Proteccionistas de Ecuador y de diferentes partes del mundo denuncian el envenenamiento masivo de perros y gatos con carne envenenada que acabó con la vida de al menos 36 mascotas en Manta, Ecuador.
Reportan que el viernes 2 de agosto, en las aceras de un barrio céntrico de esta ciudad aparecieron los cuerpos sin vida de 17 gatos y un perro de la raza pitbull. Varios medios locales informaron que al lado de los cadáveres hallaron restos de comida con veneno. Variras mascostas que también comieron del alimento intoxicado yacían agonizantes por lo que el número de animales muertos se incremenó a lo largo del día.
Hasta ahora las autoridades ambientales no han podido determinar las responsabilidadesen el caso que ha causado consternación en el país y que sería el segundo caso en menos de un mes después de otroevento similar ocurrido en Quito.
Sin embargo las organzaciones que defienden los derechos de los animales han denunciado que se han hecho donaciones de alimento envenenado en por lo menos tres refugios de Quito, ocasionando la muerte de 32 perros. Lucky Bienestar Animal, Acción Animal Ecuador y Defensa de la Vida Animal EC han informado de estos envenenamientos, lo que ha llamado la atención en las redes sociales.
Los refugios de animales han comunicado que esta comida fue recibida en los centros de acopio, sin que se haya podido conocer quién realizó la donación intoxicada.
Muestras del balanceado fueron enviadas a un laboratorio para que sea analizado.
A pesar que la Constitución de Ecuador garantiza los derechos de los animales, los proteccionistas cuestionan que el sistema de justicia trate el matar a un animal como contravención y no como un delito.
El Código Orgánico Integral Penal de Ecuador (COIP), en vigencia desde 2014, establece en su artículo 249 que: "La persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, será sancionada con pena de cincuenta a cien horas de servicio comunitario".
En el apartado se precisa además que, si se causa la muerte del animal, habrá una sanción, con pena privativa de libertad de tres a siete días.
En el año 2017, se presentó un proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al COIP para sancionar el maltrato animal. La propuesta contempla el endurecimiento de las sanciones contra los agresores de animales: si una persona produjera la muerte de un animal, sería encarcelada de seis meses a un año. Pero si la muerte se produce por tortura, de uno a tres años. Sin embargo, dos años después de su presentación, la ley está aún en proceso de debate.