Consumadas ya las elecciones presidenciales, es necesario nuevamente subrayarlo: independientemente de cuánto tiempo dure Nicolás Maduro como primer mandatario; independientemente de si las élites que gobiernen en los próximos meses o años, sean militares, empresarios, derechas, izquierdas, populistas, tecnócratas, socialistas, neoliberales, blancos, azules o rojos; finalmente todos tienen y tendrán que enfrentar al desmoronamiento de los viejos pilares de una economía, una sociedad, una nación que fueron construidas en torno a un petróleo altamente rentable, fluido, abundante y estable. Eso está llegando a su fin.
Y si sirve la metáfora del Titanic para pensar nuestro rumbo actual, entonces agreguemos que en nuestro caso el barco no navega en aguas tranquilas (como aquel), sino que está siendo sacudido por la tormenta de la crisis energética global. Todo es parte del mismo proceso mundial. Si usted está buscando una de las más claras expresiones de la crisis de la civilización petrolera, pues ponga sus ojos en Venezuela.
¿A qué nos enfrentamos?
a) No estamos en capacidad de predecir el rumbo de los precios internacionales del crudo:Durante el boom de precios del petróleo en la década pasada, e incluso con el repunte que se dio después de la debacle de 2009, numerosos analistas planteaban que estos marcadores se mantendrían altos, debido a las necesidades de elevados ingresos para cubrir los costosos proyectos de hidrocarburos no convencionales que venían en auge –tales como los petróleos de esquisto o las arenas bituminosas–, mientras que los crudos más rentables aprovechaban la renta diferencial.
Este fue uno de los principales argumentos sostenidos por analistas, asesores y propagandistas para justificar las alucinantes metas de extracción petrolera para la Venezuela del futuro (recordemos los 6 millones de barriles diarios para 2021, basado principalmente en 4 millones solo en la Faja Petrolífera del Orinoco - FPO), lo cual sería la base para llevarnos a ser una “Potencia Energética Mundial”.
Lo que planteamos no es una tajante afirmación de que el petróleo se mantendrá en valores discretos, o bien afirmar, ahora que vienen subiendo los precios, que logrará mantenerse en niveles altos, sino que la propia volatilidad se está convirtiendo en la normalidad. Si la economía venezolana depende completamente del petróleo –y esto también es el resultado de haber orientado una política de expansión del extractivismo– esto implica que el propio proyecto político y la estabilidad social se volatilizan con el vaivén desenfrenado de los precios del crudo.
b) Un horizonte extra-pesado: chicos, el negocio ya no es tan rentable como antes: el progresivo declive de los crudos convencionales de las cuencas petroleras tradicionales, junto con particulares intereses en el desarrollo de la FPO nos han llevado a que la actual composición de los crudos extraídos en Venezuela sean ya en su mayoría pesados y extra-pesados (casi el 60% del total).
Es necesario recordar que este tipo de hidrocarburos son los más difíciles de extraer, difíciles de procesar, por tanto más caros, generan mayores impactos socio-ambientales, requieren mayores niveles de energía por unidad extraída y procesada, y en general son económicamente menos rentables y representan inversiones más inestables.
Lo que nos parece más significativo de este asunto, es que el problema va más allá del propio negocio petrolero y la salud económica de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Por el enorme significado que tiene esta industria para el país, estamos hablando de una afectación estructural de la rentabilidad del factor dinamizador por excelencia de la economía nacional, y por tanto un límite histórico del modelo de acumulación dominante, del capitalismo rentístico. Esto, además, impacta determinantemente en las estructuras de poder construidas en torno al Petro-Estado e incluso en todas las instituciones sociales, políticas y económicas alimentadas por la renta petrolera.
Basado en estos y otros factores, en el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’ propusimos en su momento una crítica al proyecto de la FPO y sus dimensiones faraónicas, debido a la sensible relación entre el enorme nivel de inversión requerida en pocos años –más de 240 mil millones US$–, los límites del modelo de acumulación y gestión centralizada del Petro-Estado, la inestabilidad y financiarización del mercado petrolero internacional y los peligros de potenciar un nuevo ciclo de endeudamiento público (externo) y posterior proceso de acumulación por desposesión. Todo esto en el marco de un proyecto país de proyección de mediano y largo plazo, basado en una alta concentración del rol de los sectores extractivos (más extractivismo). Hasta ahora las tendencias han apuntado dramáticamente hacia la agudización de estos procesos críticos señalados.
