Dos medidas diferentes y excluyentes: O se regulan determinados precios sin subsidio, o se subsidia sin regulación de precio alguna, pero es erróneo[1] tomar ambas en paralelo.

Por ejemplo: si se subsidia el azúcar, este subsidio lo recibe directamente el consumidor cuando paga un precio inferior al que cuesta dicha mercancía, y el Estado le paga la diferencia al comerciante, tal como viene ocurriendo con el subsidio del pasaje estudiantil y del anciano en materia de transporte.

La regulación de precios en el sistema capitalista es contraproducente: no sólo disgusta y entorpece la labor del fabricante, sino que abre las puertas al acaparamiento, a la especulación, a la compra al precio regulado y sus reventas a capricho de los comerciantes.

Luego de varios años de inflación continuada y ahora acelerada, el gobierno bien podría ir reflexionando sobre el mantenimiento de esas medidas de subsidios y regulaciones.

Las subvenciones se refieren a los auxilios de capital que el Estado burgués-al servicio de la burguesía-les concede a algunos empresarios jóvenes o incipientes a manera de estímulos para los comienzos de una que otra actividad productiva conveniente para el desarrollo del país[2].

Ahora bien, a sabiendas de que las empresas capitalistas nada tienen que ver con Socialismo, un Estado como el actual que se jacta de ser socialista, mal puede estimular este tipo de actividad privada; en todo caso, el gobierno podría convencer y llamar a sus filas a los empresarios que deseen trabajar como tales para que se instalen bajo la figura de empresa mixta.

En cuanto al subsidio, el Carnet de la Patria permitiría llevar un control exhaustivo del comportamiento de cada ciudadano en materia económica. Así, por ejemplo, las actuales bolsas y cajas CLAP, las mismas que no terminan de abastecer el mercado nacional con la celeridad y eficiencia que la situación actual amerita, estas bolsas y cajas de comida y útiles de aseo familiar, deben ser ajustadas al precio del mercado que el propio gobierno ha ido apoyando cuando limita sus acciones a periódicos ajustes salariales[3] a fin de mejorar dicho poder adquisitivo familiar.

De manera que esas cajas dejen de ser atractivas al bachaquerismo actual, al acaparamiento[4] y al contrabando de extracción. Con precios mejores y más realistas, sus beneficiarios deberán pagar mejores precios, y a cambio de ello el Estado mediante el Carnet de la patria le reembolsaría la diferencia monetaria entre los precios actuales de dichas bolsas y sus nuevos precios a las personas que el mismo Carnet identifica como simples trabajadores de medianos y bajos recursos.

De esta manera, el presupuesto familiar no sufriría los rigores actuales con una hiperinflación que no se detiene ni el Estado podrá detenerla sino prescinde y revisa sus inadecuadas medidas tomadas por el pésimo asesoramiento que tanto el Presidente Chávez como el Presidente Maduro han recibido.

Entre Ingenieros mecánicos, civiles y opinadores de oficio, sin las debidas calificaciones económicas y profesionales, la economía del país ha sido maltrecha tal y como ahora se nos presenta con una distribución anarquizada, sin estabilidad de precios, con acaparamientos por doquier y con el ejercicio empírico ilegal sin control municipal por parte de millares de bachaqueros a los que el Estado definitivamente no se atreve a tocar ni con el pétalo de una rosa, y sus razones tendrá para que esta situación actual, lejos de remediarse, se acentúe como viene ocurriendo mientras el gobierno deja pasar y deja hacer en el más amplio y descabellado liberalismo económico sostenido y alimentado, paradójicamente, con la regulación de precios.

[1] Cuando el gobierno obligó a los supermercados a vender arroz a precios regulado para familias con menor poder adquisitivo, se olvidó que en toda sociedad burguesa hasta los centros de distribución están previamente clasificados. Unos para los de menor poder adquisitivo: bodeguitas y taguaras; otros para los de mediano poder, y finalmente grande supermercados suntuarios para la parte de la población con alto poder de compra. En esta materia su ignorancia sobre la sociología burguesa ha sido abismal.

[2] Ya es suficiente que el Estado defienda y proteja a su burguesía, pero de allí a tomar parte del Presupuesto Nacional para convertirlos en capitalistas y propietarios privados es y ha sido el colmo dela servilidad del Estado para la clase dominante, la burguesía y el terrateniente. En las Escuelas de Economía de estas sociedades se vende esa ayuda como algo positivo: les instala parques industriales, los dota de todos los servicios y hasta les condona el pago de impuestos municipales, mientras al personal burocrático proletario ese mismo Estado la pecha quincenalmente.

[3] Esos ajustes salariales no han resuelto el problema porque mientras los precios se mueven según una progresión geométrica, los salarios lo hacen aritméticamente. Además, mientras mayor sea el salario, mayor es el pasivo que vienen adeudando los empresarios mientras sigan desconociendo que el salario diario no debe ser calculado a base de dividir el salario semanal entre 7 días, sino entre 5.

[4] Ese bachaquerismo es alimentado por los precios regulados para los productos de ellas, a tal punto de que son una tentación para los propios administradores y productores y distribuidores de dichas cajas bolsas.