23-09-24.-En este boletín queremos seguir visibilizando las historias de quienes están siendo criminalizados injustamente, luego de las protestas populares que surgieron ante las irregularidades cometidas por el Consejo Nacional Electoral durante y después de las elecciones del 28 de julio. Acción que asumimos siendo coherentes con los principios de izquierda de quienes integramos este Comité, que nos obligan a defender el respeto a los derechos fundamentales del pueblo, entre ellos la libertad de expresión, la protesta pacífica y la integridad de la vida.
Denunciamos que el gobierno ha desarrollado una campaña que somete al escarnio público a todas las personas detenidas. El propio Presidente ha dicho que son "terroristas, criminales…"; y desde el Comité seguimos insistiendo en que, si bien existen casos puntuales de personas que perpetraron delitos de odio, que deben ser castigadas con penas que corresponden a los hechos cometidos, es totalmente falso que la mayoría de las más de 2 mil personas detenidas sean terroristas; pero están siendo acusadas sin evidencias de delitos graves que implican entre 10 y 30 años de cárcel: terrorismo, asociación para delinquir, instigación al odio, entre otros.
El repudio nacional e internacional que generó el horror de haber detenido a más de una centena de menores de edad, tuvo un efecto positivo porque la mayoría fueron liberados, pero la injusticia continúa. A los que siguen detenidos y detenidas se les vulnera el debido proceso, con detenciones arbitrarias, sin derecho a la defensa, en terribles condiciones de reclusión, sin tener comunicación ni poder ver a sus familiares, sometidos a tratos crueles, y en los últimos días se agravó la injusticia: las mujeres presas de distintos estados del país, sin tener siquiera audiencia de presentación fueron trasladadas a cárceles comunes como el INOF y Las Crisálidas en Los Teques, alejándoles de sus familiares. Lo mismo ocurrió con los hombres trasladados a la cárcel de Tocorón y de Tocuyito.
La inmensa mayoría de estas personas vienen de familias pobres, que no tienen los recursos para pagar transporte semanalmente. Algunas madres se han trasladado a las cárceles "pidiendo cola", atravesando diferentes penurias con la esperanza de ver a sus hijos o hijas y al llegar se encuentran con la terrible noticia de que las visitas están suspendidas.
Cabe destacar que todos estos hechos son violatorios de los derechos humanos establecidos en nuestro marco venezolano e internacional.
A continuación, presentamos algunos casos:
Génesis Riera
Es una joven cantante y modelo. El 29 de julio se encontraba en una protesta frente a la alcaldía de Carirubana, estado Falcón, en la que algunas personas cometieron actos vandálicos y en un video publicado aparece Génesis pidiendo que se "calmaran y que evitaran la violencia". Con esa evidencia, Génesis es detenida el 8 de agosto en su casa, sin orden judicial. Duró tres días en la sede del CICPC de la localidad y luego fue presentada ante el tribunal con algunos golpes por la forma en la que la montaron en la patrulla y con la misma ropa con la que fue detenida. " Le imputaron terrorismo, asociación para delinquir, daños físicos personales con agravante, resistencia a la autoridad y daños a la propiedad pública", aseguró Ángel López, abogado.
Como a todos los detenidos después del 28 de julio, a Génesis no le permitieron defensa privada: "En la audiencia le dijeron que si admitía los hechos le podían reducir la pena a la mitad, y le han preguntado quienes eran los que estaban con ella", cuenta Ángel López.
A la familia le informaron que fue trasladada del CICPC de Punto Fijo a la cárcel de Tocuyito en Carabobo, sin que transcurrieran los 45 días de investigaciones, "su papá tomó el primer bus a Valencia y una vez en la ciudad y luego de varias horas sin comunicación producto del apagón nacional, le avisan que han trasladado a todos los detenidos menos a Génesis. Incertidumbre total, juegan con los nervios de sus familiares", manifestó López después de estar en contacto con el hermano de Génesis.
La joven continúa presa en la sede del CICPC de Punto Fijo y sus familiares aún no han podido verla.
Fragmento de una publicación de Génesis en su cuenta Facebook el día antes de las elecciones:
"Tengo fe de que vuelvan las cenas familiares, las navidades con todos los primos, conocer a mis sobrinos, y tener condiciones de vida dignas para todos. Tengo fe que todos salgamos de esas luchas que no contamos y que la mejor versión de cada uno de nosotros, florezca junto a una nueva versión de nuestra nación".
