04-12-24.-El principal organismo de derechos humanos de Naciones Unidas ordenó el martes a Venezuela que se abstenga de destruir las actas y demás material electoral mientras lleva a cabo una investigación en torno a las denuncias de que el presidente Nicolás Maduro se reeligió en comicios fraudulentos hace unos meses.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas anunció la apertura de la investigación en una carta dirigida a varios juristas de Latinoamérica que en octubre pasado le solicitaron a la agencia que tome medidas ante lo que calificaron como evidencia generalizada de fraude electoral en violación a los derechos políticos de millones de venezolanos.
Maduro aseguró que ganó la contienda celebrada en julio pasado por un amplio margen y se alista para dar inicio a un tercer mandato de seis años a partir de enero.
Pero, tal como lo han hecho en el pasado, las autoridades electorales se han negado hasta el momento a publicar los registros de votación que respalden dichas afirmaciones, en medio de llamados de Estados Unidos, la Unión Europea e incluso de aliados izquierdistas como Brasil, Colombia y México.
En tanto, la oposición ha publicado en internet lo que parecen ser actas auténticas del 80% de las máquinas de votación que muestran que su candidato, Edmundo González, ganó por un margen de más de 2 a 1.
La petición, presentada en octubre a nombre de un ciudadano venezolano, asegura que los funcionarios de Maduro cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos al restringir la capacidad de millones de venezolanos que viven en el extranjero, publicar resultados falsos y bloquear cualquier impugnación en los tribunales.
Paulo Abrao, un abogado brasileño que fue uno de los juristas que presentó la denuncia, dijo que la decisión llega en un momento crucial, mientras el gobierno de Maduro busca “normalizar su turbio proceso electoral” con la esperanza de que el resto del mundo siga adelante en medio de tantas otras crisis internacionales apremiantes.
“No podemos permitir que suceda eso”, dijo Abrao, exdirector de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Ahora mismo se procesa un caso formal en un organismo internacional con facultad vinculante. Venezuela tiene la obligación de cumplir con la decisión”.
