22-04-25.-Joen Suárez fue detenido en Pensilvania por no tener su licencia en regla. Fue llevado a Texas y le comunicaron que sería deportado a Venezuela. Después le pusieron un uniforme rojo y terminó en una cárcel de máxima seguridad, acusado de ser un peligroso delincuente
La angustia que vive Karlyn Fuentes desde hace poco más de un mes, cuando le deportaron a su hijo Joen Suárez desde Estados Unidos hacia una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, no le da tregua. Afirma que él es inocente de cualquier delito que se le acuse y que se fue del país para ayudar económicamente a su familia, ahorrar dinero, y volver a su tierra para emprender con un negocio propio.
«Quiero una fe de vida. Señor Bukele, le pido para todos una fe de vida», suplica Fuentes, entre lágrimas, y añade que «es horrible la inquietud que siento. Cada día me desespero más. No sé ni siquiera si de verdad está en El Salvador».
Joen Suárez, de 23 años de edad, migró a EEUU en 2023. Se fue solo por la selva del Darién. Su hermana menor fue operada de la columna hace dos años y le pusieron 18 tornillos, la deuda que adquirió la familia para costear esa cirugía fue una de las razones que tuvo el joven para salir del país: cancelar el monto total.
«Lo que me mantiene de pie es esa fuerza de poder verte, hijo. Cada día es más difícil esto», dice Karlyn Fuentes. Detalla que Joen Suárez fue detenido el pasado 24 de febrero por autoridades migratorias en Pensilvania por no tener su licencia en regla. Desde allí fue trasladado a Texas, donde le informaron que sería deportado a Venezuela el 14 de marzo.
Sin embargo, desde ese centro de detención llamó a su madre y le dijo: «‘Mamá, me pusieron el traje rojo, ese es el de los delincuentes más peligrosos. No sé por qué me pusieron eso», relata la madre y reitera: «Mi hijo nunca ha estado preso, ni siquiera en Venezuela. Es un muchacho inocente».
Un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) explicó a TalCual que el color rojo en los uniformes de los detenidos distingue a «delincuentes con antecedentes penales», pero Suárez no tiene historial delictivo.
Tras cruzar a EEUU por Texas, se fue a Nueva York, donde trabajó como repartidor en bicicleta, luego se compró una moto y sufrió un accidente. Después se mudó a Colorado, donde llegó a hacer trabajos de pintura y su madre denuncia que en varias oportunidades no le pagaban por sus servicios.
«Mi hijo es el segundo de cuatro. Uno está en Perú y mis dos hijas están aquí conmigo, pero Joen siempre ha sido uno de los que más me ha ayudado», expone Fuentes, quien detalla que su aporte era vital para la familia.
La madre de Joen Suárez lo describe como un joven creyente de Dios. Agrega que tiene dos tatuajes: «Uno en el cuello que dice: ‘Hijo de Dios’ y otro en una costilla que es una oración», con lo que desmiente que las letras marcadas en su piel estén relacionadas con el Tren de Aragua.
El pasado 4 de febrero, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, informó que firmaron un convenio con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para deportar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) a ciudadanos de otras nacionalidades. Describió esa alianza como «un acuerdo sin precedentes, el más extraordinario del mundo».
Contrario a lo que señala la administración de Donald Trump, una investigación de Bloomberg encontró que al menos 90% de los migrantes enviados a El Salvador «no tiene registros de antecedentes penales en Estados Unidos».
Sobre las deportaciones de más de 240 migrantes venezolanos al Cecot no hay detalles públicos, solo imágenes que han circulado desde la presidencia de Bukele y una lista filtrada a un medio estadounidense, pero Karlyn Fuentes no se ha atrevido a buscar a su hijo en los videos, afirma que no es capaz de verlo en esas condiciones.
Las autoridades venezolanas contrataron un bufete de abogados en El Salvador para defender a estos venezolanos y solicitaron un habeas corpus, pero hasta la fecha, no han logrado avanzar en el caso. El oficialismo tampoco ha dado más razones a estas centenas de familias.
El llamado de Karly Fuentes es primeramente a las autoridades venezolanas: «Le pido encarecidamente a Nicolás Maduro que, por favor, se siente con nosotros, que nos diga qué está pasando. ¿Hasta cuándo?». También se dirige al presidente Nayib Bukele: «Le pido, como madre, que nos dé información. Yo creía que Bukele era un buen presidente, pero ahora no puedo pensar lo mismo», comenta desesperada.
Fuentes también le pide a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomar cartas en el asunto: «Le pido que nos ayuden, que estén con nosotros. Esto es un dolor muy grave, que no se lo deseo a nadie. Solo exigimos justicia».
Human Rights Watch califica el envío de venezolanos a El Salvador como desapariciones forzadas y asegura que «constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos», sentenció Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW y agregó que «la crueldad de los gobiernos de EEUU y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso».
«Esto es una incertidumbre. Tomen conciencia, pónganse la mano en el corazón. Estamos desesperados», dice Karlyn Fuentes: «Pedimos que nos devuelvan a nuestros hijos».