La historia petrolera de Venezuela se ha caracterizado por el desarrollo de una estructura económica rentista, donde el Estado se ha limitado a capturar la renta para distribuir o asignar dichos recursos captados, así la contradicción entre capital y trabajo, se ha visto distendida, en apariencia, porque el objetivo principal consiste en controlar el aparato del estado para determinar cómo distribuir la renta y, como siempre, termina en una captura delictiva por parte del capital en detrimento del trabajo. Todo ello con la venia e intermediación de las elites de poder que han controlado al Estado.
Pero también, esa historia petrolera tiene otra característica muy sui géneris y es que en cada proceso de boom petrolero, se produce un reacomodo de los grupos de poder, es decir unos caen en desgracia, mientras que otros se fortalecen y emergen nuevos. Lamentablemente el proceso bolivariano no escapó de esa realidad y hoy en día tenemos a una élite de poder enquistada en el Estado que se niega a como dé lugar, a ceder espacios de poder, aunque para ello tenga que llevarse por delante, como en efecto lo están haciendo, al único instrumento que tenemos para dirimir nuestras diferencias y encauzar por la vía democrática y pacífica la profunda crisis que embarga al país, me refiero a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Esta élite que gobierna (los que se autodenominan los hijos de Chávez), que forman parte de los grupos económicos emergentes, también tienen sus vasos comunicantes con sectores económicos tradicionales, muestra de ello es la inversión que con apoyo del Gobierno, el año pasado realizó Gustavo Cisneros[1] en la Faja Petrolífera del Orinoco, como también nos podemos referir a los recursos en dólares[2] que el 23 de marzo de los corrientes el Ejecutivo Nacional le otorgó a la familia Vollmer, y así los convenios firmados con las transnacionales del Arco Minero del Orinoco, entre otros tantos. Estos convenios forman parte del conjunto de vínculos y relaciones que el Gobierno viene realizando, amparados bajo la excusa de la puesta en marcha del Decreto de Emergencia Económica que lleva más de quince meses instrumentándose.
Pero como es natural, el capital quiere más y además quiere garantías por parte de un gobierno que a decir del dicho popular: por más que se tongonee siempre se le ve el bojote - su popularidad y legitimidad está cada vez más cuestionada. Por ello, aunque el Gobierno le ha sido funcional al capital, la garantía de la firma de los convenios surgidos durante el Decreto de Emergencia (Faja Petrolífera del Orinoco, Zonas Especiales de Desarrollo, Arco Minero del Orinoco) requiere darle la última estocada, por demás certera, al proceso revolucionario y esto se logra con la redacción de una nueva Constitución que le de legalidad a lo ya consumado.
Por ello no es nada casual que aunque sabemos que la puesta en marcha de la organización de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha traído mucho rechazo, sobre todo por parte de las fuerzas e individualidades que han apoyado a la revolución bolivariana, el Gobierno y la dirigencia del PSUV se empeñan, contra viento y marea, llevar a cabo la elaboración de una nueva Constitución, alegando que se trata de un dialogo superior para lograr la paz, aunque ello signifique, como efectivamente lo estamos viviendo, acabar con la esperanza de un pueblo, así como a su tejido social dándole sustento al fenómeno de la violencia.
[1] Gustavo Cisneros invirtió USD Un mil millones en un campo petrolero de la FPO : https://www.wsj.com/articles/venezuelan-billionaire-to-invest-in-state-controlled-oil-field-1476901300
[2] El Ejecutivo le otorgó a Ron Santa Teresa la cantidad de USD 4.309.875 para financiar activos: http://www.el-nacional.com/noticias/economia/ron-santa-teresa-recibio-mas-millones-del-gobierno-para-financiarse_86861
