12-08-24.-Comunicado ALPEC | CESE EL TERRORISMO DE ESTADO EN VENEZUELA. RESPETO A LA VOLUNTAD DEL PUEBLO VENEZOLANO

Dada la gravedad de la crisis que atraviesa el país, abrimos un espacio en nuestro portal para dar a conocer el comunicado que, al respecto, suscribe la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC), junto a más de 130 académicos, investigadores, defensores de derechos humanos y activistas de 19 países de las Américas y Europa.

Los abajo firmantes, integrantes de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC) junto a colegas especializados en el estudio de la violencia, seguridad ciudadana, política criminal y derechos humanos en la región, así como activistas, intelectuales y académicos, expresamos nuestra profunda preocupación ante la intensificación de la violencia institucional que se ha expandido durante la última semana en Venezuela, a raíz de la precipitada proclamación de Nicolás Maduro como Presidente de la República, sin haberse totalizado el 100% de los votos, tal como lo ordena la legislación electoral del país, por un Consejo Nacional Electoral totalmente controlado por el Ejecutivo Nacional y que carece de credibilidad nacional e internacional. La oposición posee más del 81% de las actas escrutadas y dan como ganador a Edmundo González Urrutia por una diferencia 2 a 1 respecto a Maduro. Este desconocimiento de la voluntad popular por parte del gobierno generó una serie de protestas espontáneas, más de 500 en todo el país, a las que la coalición gobernante ha respondido de manera violenta, arbitraria e ilegal.

El Estado venezolano ha puesto en marcha de una manera intensiva, como nunca antes, todos los dispositivos represivos que ha venido diseñando e implementado durante los últimos 12 años, tales como las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), que se han caracterizado por tener los índices de letalidad más altos de la región, tal como ha sido demostrado por diversos estudios académicos e informes de organismos internacionales, entre los que destaca los del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina y el Caribe; así como los informes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela, ambas de la ONU.

En una semana se cuentan más de 20 personas fallecidas, al menos cuatro por intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, otras a manos de funcionarios de civil, que actúan como bandas paramilitares, popularmente conocidas como “colectivos”.

Estos dispositivos letales se complementan y alimentan con diversos mecanismos disciplinarios y de delación vecinal, que van desde los Comités Locales de Alimentación (CLAP), pasando por las UBCH (Unidades de Batalla Hugo Chávez), las RAAS (Red de Articulación y Acción Sociopolítica), hasta llegar a aplicaciones para los teléfonos celulares como VenApp para que los vecinos denuncien, de manera anónima, a disidentes, opositores y manifestantes.

El estado de excepción permanente que vive Venezuela desde hace años ha pasado a otro nivel; en las calles se vive un estado de sitio, los militares y policías tienen puntos de control, dónde, entre otras, revisan los teléfonos celulares de los ciudadanos, y si les encuentran cualquier información alusiva al candidato de oposición o de sus partidos aliados los detienen. Los allanamientos ilegales, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas se han hecho comunes. Después de las 6 pm ya no se puede circular libremente por las calles, el que lo haga es detenido. Hasta una masiva utilización de drones se ha dispuesto para ampliar la vigilancia sobre los ciudadanos y a la vez sembrar el terror en ellos, socavando por completo la libertad de movimiento y la tranquilidad del país. Nada de esto ha sido decretado formalmente, todo se impone por la vía de los hechos.

En los primeros cuatros días posteriores a las elecciones, ya se contaban oficialmente más de 1.062 personas detenidas. El propio Nicolás Maduro informó, además, que vendrían 1000 detenciones más y que estaba refaccionando dos cárceles de máxima seguridad para recluir a los manifestantes. La amenaza de ser detenidos por las operaciones “TUN TUN” es constante. Cómo ha sido práctica común con los presos políticos durante los últimos años en el país, los detenidos no tienen derecho a elegir un abogado propio, han sido trasladados a distintos lugares sin informar a familiares sobre su paradero e incomunicándolos; se están realizando audiencias masivas virtuales donde no se individualizan las responsabilidades, se aplican tipos penales genéricos y difusos (incitación al odio, traición a la patria, terrorismo, etc); tal y como está siendo documentado por organizaciones de defensa de DDHH, por los propios ciudadanos que ante la censura informativa utilizan las redes sociales como vía de denuncia y difusión, y los pocos medios de comunicación internacionales que reportan desde el país. Parte de ello se recoge en el pronunciamiento de la CIDH del pasado 31 de agosto: “La represión que replica patrones observados en 2014 y 2017 en un contexto de ausencia de Estado de Derecho y democracia”.

