Después de su visita a El Salvador a principios de febrero, el secretario de Estado Marco Rubio anunció que el presidente Nayib Bukele se había comprometido a acoger a deportados de cualquier nacionalidad, quienes serían recluidos en una cárcel de máxima seguridad, un acuerdo cuya legalidad ha creado dudas y cuestionamientos entre expertos.

Según Rubio, ese grupo incluiría a "cualquier extranjero ilegal en Estados Unidos que sea un delincuente de cualquier nacionalidad, ya sea de la MS-13 o del Tren de Aragua (TdA)", en referencia a las pandillas salvadoreña y venezolana.

El fin de semana, y pese a una orden judicial en contra, llegó a El Salvador un grupo de venezolanos deportados sin ningún tipo de procedimiento y bajo la Ley de Enemigos Extranjeros partiendo de la acusación de que son supuestamente miembros de la banda criminal TdA.

"Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana, el Tren de Aragua. Fueron trasladados de inmediato al CECOT, el Centro de Reclusión para Terroristas, por un período de un año (renovable)", anunció Bukele el domingo en una publicación en la red social X.

La "transnacionalización del estado de excepción" de El Salvador

La acción de los gobiernos de Donald Trump y Bukele contra unas personas que no han sido siquiera imputadas de delito alguno son -como refieren expertos a continuación- legalmente problemáticas.

Se trata de la "transnacionalización del estado de excepción" vigente en El Salvador, dijo al Christian Science Monitor Michael Paarlberg, profesor adjunto de ciencias políticas en la Universidad de la Mancomunidad de Virginia.

"El gobierno salvadoreño ahora acepta presos de otros países, y la misma falta de Estado de derecho se aplica a ellos: detención indefinida, falta de acceso a un abogado, desconocimiento de los cargos que se les imputan o de las pruebas en su contra, imposibilidad de comunicarse con sus familiares", afirmó Paarlberg. "Básicamente, han desaparecido".

Posibles violaciones a los estatutos internacionales de derechos humanos

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, establecen que:

• Nadie será sometido a detención o prisión arbitrarias ni privado de su libertad, salvo por las causas y con arreglo a los procedimientos establecidos por ley.
• Toda persona arrestada debe ser informada, en el momento del arresto, de los motivos del mismo y de cualquier cargo en su contra, sin demora.
• Toda persona arrestada o detenida por un cargo penal debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales.
• Debe ser juzgada dentro de un plazo razonable o puesta en libertad.
• La detención preventiva de personas en espera de juicio debe ser la excepción, no la regla.
• La liberación de las personas detenidas puede estar condicionada a ciertas garantías, como su comparecencia al juicio y a otras partes del proceso.

Para complicar la situación, un portavoz de la Casa Blanca informó en la mañana del lunes que de los 238 venezolanos deportados a El Salvador, 101 fueron detenidos bajo las leyes estadounidenses de inmigración por lo que su única falta es haber ingresado a Estados Unidos sin documentos legales y no son, como proclamó Bukele, "miembros de la organización criminal venezolana, el Tren de Aragua".

"Existe una obligación bajo el derecho internacional que prohíbe a los países enviar a migrantes deportados a contextos donde puedan sufrir violaciones de derechos humanos, y me parece que en el sistema penitenciario de El Salvador estas personas podrían sufrirlas" dijo el subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier a el diario El País de España.

"Si no se proporciona información sobre su paradero con prontitud, podríamos estar ante un escenario de desapariciones forzadas", añadió Pappier.

Las autoridades estadounidenses no solo no han explicado de qué delitos se acusa a las personas deportadas a El Salvador, ni siquiera han proporcionado sus identidades, desatando una búsqueda frenética entre familiares cuya única pista ha sido la desaparición del localizador de detenidos en línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

De igual manera, ni el gobierno de Estados Unidos ni el de El Salvador han proporcionado detalles sobre los términos del acuerdo alcanzado entre las dos naciones para el encarcelamiento de los detenidos en el país centroamericano, con excepción de la compensación de $6 millones que la Casa Blanca afirma haber pagado al gobierno de Bukele.

"Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta por nosotros", escribió Bukele en su publicación en X.

Bukele parece contar con la mano de obra forzada de los detenidos en el CECOT para financiar el funcionamiento del complejo carcelario. "Con el tiempo, estas acciones, sumadas a la producción que ya generan los más de 40,000 reclusos que participan en diversos talleres y programas de trabajo bajo el programa Ocio Cero, contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario", añadió el presidente salvadoreño en su publicación en X.

Pero el flujo de detenidos desde Estados Unidos podría depender del resultado del enfrentamiento de poderes que tiene lugar actualmente en ese país y que podría resultar en la imposibilidad de la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para detener inmigrantes sin documentos.