No será necesario esperar veinte o más años para verificar, mediante la desclasificación de documentos del United States Departament of The Treasury (Departamento del Tesoro Americano), la decisión tomada por el gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica de bloquear o cercar financieramente a la economía venezolana. Ello se corresponde con una repudiable e inaceptable actuación injerencista en la vida de nuestra nación para intentar agravar su crisis económica y, con ello, desestabilizar políticamente el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, propiciando una salida violenta y no constitucional a la controversia política.
El gobierno Norteamericano, como cualquier otro gobierno, puede diferir de nuestra visión del mundo y del proyecto de sociedad socialista que postulamos, lo que le está negado por ley internacional y ejercicio de la soberanía política y territorial de los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es autorizar y promover una agresión financiera contra un Estado independiente como Venezuela. Esta por su magnitud y consecuencias económicas y sociales se convierte en una embestida contra el pueblo venezolano más que contra el gobierno legítimo que preside Nicolás Maduro.
El señor Jacob J. Lew, Secretary of the Treasury, lidera el cerco financiero al promover el retiro de las entidades bancarias americanas que actuaban desde hace muchos años con agentes corresponsales del Banco Central de Venezuela (BCV) y de algunos bancos públicos. Esto limita el cumplimiento de los compromisos de pago externo de la república y de PDVSA con sus tenedores de deuda. De igual manera, han presionado exitosamente a los dueños de bancos comerciales para que suspendan la prestación del servicio de cartas créditos, mecanismo universalmente usado para cancelar las importaciones de alimentos, medicinas, materias primas e insumos diversos para la economía nacional. A este hecho arbitrario se le adiciona las dificultades que le acarrean al Estado venezolano el pago a nuestros ciudadanos en el extranjero que son pensionados, jubilados y becarios, así como el funcionamiento de nuestras representaciones diplomáticas, embajadas y consulados.
Si algo demostró la agresión financiera contra nuestra nación fue la actuación de la calificadora de riesgo Standard and Poors (S&P) contra PDVSA, al rebajar su calificación prácticamente a riesgo de impago, cuando la petrolera realizaba un canje voluntario y garantizaba el pago a los que no se acogieran a la operación. Lo cierto es que S&P no fue imparcial y utilizó prácticas políticas y no técnicas para sabotear el refinanciamiento de deuda de PDVSA.
Este hecho insólito se suma al reciente episodio en el cual el banco estadounidense JP. Morgan produce un reporte falso relativo a que PDVSA había postergado pagos de intereses de bonos con vencimiento 2021, 2024 y 2035. Era evidente que pretendían dañar la credibilidad de la industria petrolera nacional al ubicarla al borde de un evento financiero por falta de pago. Obvió JP Morgan de manera interesada y nada ética que PDVSA había colocado el valor en dólares en Citibank y este había retrasado las transferencias correspondientes a los tenedores de bonos, de igual forma soslayó que tales instrumentos financieros tienen un período de gracia de 30 días para declararlos default.
En definitiva, el Departamento del Tesoro Norteamericano, calificadoras de riesgo y bancos comerciales y de inversión adelantan prácticas inequitativas, coercitivas contra la economía venezolana y la tranquilidad social y emocional de nuestro pueblo. La única razón que lo explica es una injerencia extranjera para imponer decisiones políticas a lo interno. No es Venezuela ninguna amenaza a la integridad del sistema financiero de los Estados Unidos de Norteamérica y del mundo, tampoco a su seguridad nacional que pudiera justificar sanciones económicas contra nuestra nación.
El nuevo gobierno norteamericano debe suspender esta especie de bloqueo financiero ilegal contra el pueblo de Venezuela por arbitrario y radicalmente injusto; todo en un contexto de restablecimiento de las relaciones diplomáticas sustentadas en el reconocimiento mutuo de gobiernos y pueblos, respeto a la ley internacional y la cooperación entre los dos países.
Los que acá nacimos y vivimos, que llevamos el orgullo de nuestra nacionalidad venezolana, rechazamos con dignidad esta escalada que pretende llevar sufrimiento a las grandes mayorías. Excelente oportunidad para que la oposición democrática, en el marco del diálogo nacional por la paz, facilite una única e indivisible postura que nos muestre como patria altiva y soberana.