Como es costumbre, esta violencia institucional ilimitada se aplica de manera diferenciada según el estrato social: en los barrios periféricos de las ciudades es más letal. Este ejercicio ilimitado trae también como consecuencia que las extorsiones y robos por parte de los funcionarios contra sus víctimas, también se hagan comunes durante estos días. El botín es parte de la recompensa.

El discurso oficial es estigmatizante y criminalizador en contra de cualquier disidencia, los señalan como drogadictos y delincuentes, a los detenidos los exhiben públicamente, comportando ello un proceso de deshumanización permanente para intentar justificar mediática y socialmente la violación de sus derechos humanos. También los han expuesto coreando consignas en favor del gobierno o pidiendo perdón en una suerte de reeducación política.

Exigimos, en tal sentido:

El cese inmediato de estas violaciones masivas a los derechos humanos en contra de la población, y la adjudicación de las responsabilidades penales correspondientes para garantizar su no repetición.
Que se realice un conteo y auditoría técnica, creíble e independiente, de todas las actas de escrutinio. Los votos y las actas de escrutinio, la aceptación de los resultados, son el camino para la paz.
5 de agosto de 2024

Suscriben:

Germán Aller, Catedrático de Derecho Penal y Director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Uruguay)

Fernando Tenorio Tagle, Director del Centro de Investigaciones jurídico políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México

Consejeros Ejecutivos

Mauricio Stegemann Dieter, Profesor de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, Representante de ALPEC Brasil

Ana Cecilia Morun Solano, Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Representante de ALPEC República Dominicana

José Luis Guzmán Dalbora, Profesor titular de Derecho Penal. Universidad de Valparaíso. Representante de ALPEC Chile

Fernando Tocora, Ex-magistrado, Catedrático Universidad Santiago de Cali, Representante de ALPEC Colombia

Hermes Ramírez Ávila, Docente Universitario de Derecho. Representante de ALPEC Honduras

José Héctor Carreón Herrera, Director General del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio (INEPPA), Representante de ALPEC México

Jorge Rossell Senhenn, Profesor Titular de la UPEL, Profesor de postgrado de varias Universidades, Ex Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Representante de ALPEC Venezuela

Representantes de grupos nacionales

Gabriela Gusis, Docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de ALPEC

Héctor Carreón Perea, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle (Ciudad de México). Miembro de la ALPEC

Keymer Ávila, Investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Director del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela (MUFLVEN). Miembro de ALPEC

Manuel Jorge Carreón Perea, Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, México. Miembro de ALPEC

María Eugenia Espinosa Mora, Socióloga, Político Criminóloga, Académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Miembro de ALPEC

Adrián Torres Marcano, Profesor universitario UCV/ Filosopaz/ coordinador Comisión de cultura de paz y diálogo social, escuela de educación UCV

Alejandro Velasco, Profesor Asociado de Historia Latinoamericana, New York University

Ana Laura López. Socióloga. Docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Integrante del Grupo de Estudio sobre Sistema Penal y Derechos Humanos.

Analía Ploskenos, Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Andrés A. Fábregas Puig/CIESAS, México. Premio CLACSO Latinoamericano y del Caribe de Ciencias Sociales

Andrés Izarra, Periodista, Fundador y ex Presidente de TeleSUR

Ángel E. Álvarez. Polítical Science Professor and Co-Coordinator of the Observatory For Democracy in Latin America

Angel Blanco Sorio, Internacionalista

Angel Zerpa Aponte, Profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la UCV

Aníbal Pérez-Liñán, Professor de la Universidad de Notre Dame

Antulio Rosales, Profesor universitario. York University

Armando Chaguaceda, Politólogo e Historiador, Gobierno y Análisis Político AC, México

Arnoldo Pirela, Investigador CENDES/UCV e IRD-CEPED (Francia)

Benedicte Bull. Profesora Titular de Ciencias Políticas, Universidad de Oslo, Noruega

Benjamín Rivaya, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo.

