La razón fundamental de la existencia y funcionamiento de un sistema de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos de un país es la protección de su agricultura y ganadería de los agentes biológicos, químicos y físicos que pudieran producir daños y pérdidas en la producción, productividad y comercialización agropecuarias. Así como brindar protección a la población humana de la presencia de agentes en los productos agropecuarios para consumo humano que pudieran representar riesgos para la salud.
Ese concepto está implícito en los objetivos del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral de fecha 31 de julio de 2008, mediante el cual se suprime, en el término de un año, el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) y se reemplaza con funciones similares y ampliadas por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), el cual será de allí en adelante el encargado de velar por el cumplimiento de los objetivos de la mencionada Ley, dependiendo del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
Para cumplir con tal cometido, el INSAI debe llevar a cabo múltiples y complejas actividades que comprenden, entre otros, aspectos legales y operativos relacionados con la cuarentena vegetal y animal, epidemiologia y control de plagas de los vegetales y animales, inocuidad de los alimentos de esos orígenes y la producción, comercio y uso de insumos para la protección y fomento de la producción agropecuaria. Por lo tanto, esa institución debe contar con una capacidad instalada eficiente, consecuencia de una adecuada infraestructura, disponibilidad de tecnología de punta y fundamentalmente, talento humano suficiente en cantidad y calidad. Referido esto último a la preparación profesional y capacitación actualizada en las áreas que corresponda, aunado al compromiso del personal con los objetivos nacionales e institucionales sobre salud agrícola integral, en concordancia con una política coherente en materia de seguridad y soberanía agroalimentarias.
Esa capacitación y compromiso no se generan de la noche a la mañana, se van creando paulatinamente a través del tiempo y eso fue lo que, en gran medida, se logró en el SASA desde su creación en 1992. Botar a la calle ese capital humano, sin un análisis ni evaluaciones previas, casi constituye un delito de lesa humanidad, porque se pone en riesgo la seguridad agroalimentaria y se atenta contra la salud del pueblo venezolano, al no contarse con el personal profesional y técnico capaz de cumplir las funciones básicas del INSAI, que en principio son las mismas que venía cumpliendo el SASA.
Lo que logicamente esperaban los funcionarios liquidados el 28 de febrero de 2009, era que se aplicara la disposición transitoria primera de la Ley, en el aparte que indica la absorción por parte del Ministerio de Agricultura y Tierras de una buena parte de ese funcionariado, producto del estudio de las necesidades del recién creado INSAI y de las evaluaciones que, por supuesto, había que hacer. A esta fecha no se ha agotado el año que tenían para lograr ese cometido durante el cual, además, podían incorporar y adiestrar nuevo personal, complementando más que suplantando el ya existente.
Destruir con el nombre de supresión una institución para construir otra similar sobre sus cenizas, no solo es un proceso altamente ineficiente sino inhumano por el maltrato que se dio a su personal que allí laboraba, en su mayoría funcionarios públicos ejemplares, al servicio del país por muchos años, altamente capacitados para la función que cumplían y comprometidos institucionalmente, independientemente de posiciones políticas partidistas. Sus reclamaciones y protestas en esta hora aciaga para la sanidad agropecuaria de Venezuela son, por demás, justas y necesarias.
Ingeniero Agrónomo, Ph.D.
Profesor Titular (jubilado): Decanato de Agronomía, UCLA, Barquisimeto. Ex-Director de Sanidad Vegetal (SASA), agosto 1996- marzo 1999. Caracas.
