25-07-23.-La jueza provisoria del Tribunal de Juicio n° 5 del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, Lucy del Carmen Terán Camacho, dictó el miércoles 19 de julio una sentencia de 30 años de prisión a Naibelys Noel Pérez, víctima de violencia vicaria.

Este es un caso que generó polémica y preocupación por el trato a las víctimas de violencia de género en el sistema judicial venezolano.

¿Qué es la violencia vicaria?

Es un tipo de violencia de género en el que el agresor causa daño grave o incluso la muerte a los hijos de la víctima con la intención de infligirle más sufrimiento. Así lo considera el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), que lleva este caso desde un principio a favor de Noel.

Según alega el ODH-ULA, José González Uzcátegui, expareja de Naibelys Noel y padre del hijo de ambos, es el responsable de quitarle la vida al niño de apenas 18 meses de edad y por quien condenaron a Naibelys Noel a pasar tres decadas encerrada, cuando ella es una víctima más de su expareja. Según el Observatorio, Naibelys sufrió al menos cuatro tipos de violencia basada en género de forma recurrente por parte de González.

La Fiscalía 14 acusó a Noel de cómplice en el crimen de su hijo

Inicialmente, la Fiscalía 14 del Ministerio Público de Mérida acusó a Naibelys Noel de ser cómplice del asesinato de su hijo, pero durante el juicio, la jueza cambió el delito a “comisión por omisión” en el homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos innobles, con el agravante de ser perpetrado contra un niño.

También se le impuso una pena accesoria de inhabilitación civil y política, según lo establecido en el Código Penal venezolano.

La sentencia condenatoria también incluyó a José González Uzcátegui, quien recibió una pena de 15 años y 4 meses de prisión, la mitad de la condena impuesta a Naibelys Noel, lo que generó cuestionamientos sobre la justicia y la protección a las víctimas de violencia de género en el país, pues su condena es menor aún cuando fue él el victimario.

Durante el juicio, el equipo legal del ODH-ULA presentó argumentos sobre la violencia que sufrió Naibelys y cómo su agresor la manipuló y amenazó. También destacó que la violencia vicaria no está tipificada como delito en Venezuela, lo que dificulta la lucha contra este tipo de delitos y la protección de las mujeres y sus hijos.

Naibelys Noel: víctima de violencia vicaria
Naibelys Noel manifestó durante el juicio que su agresor la mantenía incomunicada y privada de su libertad. Su expareja le prohibía incluso conversar con personas ajenas a su núcleo familiar, la amenazaba constantemente con hacerle daño a su hijo si ella decidía separarse de él.

La situación dejó a Naibelys en una situación de vulnerabilidad, sin familiares ni conocidos que pudieran auxiliarla, y el Estado venezolano no proporcionó el apoyo necesario para protegerla de la violencia que sufría, de acuerdo con el Observatorio.

Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, esto es una prueba contundente de que Naibelys Noel era una “víctima de violencia vicaria y discriminación por estereotipos de género”.

Rechazan la sentencia y lamentan los comentarios inapropiados de la jueza
Iván Toro, abogado del ODH-ULA y representante legal de Naibelys Noel, señaló que durante la audiencia tanto la fiscal Marialejandra Delfín como la jueza Lucy Terán expresaron afirmaciones que carecen de sustento legal y revictimizan a la acusada, basándose en estereotipos de género.

Específicamente, la fiscal afirmó que Naibelys actuó por “amor a su pareja” y que le “faltó el instinto materno”, mientras que la jueza dijo: “la mujer puede delinquir por amor”, lo que evidencia una falta de comprensión del contexto de la violencia basada en género y del ciclo de la violencia contra la mujer.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes y la Comisión de la Universidad de Los Andes contra la Violencia de Género (ULA Mujer) deploraron el tratamiento misógino del sistema judicial venezolano en este caso y reiteraron su denuncia ante organismos internacionales de protección a las mujeres.

Con este caso, ambas organizaciones manifestaron que esto es evidencia de la falta de protección legal para las mujeres en Venezuela y la necesidad de combatir la violencia basada en género con políticas y leyes más efectivas.