estigmatización al extranjero que en frontera con Venezuela se empezó a promover a través de redes sociales, según denunció este miércoles la Fundación Progresar.
Estos hechos que antecedieron al operativo de desalojo de 615 venezolanos apostados en el lugar cerca de donde se registró la detonación, devela para esta entidad el preocupante ascenso de un clima hostil contra la población migrante, integrada principalmente por mujeres en estado de embarazo y menores de edad.
Aunque esta actitud de intolerancia se ha negado en varias ocasiones por parte de las autoridades locales, esta organización social ha insistido en que el detonante de este sentimiento de odio viene siendo alimentado por la lenta reacción de la institucionalidad para atender la magnitud del fenómeno migratorio.
“Los únicos responsables de lo que está ocurriendo con la masiva llegada de migrantes es la Alcaldía de Cúcuta y el Gobierno Nacional, porque ninguno se ha puesto de acuerdo en la forma cómo se debe responder a este fenómeno. Entonces, sin estos mecanismos de respuesta, la problemática se agrava y lo más fácil es echarle la culpa al venezolano. Por esta razón empiezan a proliferar cadenas de odio en redes sociales y en algunos portales informativos”, indicó Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar.
Pese a que no se ha establecido un estimativo, este defensor de los derechos humanos también reveló que a su entidad han llegado varios venezolanos reportando agresiones físicas y verbales, de las que son víctimas cuando se percatan de su acento en la calle o cuando ingresan a un establecimiento comercial en búsqueda de trabajo.
Otro factor que pesa en esta estigmatización son las acciones criminales a manos de extranjeros que las autoridades han reportado en los últimos meses. El año pasado fueron capturados 515 venezolanos por incurrir en delitos, "pero este indicador de inseguridad no puede usarse para asociar a todos los ciudadanos de ese país con el crimen", puntualizó Cañizares.
Este tipo de manifestaciones xenófobas han sido objeto de análisis al interior del Centro de Migraciones de Cúcuta, que es administrado por la congregación católica de padres scalabrinianos. Desde allí, sus voluntarios han solicitado el diseño de una política de asistencia al migrante, que pueda ampliar las posibilidades de acción de los municipios.
“Este tema se tiene que analizar con mucho tacto, porque el fenómeno ha generado cambios en la ciudad. Nosotros lo que pedimos es que la ciudad esté cada día más preparada para actuar frente a la problemática, sin que el ciudadano a pie se vea o se sienta afectado”, puntualizó Franklin Díaz, coordinador de este albergue.
