El CIADI condenó a Venezuela a pagar 1.629 millones de dólares por la expropiación de la empresa Agroisleña. El Laudo fue emitido el 23 de marzo como "resultado del proceso arbitral iniciado por el Grupo Agroinsumos Iberoamericanos en julio de 2016 contra la República Bolivariana de Venezuela, bajo el Acuerdo entre el Reino de España y Venezuela para la Promoción y Protección Recíproca de inversiones, la sentencia del tribunal del CIADI determino que la expropiación sin compensación por parte de Venezuela en octubre de 2010 de las inversiones del Grupo Agroinsumos Ibero Americanos en las sociedades venezolanas Agroisleña CA ; Insecticidas Internacionales CA; Proyefa CA y Venezolana de Riego CA, constituyo una violación del acuerdo de España y Venezuela".
La decisión del Centro internacional de diferencias Relativas a Inversiones, que es la institución mundial para el arbitraje y la conciliación entre los inversionistas y el Estado, donde la República de Venezuela es firmante del Convenio, la demanda tiene dos lecturas : la de carácter jurídico donde el Estado Venezolano no le otorga las garantías jurídicas a los inversionistas y empresarios de capitales internacionales, la conclusión de la sentencia del CIADI responsabiliza a La República de Venezuela en pagar la demanda de 1.629 millones de dólares, monto definitivo para resarcir los daños causados a los propietarios de la empresa Agroisleña, la otra lectura es el carácter político, quienes fueron los responsables del carácter político y administrativo en la toma de decisiones y las consecuencias que actualmente debe afrontar con su patrimonio la República ,con el nuevo esquema del Poder Ejecutivo el procedimiento del inicio de la justificación y elaboración del Decreto de Expropiación de Agroisleña la responsabilidad es de quienes ejercían los cargos de Vicepresidente Ejecutivo y el Ministro de Agricultura y tierras para el 10 de octubre de 2010,esta responsabilidad política y administrativa se ejerce por ser los representantes de los puntos de cuentas ante el Despacho del Presidente de la República, procedimiento administrativo para la consideración de la decisión política y administrativa para la aprobación del Decreto de Expropiación por el Presidente de la República.
La facultad Constitucional del Decreto de Expropiación está contenida en el artículo 115 ,es una medida administrativa que tiene la potestad de carácter público con un objeto de utilidad pública o interés social, la medida de expropiación de Agroisleña la tomó el Presidente de la República mediante un Decreto, tamaña decisión con sus aciertos y errores, es la figura presidencial quien carga históricamente y solitariamente con las consecuencias de la medida, en este caso donde se expropia una empresa de carácter privado de capitales españoles ,medida administrativa que desconoció la obligatoriedad de cumplir con la respectiva indemnización del pago justo, oportuno de la totalidad de los bienes que constituyeron la empresa.
La responsabilidad del Presidente de la República se inicia en términos políticos con las personas que selecciona para integrar su gabinete ministerial del Poder Ejecutivo, los Ministros cumplen la misión de ser su asesores del Presidente en las decisiones públicas ,los Ministros deben ser ciudadanos con grandes atributos políticos, éticos, excelentes profesionales con alta formación Académica, apegados a la relación de su área de formación educativa y científica con el cargo en que fueron nombrados, es el deber ser de un Gobierno responsable de sus Actos ,el que sus Ministros sean sus mejores Hombres y Mujeres
Es injustificable que quienes ocupaban los cargos de Vicepresidente Ejecutivo, Ministro de Agricultura y tierras y Procurador General de la República , actuaron con la voluntad consiente de la acción de defraudación y la alevosía de una apropiación indebida, desconociendo el Derecho Constitucional, la ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social del 2002 ,la responsabilidad del Estado Venezolano en el ordenamiento económico de la República, obviaron las normas de los Acuerdos internacionales de obligatorio cumplimiento suscritos por la República, y la acción de la omisión desconsiderada de reconocer la trayectoria de una empresa establecida con más de 60 años cumpliendo eficientemente la comercialización y suministro de insumos a todo el sistema agrícola venezolano.
Transcurridos doce años de la medida de expropiación de Agroisleña, nos permite reflexionar, no solo en cuantificar la demanda enorme de 1.629 millones de dólares que cargan sobre el patrimonio de la República, las consecuencias son superiores al monto de la demanda , la agricultura nacional perdió un inmenso capital social desarrollado en pleno territorio por una empresa fundada por inmigrantes españoles, con más de seis décadas establecida en todas los regiones agrícolas, empresa con un misión y visión venezolana , ejemplo en la dedicación y atención de los agricultores, garantizando los insumos y semillas de altísima calidad , facilitando con créditos a corto plazo a su clientela, prestando los servicios y asesoría técnicas de carácter gratuito, todo el personal gerencial y técnico eran centenares de profesionales egresados de nuestras Universidades Públicas y Autónomas de las Facultades de Agronomía, Veterinaria, Economía, Ciencias de las universidades nacionales.
Con la expropiación de Agroisleña nos queda una gran enseñanza, no pueden ocurrir más expropiaciones contra empresas establecidas que cumplen una misión de atención al desarrollo nacional ,no puede estar en manos del Estado las empresas de servicios, recordemos que Agropatria se inició con el otorgamiento del Presidente de la República de un financiamiento retornable de trescientos millones de dólares a su primera directiva, los resultados hoy son una empresa en ruina, corroída por la corrupción y el cierre total de sus operaciones, el gobierno escondió su vergonzante responsabilidad sin haber presentado los balances administrativos de su gestión pública , tenía razón la sabiduría del campesino al bautizar con el nombre de Agro Nada, nos sale bien caros los horrores políticos ,con una carga de 1.629 millones de dólares , recursos que actualmente son urgidos y necesarios para la inversión en la agricultura nacional y garantizar los alimentos al pueblo venezolano
