El 16 de enero del año 2010 fue entregado al Presidente Chávez en el acto de graduación de las primeras promociones de abogados y abogadas de la Universidad Bolivariana de Venezuela un proyecto enmarcado en "el conocimiento y la reflexión de nuestras realidades, las percepciones comunitarias sobre la justicia, las posibilidades y condiciones de los sectores populares para acceder a la atención jurídica y su relación con el sistema judicial; así como las principales debilidades en las políticas públicas en el abordaje de las problemáticas socio-jurídicas existentes". El mismo fue aprobado políticamente por el Comandante Chávez instando a los graduandos a continuar en las comunidades promoviendo el Estado de Justicia que pregona nuestra carta magna a través del establecimiento de "una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural que consolide los valores de solidaridad, bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para estas y futuras generaciones", tal como lo plantea nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Preámbulo.
Desde esa fecha y hasta nuestros días, la Misión Justicia se ha consolidado como un voluntariado de abogados y abogadas como de otros profesionales interesados en la promoción de la justicia social en las comunidades promoviendo una red primaria de atención socio jurídica y el parlamentarismo social de calle como medio de participación y protagonismo del pueblo establecido en la e CRBV en su artículo 70, lo cual en los actuales momentos se ha dirigido a la conformación de las mesas populares de justicia, que busca la vinculación de la comunidad con los órganos de administración de justicia para ser contralores de la transparencia e idoneidad en el acceso a la justicia de todos y todas.
En todos los Estados de Venezuela, en sus municipios y en sus comunidades existen abogados y abogadas, estudiantes del Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos de la UBV, que persiguen el logro de esa justicia social de la mano con las organizaciones de base, apoyando a colectivos como el movimiento de inquilinos, de trabajadoras residenciales, refugiados, movimiento de pobladores, atendiendo casos particulares de los más desposeídos, acompañando la construcción de leyes y reglamentos, cartas comunales entre otros, todo con el fin de permitir el acceso a la justicia de las mayorías que debido a sus condiciones económicas aun no logran esta garantía constitucional.
Ahora bien, a este voluntariado nos llama la atención que en fecha 24 de febrero la Federación de Colegio de Abogados de Venezuela, el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) y los representantes de los colegios de abogados de 21 seccionales del país, se hayan reunido para rechazar el Decreto 2.718 emanado del Ejecutivo Nacional, donde se crea la Gran Misión Justicia Socialista.
Especialmente porque no existen argumentos válidos para tal planteamiento, considerando lo siguiente:
1.- El argumento que nuestro proyecto ataca la Constitución: nuestro proyecto permite hacer vivo el espíritu constitucional reflejado a lo largo de toda la Carta Magna, sus principios fundamentales especialmente los establecidos en el artículo 2 relacionado con la consolidación del "Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, y en general la preeminencia de los derechos humanos…"
En el espíritu de la misión se pretende el logro de tales principios a través precisamente del ejercicio pleno de la soberanía como elemento fundamental del nuevo sistema político imperante, la cual reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente a través de todas las formas establecidas en la constitución; formas que van desde las organizaciones comunitarias de base, movimientos sociales, colectivos de diferente naturaleza con el propósito de satisfacer sus necesidades a través del planteamiento de políticas públicas construidas desde las bases, pero muy especialmente entre éstas todo el tema de las nuevas formas alternativas de resolución de conflictos, la justicia comunitaria y la búsqueda de planes y proyectos que permitan al pueblo una justicia social verdadera.
2.- Otro argumento explanado en el escrito es que nuestro movimiento afecta 250 mil abogados: nuestro movimiento está integrado por abogados y abogadas no solo graduados en la Universidad Bolivariana de Venezuela, sino en cualquier universidad del país, que tenga como principios de su actuación la ética y la moral bolivariana establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; todo abogado que luche y promueva la justicia social, la solidaridad, la preeminencia de los derechos humanos, la igualdad real con preferencia de los oprimidos, la lucha contra la repartición desigual de la riqueza que causa injusticia, hambre y pobreza, que defienda la soberanía y la independencia nacional como principios irrenunciables de la patria, se puede considerar como parte de la Misión Justicia socialista; hecho que en la realidad concreta es así por cuanto nuestro voluntariado está integrado por profesionales egresados en diversas universidades incluso de diversas profesiones.
3.-Con relación al argumento que no hay justicia ideologizada: Nuestro movimiento parte que no existe concepción de justicia que no sea ideologizada; en otras palabras, no hay justicia neutral. Toda justicia obedece a una opción: puedes optar por la opción por los ricos, por los que tienen, los que hacen de la justicia un negocio y que están convencidos que solo quien pueden pagarla son los que deben tener acceso a ella y quienes optan por los pobres, por los oprimidos. Desde este punto de vista, nuestra visión de la justicia, nuestra opción es por los oprimidos y es por ellos a quienes apostamos.
Finalmente, dejamos claro que nuestro voluntariado nunca ha respondido ni responde a intereses de un gremio, ni nuestras luchas son por reivindicaciones personales, honorarios profesionales, ni intereses individuales; por el contrario es una lucha por la real instauración del sistema de justicia con los valores que establece la CRBV.
En síntesis, el voluntariado de la misión justicia socialista apuesta a lograr una tarea inconclusa como lo planteó el Presidente Chávez en el Plan de la Patria 2013-2019, hoy ley de la Patria, a la búsqueda del logro de la irrupción definitiva del Estado social de derecho y de justicia, a desatar la potencia contenida en nuestra constitución y a deslastrarnos del carácter racista y clasista de la justicia; estos son los objetivos fundamentales en este momento histórico que vive la patria. Nuestro movimiento defiende la idea de constituirnos como un país soberano e independiente que promueve una nueva geopolítica internacional y un mundo multicéntrico y pluripolar. Es por ello que a propósito del decreto que le da legalidad a la misma, como voluntariado dispuesto a lo ya expuesto nos ponemos a la disposición de darle el ejecútese a este decreto.