Byron Mauricio Acosta, Pueblos en Camino. Abya Yala

Camilo Pérez-Bustillo, Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento

Cantaura La Cruz, Socióloga y Antropóloga, Investigadora (doctorante) de la Escuela Práctica de Altos estudios de París

Carlos Agelvis, Profesor de la Escuela de Sociología de la UCV

Carlos G. Torrealba M., Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

Carlos Silva, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Carlos Simón Bello Rengifo, Profesor de Derecho Procesal Penal, Jefe de Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, Coordinador Comité Académico Doctorado en Ciencias, mención Derecho, UCV

Carolina Jiménez Sandoval, Presidenta de la WOLA

Catalina Pérez Correa APEPD, México

Cecilia Zeledón, Profesora de asignatura de Derechos Humanos, Directora Universidad de la Tierra en Puebla, México. Adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

Cristina Ochoa, activista feminista del conurbano oeste, Argentina

David Smilde, Director, Escuela de Sociología, Tulane University

Derly Constanza Cuetia Dagua, Pueblos en Camino. Abya Yala

Diego Zysman Quirós, Doctor en Derecho. Profesor UBA, Argentina

Edgardo Lander, Profesor titular jubilado de la UCV. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC)

Edith López Hernández, Abogada feminista afromexicana

Eduardo Torres, Abogado, Defensor de DDHH

Edwin Zambrano Vidal, Abogado, fundador de la Asociación Americana de Juristas Capítulo Venezuela, Espacio CONSENSO

Elba Martínez Vargas. Internacionalista UCV.

Emiliano Teran Mantovani, Profesor/Investigador del Centro de Estudios del Desarrollo – UCV

Emmanuel Rozental Klinger, Pueblos en Camino. Abya Yala

Enrique Lavín, Ing. Civil, Encargado de proyectos Universidad de la Tierra en Puebla, México

Estanislao Escalante Barreto, Profesor Universidad Nacional de Colombia y Director de la Escuela de investigación y pensamiento penal

Fabiola Arroyo, Activista de la comunidad venezolana en Perú

Fabiola Velasco, Investigadora en estudios hispanoamericanos (Sorbonne Université)

Fabrice Andréani, docente investigador (doctorando) en ciencia política, Universidad Lyon 2 (Triangle), Francia. Activista Aplutsoc, L’Après & Nuevo Frente Popular

Fernando Garlin Politis, Antropólogo, Université Paris Cité

Gabriel Kessler, Sociólogo. Investigador Conicet. Profesor UNSAM y UNLP

Gabriela Colocho, Servicio Social Pasionista, El Salvador

Gilles Bataillon, Sociólogo catedrático en l’École des hautes études en sciences sociales (Paris), Director de la revista Amérique latine, Politique, Sociétés, Histoire.

Gisela Kozak Rovero, Editora Letras Libres, escritora, profesora titular UCV

Giuseppe Cocco, Profesor Titular de la Universidad Federal do Rio de Janeiro

Guillermo Aveledo, Profesor de Estudios Políticos UNIMET/UCV

Gustavo Márquez Marín, Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC)

Haroldo Dilla Alfonso, Universidad Arturo Prat, Profesor Titular, Instituto de Estudios Internacionales (INTE)Chile

Héctor Bujanda, Coordinador de la Maestría de Periodismo Digital y Gestión de Proyectos Multimedia en Universidad Casa Grande

Héctor Navarro, Profesor Titular jubilado de la UCV, miembro de la PCDC

Héctor Silveira, Profesor de Filosofía del Derecho de la Universitat de Barcelona

Iñaki Rivera Beiras, Profesor Titular de la UB, Director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la misma universidad.

Irina R. Troconis, Profesora asistente de estudios latinoamericanos, Cornell University

Iván Vidal Tamayo, Abogado y Académico

Jacqueline Richter, Profesora de la UCV

Javier Elechiguerra, Profesor de Derecho Procesal Penal y Derecho Constitucional de la UCV. Ex Procurador General y Ex Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela

Jean-Baptiste Mouttet, Periodista Director editorial de Mediavivant

Jeannette Aguilar, Investigadora social. El Salvador

Jesús Puerta. Profesor UC. Grupo Pensamiento Crítico

John Polga-Hecimovich, Politólogo de la Academia Naval de Estados Unidos

Jorge Jiménez, Lic. En Economía BUAP, Mtro. En Administración BUAP. Instituto de Estudios Superiores del Estado, México

José Carvajal, Periodista, activista urbano y por los DDHH

José León Uzcátegui, Profesor Titular jubilado. Universidad de Carabobo. Grupo Pensamiento Crítico

Juan Carlos Apitz, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV

Juan Carlos La Rosa Velazco, Activista y Defensor de DDHH, Investigador y Docente de la UAIN- Wainjirawa