No bastará la contra-propuesta de los tecnócratas que anuncian que el problema se resuelve re-organizando la industria sobre la base únicamente de criterios de eficiencia y rentabilidad. El petróleo es un asunto político, en la medida en la que ha sido la base material de la gobernabilidad en la Venezuela contemporánea, el factor posibilitante del sueño de riqueza y progreso nacional. Así que en realidad, al volver a plantear que el trozo de la torta para la población debe ser más pequeño, reavivará viejos conflictos, atizará los actuales y creará otros nuevos.
c) Se modifica el mapa de actores en el mercado energético mundial: es importante recordar el rol internacional que desde décadas atrás ha jugado Venezuela, por ejemplo, en el nacimiento de la OPEP en 1960. Su influencia internacional contemporánea ha estado fundamentalmente determinada por su papel como un importante exportador de crudos y su capacidad de construir coaliciones geopolíticas en torno al petróleo. En este sentido, conviene resaltar dos factores: el primero, es que la afectación estructural del proceso de acumulación de capital doméstico tiene impacto en el rol político del Petro-Estado venezolano y por tanto afecta su influencia internacional y su capacidad de negociación (elemento muy estudiado por Bernard Mommer en ‘La cuestión petrolera’). El segundo factor, es que los cambios en el mercado energético internacional han modificado el conjunto de los grupos y bloques de poder que se configuran en torno a los hidrocarburos, resaltando la pérdida de influencia geopolítica de la OPEP, el crecimiento de algunos grandes productores no-OPEP a partir de sus reservas no convencionales (como los mismos Estados Unidos) o el incremento de la importancia de los sectores financieros en el negocio.
d) No estamos en capacidad de saber cómo se comportará la brecha entre oferta y demanda mundial de crudos en el futuro: Uno de los factores clave de la crisis energética global es la brecha que se va configurando entre la demanda y la oferta mundial de crudos. La demanda se proyecta en los próximos años a un incremento en términos absolutos y por las crecientes necesidades de energía es claro que tiene una base que a pesar de los factores de crisis y volatilidad se mantiene invariable. Mientras tanto el mantenimiento de la oferta se enfrenta no sólo a las limitaciones físico-geológicas del declive de las fuentes convencionales, sino también a crecientes necesidades de inversión para mantener el ritmo expansivo de la demanda.
Dichas inversiones se ven limitadas o ralentizadas por la crisis económica global, la volatilidad de los precios de los hidrocarburos y las tendencias anuales al incremento de los costos de producción de los crudos a nivel mundial. La brecha entre demanda y la oferta podría crecer. Esto supone una situación determinante y excepcional que tiene y tendrá enormes repercusiones en todas las economías del mundo.
Esto obliga a re-evaluar el rol relativo del petróleo en un mundo que podría apuntar al incremento proporcional de la importancia de otro tipo de energías (sin que esto implique decir que el petróleo deje de ser un commodity de gran importancia). Las presiones para impulsar políticas ante el agravamiento del cambio climático o las expectativas e iniciativas económicas (oportunidades de negocio) hacia otros mercados energéticos refuerzan estas tendencias.
Al mismo tiempo, lo que ocurre en Venezuela (incluyendo la actual debacle de la operatividad de PDVSA y las cuotas de “producción” diarias) es también expresión de los factores que provocan este desacoplamiento energético oferta-demanda, y las limitaciones que va teniendo la propia industria petrolera. Además hace evidente una reflexión crítica sobre la viabilidad de las inversiones en la ampliación del extractivismo en la FPO (ej. tener que competir con crudos convencionales en un contexto de severa crisis económica global y tendencias al crecimiento estacionario), y amarrar la economía nacional a este tipo de proyectos.
