Fuenmayor Toro escribió un artículo donde presenta a grandes rasgos sus ideas acerca de la manera en que deben ser clasificados los profesores universitarios (Ver: https://www.aporrea.org/educacion/a311574.html). Yo escribí un artículo en el que comento esas ideas (ver: https://www.aporrea.org/educacion/a311666.html). Luego Fuenmayor escribió otro artículo en el que responde a lo que él denomina "malas interpretaciones", en clara alusión a mis comentarios sobre su primer artículo (ver: https://www.aporrea.org/educacion/a311767.html). Esta no es la primera vez que Fuenmayor y yo discutimos sobre un tema relacionado con la educación universitaria, hace unos años atrás intercambiamos públicamente impresiones sobre el ingreso de las y los estudiantes a este subsistema de educación. Tema que será nuevamente motivo de debates porque tiene que ser normado en alguna de las leyes especiales por elaborar según lo ordenado en la Ley Orgánica de Educación. Volviendo a las aclaratorias de Fuenmayor debo decir que su segundo artículo realmente ayuda a aclarar sus ideas acerca de la clasificación de los profesores universitarios en dos tipos y las premisas que las sustentan, y además introduce nuevos elementos para la discusión. Lo cual me permite ampliar mis comentarios en torno a dichas ideas.

Fuenmayor afirma que "Jamás he dicho que el concurso de oposición debe ser ante los candidatos a autoridades universitarias" (Fuente: https://www.aporrea.org/educacion/a311767.html). Cuando él si dijo que: : "(…) Serían los integrantes de los jurados, los facultados para ser electos como representantes en los distintos organismos de cogobierno o como autoridades ejecutivas de la universidad, y quienes pueden ser designados como miembros de la Comisión Electoral" (énfasis añadido) (Fuente: https://www.aporrea.org/educacion/a311574.html). ¿Quiénes son los facultados para ser electos? La respuesta es obvia, aquellos profesores que son potenciales candidatos a autoridades.

Fuenmayor argumenta que: "la estabilidad absoluta existente de los profesores, que conspira contra la excelencia académica" (Fuente: https://www.aporrea.org/educacion/a311574.html). No conozco ninguna investigación que soporte tal argumentación. Por el contrario, la evidencia disponible contradice este argumento de Fuenmayor. En los Estados Unidos los profesores más productivos son aquellos que están en la condición de "tenure track" o "tenure", es decir que son personal ordinario y gozan de estabilidad laboral. En Europa los profesores más productivos por lo general son catedráticos que ostentan esos cargos prácticamente de manera vitalicia. Contrariamente a lo que piensa Fuenmayor, en importantes universidades de Estados Unidos y Europa, como por ejemplo la Universiteiten van Neteherland, se asume que: "Tenure track policy can be a particularly effective means of attracting and retaining younger talent" (Fuente: https://www.universiteitenvannederland.nl/). Es un argumento muy simplista querer atribuir a la estabilidad laboral la baja productividad académica de la mayoría de nuestros profesores universitarios. Cuando tenemos que trabajar en condiciones de suma precariedad no solo laborales sino institucionales. La falta de financiamiento a la investigación es una causa más determinante de la baja productividad científica de nuestras universidades.

Fuenmayor propone que: "exigir sin excepciones el título de doctor de una universidad reconocida, para ascender al tercer nivel del escalafón" (Fuente: https://www.aporrea.org/educacion/a311574.html). Esto ya está contemplado en la actual Ley de Universidades y, además, incluso hay universidades experimentales venezolanas que exigen el título de doctor para poder ingresar como personal ordinario desde la categoría de asistente. Por otro lado, afirma Fuenmayor que hay universidades reconocidas y universidades no reconocidas. Hasta donde yo tengo conocimiento en Venezuela no existe ninguna agencia, pública o privada, que certifique o clasifique las universidades. No es posible determinar objetivamente en la situación actual cuál universidad es "una universidad reconocida".

Para Fuenmayor "no todos los docentes hacen carrera en la institución como investigadores, lo que es muy claro en las escuelas de formación profesional" y agrega que "ni todos sus profesores son investigadores ni se requiere que lo sean" y específica que: "Son los médicos del sistema de salud, cuya carrera es asistencial. Los abogados del sistema judicial, del Poder Ciudadano o de bufetes privados; los arquitectos e ingenieros de empresas y otros entes y los profesionales de cualquier otra disciplina." Primero, según las costumbres y las leyes venezolanas no existe distinción en nuestro país entre "escuelas de formación profesional" y escuelas de formación no profesional. Esa es una distinción más bien característica de las universidades estadounidenses donde se ingresa a las escuelas profesionales (medicina, derecho e ingeniería) después de culminado el "bachelor" (algo así como el pregrado universitario nuestro). Esto significa que para Fuenmayor los médicos, los ingenieros, los abogados, los arquitectos, los ingenieros y otros profesionales no deben ser investigadores, solo dadores de clase.

Fuenmayor sostiene que: "… dentro de las distorsiones impuestas por la Ley Orgánica de Educación, instrumento interventor inconstitucional, no puede lograrse una ley universitaria que signifique un avance e impulse la universidad que se requiere para Venezuela" (Fuente: https://www.aporrea.org/educacion/a311767.html).

Fuenmayor opina que: "… los indicadores académicos demuestran que toda esa pléyade de instituciones "universitarias" rimbombantes ha contribuido a la generación de un inmenso deterioro y no ha servido para de alguna manera frenar el desastre ocurrido en el país o ayudar a salir del mismo." (Fuente: https://www.aporrea.org/educacion/a311767.html). A cuáles indicadores se refiere. El mismo Fuenmayor afirma que este gobierno es alérgico a las evaluaciones y a la medición de la calidad, de dónde saca entonces que hay indicadores que le permitan soportar tal afirmación.

