Ante la oleada de migrantes que llegan, y continuarán llegando desde Centroamérica, a Estados Unidos en búsqueda de asilo, el gobierno de Donald Trump ha optado por establecer un albergue para menores en Fort Sill, una amplia base militar en Oklahoma, que tiene en su pasado el cuestionable hecho de haber sido uno de los lugares en los que se establecieron campos de confinamiento de japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.
De acuerdo a la revista Time la administración actual pretende alojar en Fort Sill a unos 1,400 menores en tanto se decide su situación y hasta que sean entregados a parientes o tutores adultos. La saturación de los numerosos albergues en los que esos menores son mantenidos –Time indica que tan solo hasta el pasado 30 de abril las autoridades habían tomado bajo custodia a 40,900 menores migrantes– habría llevado a la administración a optar por bases militares, algo que ya sucedió en 2014, durante la administración de Obama, cuando unos 7,700 menores migrantes fueron albergados en bases en California, Texas y Oklahoma.
El Museo de Artillería de Campo del Ejército de EEUU, en Fort Sill, Oklahoma. (Getty)
Pero el pasado de Fort Sill traza paralelismos punzantes cuando se aborda, por ejemplo, el confinamiento de los japoneses-americanos (incluso de personas nacidas en el país y ciudadanos estadounidenses) motivado por el racismo y la noción, en general injustificada y sin evidencia para motivar una acción a tal escala, de que entre esa población podría haber colaboradores del enemigo, el Imperio Japonés.
Se afirma que a partir de 1942 y hasta 1945 entre 110,000 y 120,000 personas de origen japonés, la mayoría ciudadanos estadounidenses, fueron privados de libertad en varios campos de internamiento en el país, entre ellos Fort Sill (que habría albergado a varios centenares), una medida que fue severamente criticada por su injusticia y crueldad, además de haber sido motivada mayormente por la xenofobia y el racismo.
Décadas después, y tras fuerte movilización y presión, el gobierno de Estados Unidos reconoció esa injusticia y pagó reparaciones a miles de sobrevivientes. Con todo, el dolor por esa afrenta institucionalizada y el debate sobre si las reparaciones económicas fueron suficientes ha sido largo, con heridas que aún no han sanado.