Juan Cristóbal Castro, Profesor de la Pontificia Universidad de Valparaíso

Juan Luis Sosa, Abogado, Investigador Social. Director de la A.C. Construyendo Valores para la Convivencia

Keta Stephany, Profesora de la UCV, Secretaria de información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV)

Laura Dib, Directora de WOLA para Venezuela

Leo Felipe Campos, Periodista y Editor

Lina M. Torres Rivera, Socióloga-criminóloga, Puerto Rico

Luis Arroyo Zapatero, Presidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social

Luis Duno-Gottberg, Professor, Rice University

Luz Ainaí Morales Pino, profesora universitaria (Perú)

Luz Martínez, Trabajadora Social de la Universidad de Buenos Aires

Magdalena López, Investigadora académica de la Universidad de Notre Dame y del Instituto Universitário de Lisboa

Magdymar León, Psicóloga clínica, feminista, profesora de la UCV y Coordinadora ejecutiva de AVESA (Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa)

Manuel Llorens, Profesor de la UCAB, Psicólogo, investigador en temas relacionados con la violencia, REACIN

Manuel Sutherland, Profesor del Postgrado de Desarrollo de la UCV. Director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO).

Manuela Suarez Rueda, Investigadora seguridad y ruralidad de Colombia

Marc Saint-Upéry, Periodista, traductor, Francia/Ecuador

Marcela Aedo Rivera, Profesora de Sociología Jurídica y Criminología, Universidad de Valparaíso, Chile

María Gabriela Trompetero, docente e investigadora, Universidad de Bielefeld, Alemania

María Josefina Ferrer. Investigadora y docente de la UCV

Maria Puerta-Riera, Profesora, Valencia College

María Sol Pérez Shael, Escritora, Politóloga y Socióloga. Profesor Titular UCV, Caracas

Margarita López Maya, Profesora e historiadora venezolana

Masaya Llavaneras Blanco, Profesora Asistente, Huron University College (Canadá)

Mercedes Muñoz Jiménez, Educadora y Presidenta de la Junta Directiva de AVESA

Mijail Vargas Valez, abogado UGMA (Venezuela) y UBA (Argentina). Migrante en Argentina

Moisés Durán, Sociólogo UCV

Nelson Freitez, Profesor titular de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Coordinador de la Cátedra de Derechos de la misma universidad y de la Red de Derechos Humanos del estado Lara

Oly Millán Campos. Profesora de la UCV. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

Omar Vázquez Heredia, Investigador académico y profesor universitario

Oscar Murillo, Coordinador General de PROVEA

Pablo Glanc, Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires

Patricia Parra Hurtado, Politóloga de la UCV, migrante en Argentina

Paula Ossietinsky, Abogada de DDHH, Universidad de Buenos Aires

Paula Poncioni, Professora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Paula Rigoni, Abogada de la Universidad Nacional de la Matanza (UNLAM), maestranda en la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa)

PROVEA

Rafael Osío Cabrices, Periodista

Rafael Uzcátegui, Sociólogo y Defensor de DDHH

Rafael Venegas, Profesor UCV

Raquel Rivas Rojas, escritora, traductora y docente universitaria, Edimburgo

Ricardo Sucre Heredia, Politólogo, analista y consultor político

Roberto Carlés, Docente de la Universidad de Buenos Aires

Roberto López Sánchez, Profesor de la Universidad del Zulia. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

Sabine Kurtenbach, German Institute for Global and Area Studies, Hamburgo Alemania

Silvana Ablin, Profesora de Historia Latinoamérica de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Temblores Ong (Colombia)

Tisbe Cázares Mejía, abogada internacionalista de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Metropolitana de México

Virginie Baby-Collin, Profesora de geografía, Aix Marseille université, Francia. Codirectora de los Cahiers des Amériques latines

Vilma Rocío Almendra Quiguanas, Pueblos en Camino. Abya Yala

Vladimir Aras, Profesor Doctor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Federal de Bahia

WOLA

William I. Robinson, Profesor de Sociología, Universidad de California en Santa Bárbara

Yanet Rosabal Navarro, Socióloga. Investigadora adjunta de Gobierno y Análisis Político (GAPAC)

Ymay Ortiz Pulgar, ex Directora de la Unidad de DDHH, Violencia de Género, Fiscalía de Chile

Yves Sintomer, Professeur de science politique, Université de Paris 8. Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA, CNRS/Université de Paris 8/Université Paris Nanterre). Associate Member, Maison française d’Oxford, Nuffield college, University of Oxford