Realmente nunca estuve de acuerdo con que las autoridades de las universidades fueran electas. Pienso que las universidades, al igual que otras instituciones educativas, deberían ser administradas por personas especializadas en esos menesteres. La administración de instituciones educativas debería ser una profesión. La formulación de políticas educativas siempre ha sido competencia del Ministerio correspondiente, nunca ha sido esta materia asunto de las universidades. Por tanto, los administradores de las universidades deberían ser personas que hicieran carrera administrando universidades, demostrando una alta preparación y desempeño en el manejo de instituciones educativas. Las elecciones nos alejan de esta práctica. Quienes se presentan a las elecciones tal vez nunca han administrado institución alguna, tal vez ni han sido presidentes de una junta de condominio. Muchos de ellos tampoco tienen credenciales académicas sobresalientes, por ejemplo, los dos últimos rectores de la UCV no tienen título de doctor.
En mi opinión los administradores de las universidades deberían ser escogidos mediante concurso. Se anunciaría de manera pública que se solicita un cuerpo de administradores para la universidad tal o cual. Todos los candidatos y candidatas, que se consideren preparados para la tarea, envían sus curriculum vitae al Comité de Selección. Los candidatos y candidatas serían entrevistados por el comité. Deberían demostrar conocimientos en materia de administración de instituciones educativas, que están dispuestos a comprometerse y a llevar adelante las políticas públicas en materia de educación universitaria, que conocen la institución a la que se postulan como administradores, etc. Además, debería comprobarse que sean personas de probada honestidad, por ejemplo, que no han sido objeto de procesos judiciales o administrativos por corrupción. Es necesario que se establezca un conjunto de criterios de selección y que estos sean de conocimiento público. Los administradores o administradoras de instituciones educativas serían evaluados de manera continua y podrán ser removidos de sus cargos en cuanto se desvíen de las normas establecidas en cada comunidad educativa y de lo establecido en las leyes.
La Cuarta República, madre y maestra de la demagogia, introdujo la elección de autoridades por parte de los profesores y profesoras que conforman el claustro universitario y del voto proporcional de los estudiantes. Es decir, que sólo pueden votar para elegir a las autoridades los profesores ordinarios, activos y jubilados, con categoría de asistente en adelante. Así, los profesores contratados de cualquier categoría o dedicación no podían votar. Por otro lado, en una clara violación de los derechos ciudadanos el voto de un estudiante no valía un voto. Pero aún, ni los obreros ni los empleados administrativos, algunos con mejor preparación académica que más de un profesor, no podían votar. No puedo entender como semejante disparate se mantuvo en pie durante tanto tiempo. Esa era una verdadera deformación de la democracia.
Con la recientemente aprobada Ley Orgánica de Educación se corrige tal disparate. De ahora en adelante todos los miembros de la comunidad universitaria cuentan un voto. Con la nueva ley se acaba un odioso sistema de privilegios que no tiene ninguna justificación en este siglo. La Quinta República optó por mantener la elección de las autoridades universidades y, en coherencia con la democracia participativa, extendió a todos y todas el derecho al voto. Se acabaron los privilegios, se acabó la dictadura de los profesores y profesoras jubilados. Ahora todos votan. Sólo los enemigos de la democracia se oponen a que todos sean iguales, a que cada miembro de la comunidad universitaria valga un voto.
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