En un escrito anterior se trató el alarmante crecimiento de la deuda externa venezolana, así como los elevados costos de dicho endeudamiento, lo cual se manifiesta en los crecientes pagos de intereses y amortización de capital. En este año se deberán cancelar 9.691 millones de dólares, de los cuales 6.341 (65%), corresponden a la deuda de PDVSA, evidenciado que el mayor de peso del servicio de la deuda se concentra en la principal empresa del país.
El monto total de la deuda externa se ha triplicado desde 2007 hasta la fecha y lo propio ha sucedido con el endeudamiento de PDVSA, el cual ha pasado de 16 mil millones de dólares en 2007, a más de 46 mil millones en 2014. Si bien en los dos últimos años dicha deuda se ha reducido a 41 mil millones de dólares, esto se debe principalmente a la recompra de bonos realizada en el segundo semestre de 2016, postergando además el pago de esos compromisos para el año 2020.
Recientemente fue publicado en el sitio web de PDVSA el balance de la deuda consolidada al 31 de diciembre de 2016, en el cual se reflejan aspectos financieros de la empresa, sin embargo, en dicho informe no se incluye el endeudamiento con el BCV. La empresa auditora KPMG, responsable de consolidar dicha información, emitió posteriormente una aclaratoria indicando que el balance "excluye los préstamos otorgados a la empresa por el Banco Central de Venezuela, que para diciembre del año pasado sumaban un saldo por encima de 5,5 billones de bolívares".
Lo anterior implica un monto adicional de más de 8.000 millones de dólares (calculados a tasa DICOM) en la deuda de la empresa, lo cual complica aún más su situación financiera, en la que debe considerarse también la deuda comercial que mantiene con proveedores nacionales y extranjeros que ronda los 20 mil millones de dólares, según los estados financieros publicados por la empresa en 2015. Pero lo más grave es que, en la recompra de bonos realizada en octubre del año pasado, la deuda por 3.368 millones de dólares con vencimiento en 2020 fue garantizada con el 50.1% de las acciones de CITGO, lo cual abre la posibilidad de que la mayoría accionaria de dicha empresa filial de PDVSA, pase ser propiedad extranjera en caso de incumplimiento de pago.
Se ha denunciado en diversas oportunidades que el proceso de reprivatización de la industria petrolera se ha materializado a través de la entrega al capital extranjero de la mayoría accionaria de las denominadas "empresas mixtas". De igual forma, el creciente endeudamiento de PDVSA establece condiciones que pudieran ser la puerta de entrada a un proceso más acelerado de privatización, con el agravante de que se realiza con garantía sobre los activos de la empresa, que por ende son propiedad de la nación.
Parte de la polémica suscitada en torno a la sentencia N° 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se origina debido a que mediante la misma se otorgan facultades legales al Ejecutivo Nacional para modificar los términos y condiciones que rigen los contratos de la nación en la conformación de las empresas mixtas que operan en la explotación de los hidrocarburos en territorio venezolano. Con esta sentencia y su posterior "modificación" por parte del propio TSJ, el gobierno nacional puede alterar la composición accionaria de las empresas mixta.
La agencia especializada en noticias del ámbito financiero, Thomson Reuters informó que se estaba realizando una negociación para vender acciones de Petropiar, empresa cuyo capital accionario pertenece 70% a PDVSA y 30% a la transnacional Chevron Texaco. En dicha negociación, la empresa rusa ROSNEFT adquiriría 10% del capital accionario de Petropiar a cambio de 800 millones de dólares que serían usados por PDVSA para cancelar sus compromisos de pago.
El antimperialismo consecuente debe rechazar cualquier injerencia en la política de nuestro país, así como cualquier agresión de potencias extranjeras, pero de igual forma tiene que confrontar de manera contundente cualquier tentativa de entrega de la principal industria nacional al capital transnacional, hecho que se viene materializando como consecuencia de su creciente endeudamiento, todo ello mientras el propio gobierno realiza patéticos llamados a movilizarse "en defensa de la patria".