El petróleo signo la vida venezolana en el siglo XX, y se prolonga decisivo en los albores del XXI.  El petróleo, principal fuente de energía del mundo, supuso una radical transformación de nuestra sociedad precapitalista, en su base rural – campesina, en la dirección de establecer relaciones sociales y económicas capitalistas. La acelerada urbanización, el crecimiento progresivo de la producción nacional, sustentado en una apremiada sustitución de importaciones, y el nuevo rol del Estado, ahora fortificado por un creciente y permanente flujo fiscal petrolero, resumían la base de la metamorfosis de la sociedad venezolana del siglo pasado.

El hilo conductor de la historia petrolera venezolana ha sido sin lugar a dudas el reclamo de una mayor participación en los ingresos generados por la industria, tanto en el periodo concesionario, como después de la nacionalización formal realizada en 1976. Ello nos remite a la historia del nacionalismo petrolero que supuso un combate, siempre desigual, con el capital extranjero, para aprobar nuevos arreglos jurídicos e institucionales que les permitieran a los venezolanos(as) un mayor control de la actividad y superior renta.

El nacionalismo petrolero basa su existencia societaria en el derecho de propiedad de nuestro recurso natural, este podía ser explotado industrialmente por transnacionales pero los yacimientos nunca fueron enajenados, buena parte en razón del Decreto de Minería de El Libertador Simon Bolívar del 24 de octubre de 1829, en el cual estableció el principio de que la propiedad de las minas “corresponde a la Republica” y debe preservarse “contra cualquier ataque”. Es así como nuestra historia recoge episodios de esta puja entre el Estado vs. el capital petrolero y del Estado vs. el capital petrolero y la derecha conservadora.

Conocido es que la nacionalización de 1976 dejo brechas para el futuro accionar de las transnacionales del petróleo. Después de aquella se registra la resistencia de la meritocracia, que capturó a PDVSA, a respetar el rol del Estado como rector de la política petrolera nacional, a declarar dividendos al accionista único de la industria: el Estado; y a ocultar fraudulentamente la información para presentar crecientes costos que implicaron sacrificios fiscales significativos en las dos últimas décadas del siglo XX.
 
El intento desnacionalizador agravado se realiza cuando la meritocracia petrolera transnacionalizada se atreve a adelantar, con la más descarada sumisión de la clase política que gobernaba el país, lo que denomino la “apertura petrolera”. Se pretendió justificarla en el contexto de la globalización mundial que suponía que el petróleo era una mercancía planetaria y no de un país en particular, así como en la urgencia de inversión extranjera significativa para acometer proyectos de desarrollo de nuestra industria. La “apertura petrolera” fue una entrega, un vulgar arrodillamiento al capital transnacional y a los intereses de los principales países industrializados. La década de los años ochenta y noventa fue un tiempo de eclipse total del nacionalismo petrolero. La izquierda Venezolana la combatió denunciándola sin éxito pero dejando en la conciencia de la patria esta tarea para una agenda futura.

En rigor histórico y científico se puede afirmar que el hilo nacionalista venezolano en la materia de los hidrocarburos se reanuda en el siglo XXI, luego del fracaso del paro petrolero de diciembre de 2002 contra el gobierno del Presidente Hugo Chávez. La derrota de la gerencia entreguista de PDVSA facilitó ir a fondo en el desmontaje de la desnacionalización. Ya antes, el gobierno había impuesto la estrategia de fortalecimiento de la OPEP de la cual la derecha tenía previsto retirar a Venezuela.

El primer hecho acontece en septiembre de 2004 cuando el Presidente Chávez anuncia que no se tolerara más que las compañías extranjeras que operaban en la Faja Petrolífera del Orinoco cancelaran el 1% de regalía petrolera. Ordeno cóbrales el 16,66% previsto en la Ley de Hidrocarburos. Luego en 2005 el Ministro Rafael Ramírez realizó formal denuncia de la “apertura petrolera” ante la Asamblea Nacional, desencadenándose decisiones jurídicas y políticas que instalaron la política de “Plena Soberanía Petrolera” que hasta el momento adelanta con éxito el gobierno socialista.

Lo que viene ocurriendo en la Faja Petrolífera del Orinoco es una clara y expresa manifestación del concepto bolivariano, mediante el cual, la Republica controla operativa y accionariamente la explotación industrial de la gigantesca reserva de hidrocarburos que allí tenemos los venezolanos de hoy y del mañana. Fui testigo de excepción en el Consejo de Ministros que aprobó El Decreto Nº 5.200, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco, del 26 de febrero de 2007. Este significo una re-nacionalización petrolera al dejar claro que las empresas mixtas tendrían un  mínimo de 60% de capital de la Republica ( antes inferior a 50%) , que estarían sujetas al régimen fiscal petrolero pautado en la Ley de Hidrocarburos y demás disposiciones del Estado, ello significa el pago de una regalía de 30% (antes 1%), de impuesto de extracción de 3,3% (no existía), ISLR petrolero de 50% ( antes 34%) y el pago de un bono de entrada al Estado como derecho a partipar de los socios minoritarios ( no existía). Igualmente se obliga a las empresas mixtas a cumplir con un factor de recobro de los yacimientos por encima de 20% (antes inferior a 8%), y se establece que las diferencias entre socios se resolverán en nuestros tribunales y no en arbitrajes internacionales.

La derecha venezolana apostó por el fracaso. Se equivocaron. La presencia de inversión estatal y privada de países como Rusia, India, Japón, España, EEUU, Vietnam, China, Malasia, Italia, entre otros, subordinados a nuestra soberanía, garantizan una inversión superior a los 130 mil millones de dólares en dos décadas, que elevará la capacidad de producción de crudo a 6,85 mmbd en el 2021, y generará un aporte fiscal superior a los 75 mil millones de dólares que estarán al servicio de una mejor vida para los venezolanos, ello es, una distribución popular de la renta petrolera que sustenta edificar la sociedad de la igualdad, el socialismo.

La política petrolera nacionalista que adelanta la revolución bolivariana es inmensamente superior por ser incomparable con la entrega de la cuarta República. Ya no hay eclipse. El petróleo in situ, extraído, refinado y comercializado es venezolano por ahora y para siempre.

rodrigo1cabeza@yahoo.com