Según Fuenmayor: "Las mejores universidades del mundo no sólo hacen exámenes y concursos, sino que los mismos se extienden hasta el más elevado nivel y, en este caso, son concursos internacionales, en los que los aspirantes se presentan frente a los académicos más distinguidos de esas instituciones. (Fuente: https://www.aporrea.org/educacion/a311767.html). No se realmente a cuáles universidades de refiere Fuenmayor. Las "mejores universidades del mundo" tienen un vicerrectorado o una instancia organizativa que se encarga de buscar investigadores destacados, consagrados o en desarrollo, y ofrecerles contratos ventajosos para que vengan a trabajar en ellas. Algo muy parecido a lo que hacen los equipos deportivos profesionales. Una candidata al Premio Nobel nunca jamás será sometida a un concurso de oposición donde sería examinada por un jurado conformado por potenciales candidatos a autoridades.

Agrega Fuenmayor que: "Evitar los concursos de oposición, en cambio, sí es mantener el vicio de la designación politiquera de los profesores, lo cual algunos ven como normal en las instituciones controladas por el gobierno" (Fuente: https://www.aporrea.org/educacion/a311767.html). Con esta afirmación muestra un desconocimiento del estado actual de nuestro subsistema de educación universitaria. Por ejemplo, hace pocos años el MPPEU organizó concursos de oposición para todas y todos los profesores de las universidades politécnicas territoriales. El concurso de oposición sigue siendo el mecanismo por excelencia para ingresar al personal académico ordinario en nuestras universidades públicas. Por otro lado, es conocido que los concursos de oposición han sido usados para "la designación politiquera" de algunos profesores disfrazándola de solemnidad académica. Es una práctica común entre autoridades universitarias retrasar las convocatorias a concurso de oposición para mantener los claustros de tamaños manejables con fines electorales. Mientras más reducido el claustro, más controlable es. Prácticas similares dilatorias se dan en el caso de los ascensos con el propósito de mantener aún más reducido el número de profesores que puedan postularse como candidatas o candidatos a autoridades.

Fuenmayor nos recuerda que: "Los docentes-investigadores universitarios no son empleados públicos ni se les puede aplicar las normas de estabilidad de éstos." (Fuente: https://www.aporrea.org/educacion/a311767.html). Lo cual está claramente establecido en el La Ley del Estatuto de la Función Pública, en su Artículo 1, Parágrafo único, numeral 9, "Quedarán excluidos de la aplicación de esta Ley: (…) 9. Los miembros del personal directivo, académico, docente, administrativo y de investigación de las universidades nacionales. (…)." Pero, Fuenmayor olvida mencionar que los profesores universitarios, al igual que todas y todos los trabajadores, están protegidos por la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores. La LOTTT prohíbe la tercerización y consagra la estabilidad laboral para todas y todos los trabajadores sin distinción alguna.

Fuenmayor aclara que: "… El personal académico constituye la planta que hace funcionar a la universidad. Es éste el que no debe ser menor del 60 por ciento del total de los docentes.

El otro 40 por ciento sería contratado a tiempo parcial (convencional), por horas, algo que ocurre actualmente, sólo que en una proporción muy alta, que compromete el funcionamiento de la universidad. …" (Fuente: https://www.aporrea.org/educacion/a311767.html). Reconozco que en este punto cometí un error de lectura que me condujo a apreciaciones erradas acerca de la opinión de Fuenmayor sobre este punto.

Fuenmayor nos recuerda que: "En previos artículos he aclarado que en la universidad existen derechos académicos, que las jerarquías se establecen de esa manera, por lo cual hablar de gente privada de sus derechos políticos es como mínimo una insensatez." (Fuente: https://www.aporrea.org/educacion/a311767.html). Pero en su artículo anterior, Fuenmayor propone que los profesionales docentes: "No eligen las autoridades de la universidad, ni votan para los cuerpos colegiados, excepto en los que tengan representación." (Fuente: https://www.aporrea.org/educacion/a311574.html), con lo cual establece con claridad que tendrían unos derechos políticos limitados. Además, Fuenmayor pretende contraponer unos supuestos "derechos académicos" a los derechos políticos que tenemos todos los ciudadanos.

La diversidad entre las universidades es una realidad incuestionable (ver mi artículo sobre este asunto en: https://www.aporrea.org/educacion/a310369.html). Las universidades al igual que todas las instituciones humanas se desarrollan de manera desigual y combinada. Las universidades se desarrollan desde puntos de partida muy disímiles y en condiciones geográficas, económicas, culturales y políticas diversas. Esta situación dificulta incluso establecer comparaciones entre estas instituciones. Es absurdo pensar que todas las universidades puedan llegar a ser iguales. Pero, las instituciones de educación para merecer la denominación de universidades deben apuntar a alcanzar un modelo ideal establecido en las leyes y en la concepción misma de universidad tal como la conocemos hoy. Y esto no se logrará estableciendo a priori quienes pueden o no pueden hacer investigación, en cuales áreas del conocimiento se debe o no se debe hacer investigación y cuales de esas instituciones tienen o no tienen que hacer investigación. Tampoco se logrará desarrollar el subsistema de educación universitaria tomando como modelo el estado actual en que se encuentra para elaborar la legislación que lo regule.