No necesariamente compartimos las perspectivas para el país que Génesis expresó en su mensaje, pero, con todo, muestra que no se trata de una terrorista, drogadicta o criminal. Precisamente porque tenemos una posición de izquierda, entendemos que, del otro lado, la derecha reaccionaria espera tomar el gobierno para avanzar, con sus formas y maneras, en el saqueo del país y la explotación de los trabajadores. Pero, también sabemos que la traición a los ideales de la Revolución bolivariana desde las propias filas del gobierno, ha allanado el camino para que millones de venezolanos vean en la vieja derecha reaccionaria una esperanza de cambio (que en realidad no es tal) ante la grave crisis social que vive el país, como ha sido el caso de Génesis.
Paúl León
Es camarógrafo de VPI TV y tesista de comunicación social de la Universidad de Los Andes, fue detenido el 30 de julio mientras cubría una protesta de la oposición en Valera, estado Trujillo, y sin evidencias fue acusado de los delitos graves de terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir.
Desde el 25 de agosto sus familiares desconocen su paradero. Se encontraba en un centro de reclusión de la estación policial "La Hoyada", en Trujillo, pero fue trasladado y las autoridades no informan a qué lugar. "Por qué tanta crueldad", expresó su madre en palabras recogidas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela.
Sabu Raul Uribe
Detenido el 30 de julio por PoliApure. Estaba en su puesto de plátanos en Achaguas. Un supuesto testigo lo acusó de planear quemar la alcaldía. Será trasladado a Tocorón o Tocuyito. Su abuela depende de él y pide que lo liberen. "Me han secuestrado a mi nieto de su lugar de trabajo", expresó Ana Farfán, adulta mayor y abuela de Raúl. Ana indicó que Raúl se encontraba trabajando cuando fue detenido sin orden judicial, y que él es quien se encarga de atenderla y sostenerla económicamente, "pido que por favor me lo liberen", "soy una anciana, yo no puedo ni caminar y él tiene que estar pendiente de mí", dijo.
"Por una presunta acusación, fuerzas de seguridad apresaron a Sabu Raul Uribe, y ahora informaron a su abuela que sería trasladado a Tocorón o a Tocuyito".
Johendri Juárez Prado
Menor de edad de 17 años, detenido junto a su vecino Samuel y su primo Jeison en el municipio Simón Planas, estado Lara. Fue acusado de terrorismo e incitación al odio. Actualmente se encuentra en el retén de menores de El Manzano en Barquisimeto. Su padre, Jean Carlos Juárez, exige "Libertad plena para Johendri".
Luis Alejandro Rodríguez
Joven rapero de 19 años, fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana el 31 de julio en los alrededores del Centro Comercial San Ignacio, en Caracas, cuando salía de un encuentro de jóvenes raperos: «Batalla de Campeones».
Fue trasladado al módulo de la PNB de Chacao, después a la PNB de Maripérez y a la PNB de Boleíta (Zona 7). "Allí, en audiencia telemática y masiva – hecho violatorio del debido proceso – fue imputado por terrorismo, incitación al odio, obstrucción a la vía pública y resistencia a la autoridad. El 3 de agosto fue trasladado a Yare III y el 26 de agosto a Tocorón. Su hermana pide su liberación, lo ha visto una sola vez".
Salvador Riera
Es profesor de la cátedra de Neurociencias, de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue detenido el 29 de julio y está recluido en Tocorón. Es un destacado académico, comprometido con la labor docente. "Él no cometió delito alguno", informaron en la cuenta oficial de la Asociación de Profesores de la UCV.
Finalmente, a los funcionarios y funcionarias de las instituciones de justicia venezolana les exigimos el cumplimiento de las garantías del debido proceso para todas las personas detenidas por las protestas a partir del 29 de julio. Al Gobierno le decimos: ¡protestar pacíficamente no es un delito, y debe parar la campaña de criminalización!; y al pueblo entero de Venezuela, así como a todo aquel que desde afuera observa lo que ocurre en el país, le pedimos solidaridad y acompañamiento permanente hasta lograr justicia.
¡Basta de sembrar el dolor en las familias venezolanas!
¡Protestar pacíficamente no es delito!
¡Que lo injusto no te sea indiferente!