14-06-18.-Si 2016 fue el año de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), señaló Alvarado, 2017 fue el de las ejecuciones a manos de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana
Prácticamente no hay un derecho humano que no haya sido violado por el Gobierno venezolano durante 2017. La denuncia la hizo el abogado Marino Alvarado, coordinador de investigación y monitoreo del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), durante la presentación del informe anual de la organización.
Varias cosas cambiaron, y para peor, entre 2016 y 2017. Si 2016 fue el año de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), señaló Alvarado, 2017 fue el de las ejecuciones a manos de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana. También en 2017 se registraron acciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que el activista no dudó en calificar como persecución política.
"El año 2016 se caracterizó por masivas detenciones arbitrarias" con las OLP, pero ahora el Gobierno les ha dado la responsabilidad a las FAES "de realizar ejecuciones mediante las operaciones selectivas". La cada vez mayor presencia de la Dgcim forma parte "de los procesos de militarización de la persecución política". Hay "un crecimiento de la tortura" y un desplazamiento del Sebin.
El abogado señaló que ha habido un retroceso en materia de cumplimiento de derechos civiles y políticos, pero una caída aún mayor en los derechos económicos y sociales. Se refirió, concretamente, a las muertes por hambre y por el consumo de yuca amarga, así como también a la deserción escolar.
