Detrás de cada suspensión de la nómina del Ministerio de Educación, hay un docente o pensionado que lucha por sobrevivir. La crisis en el magisterio venezolano es una crisis de dimensiones morales, materiales y espirituales que exige una política de mayor respeto hacia los docentes y de soluciones que sean inmediata.
La gestión del Ministro de Educación, Héctor Rodríguez Castro, ha desatado un intenso debate en el gremio docente venezolano. Aunque el discurso oficial resalta iniciativas como operativos de salud, entrega de bolsas de alimentos, calzado y promesas de viviendas para los educadores, las medidas son percibidas como paliativos que no resuelven la precariedad estructural que afecta al sector.
Una bolsa de alimentos compuesta mayoritariamente por carbohidratos no puede sustituir un salario digno y suficiente; un operativo médico es inútil si los ingresos no permiten adquirir medicamentos; y un par de zapatos de calidad cuestionable se convierte en una ironía cruel frente a las necesidades básicas insatisfechas.
En el afán de fortalecer la jornada escolar, reincorporar a docentes jubilados y en comisiones de servicio al sistema educativo, la gestión ministerial ha evidenciado una serie de contradicciones profundas:
• Suspensión arbitraria de salarios: La política de suspensiones de salarios sin aplicar el debido proceso afecta a docentes activos, personal administrativo y obrero, y también repercute en la calidad educativa recibida por los estudiantes. Esta medida no solo viola derechos laborales, sino que también se advirtió que alimenta un clima de autoritarismo y acoso laboral ejercido por algunos directores y supervisores.
• Condiciones laborales indignas: Los bajos ingresos persisten como el principal obstáculo para la estabilidad del sector. Un ingreso mensual promedio de $10.72 (según la tasa oficial del BCV) convierte al docente en un sobreviviente dentro de un sistema que parece ignorar la urgente necesidad de dignificar a la profesión docente.
La paradoja del llamado a los jubilados para dar clase
El llamado a los docentes jubilados para reincorporarse al sistema educativo, como supuesto paliativo ante la creciente deserción docente, revela una falta de comprensión de la realidad económica y social. ¿Cómo se puede justificar este llamado con condiciones laborales poco atractivas?
¿Cómo puede ser que las viudas de los jubilados, los hijos de los docentes fallecidos, enfrenten suspensiones arbitrarias de su pensión de sobreviviente?
Un caso emblemático es el de la señora Adda Marina Álvarez De Carmona, de 94 años, quien vio interrumpida su pensión de sobreviviente tras 34 años de recibirla, pese a la destacada trayectoria de su esposo como educador. A eso se le suman otros casos donde las víctimas son los hijos de los docentes fallecidos, la mayoría menores de edad. Algunos de los cuales sus padres perecieron en el cumplimiento de su deber, pero hoy se ven privados sin ninguna explicación de la protección económica que deberían recibir. (Ver vídeo de la señora Adda Marina Álvarez De Carmona)
Esta situación subraya en una forma indirecta de despreciar a quienes dedicaron sus vidas a la educación, mientras se le solicita a los jubilados asumir una jornada laboral con ingresos diarios que no superan los $0.36 y adicionalmente una Cesta Ticket de $40.
¿Cuántas veces hemos escuchado discursos que prometen un futuro brillante para la educación, mientras los docentes siguen enfrentando dificultades en su día a día? La brecha entre el discurso y la realidad genera frustración y desánimo entre los docentes, quienes se sienten invisibilizados y desvalorizados, lo que convierte a esa narrativa en una especie de venda. Basta con preguntarles a los que laboran para la AVEC.
Una venda, que parafraseando a Eduardo Galeano, trata de impedir ver las heridas abiertas que sufre el magisterio venezolano.
Un modelo de gestión que puede ser más humanista con los docentes
A lo largo de las últimas gestiones ministeriales, el magisterio ha percibido un deterioro progresivo de su calidad de vida. Sin embargo, la gestión del ex - ministro Elías Jaua Milano, en un contexto económico más complejo, logró avances significativos como el funcionamiento de la póliza de HCM, la firma de la última contratación colectiva y el respeto hacia los educadores.
Jaua destacó por su empatía hacia el gremio, reconociendo su rol como base del sistema educativo y solicitando respeto hacia su labor.
En contraste, la gestión actual se percibe como si estuviera absorta en su retórica y carente de soluciones estructurales. Al ministro Rodríguez se le han hecho reiterados llamados para que liderice un clima de diálogo, justicia y respeto, lo cuales han sido ignorados, perpetuando un ciclo de más injusticia y descontento.
Reflexiones finales: el futuro de la educación venezolana
La crisis del sistema educativo en Venezuela no se resolverá con medidas superficiales ni con mayor presión sobre los docentes. Es imprescindible atacar las causas estructurales del problema: garantizar salarios dignos, respetar los derechos laborales, y promover un entorno de trabajo donde el respeto y la justicia prevalezcan.
Los maestros anhelan el cese de las suspensiones arbitrarias de salario, de las promesas incumplidas, de que la precariedad sea la norma y que se paguen los salarios caídos, a quienes se les suspendieron injustamente sus salarios y pensiones.
El futuro del país depende de quienes educan a sus generaciones futuras. Sin una política educativa que priorice el bienestar de los docentes, el sueño de una Venezuela próspera seguirá siendo solo una utopía.
La corrupción ha desviado miles de millones de dólares, como los $23 mil millones de PDVSA, que pudieron haber sido invertidos en la educación. Es imperativo recuperar esos recursos y destinarlos a mejorar las condiciones laborales de los docentes, la infraestructura escolar y el PAE.
No se trata de promesas proselitistas, sino de acciones concretas.
