Un equipo de abogados salvadoreños que representa a los familiares de 30 venezolanos enviados por Estados Unidos a una cárcel de El Salvador pidió este lunes a la Corte Suprema de Justicia de este país que evalúe la legalidad de la detención.
Uno de ellos, Jaime Ortega, dijo que fueron contratados por el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para presentar este recurso ante la Sala de lo Constitucional del máximo tribunal de justicia salvadoreño, extensivo para los 238 expulsados por órdenes del presidente Donald Trump.
"Le estamos solicitando que revise la situación legal y jurídica de ellos y se pronuncie, que si existe una ilegalidad en su detención, ordene inmediatamente la libertad de estas personas", dijo Ortega en declaraciones a la prensa.
CNN solicitó al Gobierno de Venezuela información sobre esta gestión legal.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo hace una semana que Estados Unidos había enviado a 238 supuestos miembros de la organización criminal Tren de Aragua, aunque sin identificarlos ni mostrar pruebas. Las autoridades estadounidenses han aceptado que no todos los deportados tenían antecedentes penales.
Las deportaciones se derivan de la controvertida invocación por parte de Trump de una amplia autoridad en tiempos de guerra, algo que allanó el camino para la rápida expulsión de estos ciudadanos venezolanos a El Salvador, que ha aceptado recibir migrantes expulsados por Estados Unidos. La administración dijo que 137 de esos migrantes fueron deportados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, cuyo uso para esos fines actualmente está bajo escrutinio judicial en EE.UU.
Los abogados esperan que los magistrados establezcan que, si se trata de un asunto migratorio, ordenen que los venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) puedan ser enviados a su país.
"Tendrían que ser repatriados a su lugar de origen. Si vemos el punto de una deportación, cuando esta se realiza la persona nacional debe ir repatriado a su patria, no tiene que ir a otro país", sostuvo Ortega.
Los magistrados no tienen un plazo fijo para resolver este tipo de recursos.
"Entiendo su desesperación y creo que deben utilizar cualquier vía que puedan encontrar disponible", dijo Juan Pappier, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch, sobre las familias que presentan la demanda. "Lamentablemente, la Corte Suprema en El Salvador no tiene ninguna independencia. Fue completamente cooptada por la administración de Bukele. Así que creo que es lamentablemente irrealista creer que harán algo con lo que la administración Bukele no esté de acuerdo", le dijo a CNN.
También piden al gobierno revisar los casos
La Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador, un organismo gubernamental, le dijo a CNN que hasta la mañana de este lunes había recibido siete solicitudes para revisar la detención de venezolanos expulsados por EE.UU.
"Haremos el trámite en cada caso y las verificaciones que corresponden", dijo Andrés Guzmán, comisionado presidencial.