Mientras tanto, antes de la actual situación de emergencia para tratar de recuperar anteriores niveles de “producción” (cuando se mantenían en alrededor de 3 millones de barriles/día), el Gobierno nacional se ha tambaleado en la esquizofrenia discursiva de anunciar recortes de la misma para favorecer el incremento de los precios internacionales –acuerdos con productores mundiales y OPEP–, al tiempo que declara que el proyecto de la “Venezuela Potencia Energética” se basa en el incremento de la producción hasta 6 millones de barriles diarios (emulando además la propuesta neoliberal de los años 90).
e) La larga crisis del capitalismo rentístico es también una crisis de los propios mecanismos correctivos del sistema: el petróleo no sólo ha generado renta; también ha constituido las estructuras de poder del Petro-Estado, ha formateado las instituciones republicanas, y ha impactado determinantemente en las esferas societales. Por lo tanto, una crisis del modelo no es sólo económica: es también sistémica, integral y multidimensional.
En este sentido, la debacle de los circuitos del negocio petrolero, y por tanto de los procesos de acumulación, van socavando las propias capacidades para la captación, centralización y retención de la renta petrolera, y por tanto la capacidad de respuesta del Petro-Estado (y las élites gobernantes) para enfrentar la crisis y poner en marcha políticas coherentes para salir de la misma. Podríamos decir que la historia de Venezuela de los últimos 40 años es también la de la relación entre la crisis del modelo de acumulación y la crisis de hegemonía.
Por estas razones, es imperioso mencionar que el incremento de la conflictividad política nacional ha potenciado estas dinámicas, llevando la resolución de las crisis al plano de la confrontación por medidas de fuerza. Las sanciones económicas impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos contra PDVSA y, en general, bloqueando operaciones financieras con Venezuela, atacan estas vulnerabilidades descritas, al tiempo que buscan ser detonantes de un colapso de amplia escala.
Es en todo este marco crítico en el cual la corrupción hace metástasis, y aparece como uno de los principales mecanismos de captura y distribución de la renta, motorizada por una relativamente desordenada disputa de intereses particulares para apropiarse de los excedentes rentísticos. Al mismo tiempo, esta precariedad de la economía formal, le ha dado cabida a un extraordinario auge de las economías informales. Estos factores representan la emergencia de múltiples puntos de fuga fragmentados para confrontar la crisis, que antes que rasgos cooperativos, parecen ser fundamentalmente competitivos.
f) Ecología política y economía ecológica del petróleo: los “daños colaterales” del desarrollo rentista se han vuelto sencillamente insostenibles: la historia del desarrollo del capitalismo rentístico es también la historia del progresivo socavamiento de los medios ecológicos de vida de los y las venezolanas, principalmente al norte del río Orinoco. Esta zona septentrional ha sido altamente degradada (ej. un 50% de su superficie ha sido deforestada) y la población va sintiendo cada vez más la sensible precariedad que se ha establecido en la distribución ecológica (veamos por ejemplo la grave situación actual del agua). El proyecto de la FPO tendría consecuencias ambientales devastadoras –como lo explicamos detalladamente en “El Fantasma de la Gran Venezuela”– y mucho más si los dispositivos para la recuperación de la tasa media de ganancia apuntan a la radicalización de las externalizaciones ambientales. Una proyección de mediano y largo plazo de este extractivismo petrolero es simplemente irrealizable en términos ecológicos y constituye un salto al vacío.
Buscar alternativas: las bases materiales de una coalición popular contra-hegemónica
Los nuevos escenarios del petróleo y los hidrocarburos marcarán la geopolítica global, los patrones energéticos, y en especial a las economías estructuradas en torno a los crudos. Marcará a Venezuela y al propio desenlace de la crisis actual, como ya lo está haciendo en la actualidad. Debemos prepararnos y tratar de trascender los delirios retóricos o económicos del extractivismo.
Lamentablemente los líderes de los principales grupos políticos hacen caso omiso de esta situación, poniéndonos en una condición sumamente crítica y vulnerable. No es sólo el gobierno de Nicolás Maduro, sino también los delirios extractivistas que tuvieran Henrique Capriles Radonski –“Petróleo para tu progreso”– o Leopoldo López –“Petróleo en la Mejor Venezuela”– como modelo de país para el futuro. Todos comparten la misma receta expansiva.
Preocupa la consciente evasión para generar debates públicos, inclusivos y verdaderamente vinculantes de temas tan medulares como estos, que en cambio no se discuten, o se tratan con slogans y superficialidades. También inquieta la permanente desestimación y omisión de alternativas que surgen desde diferentes actores políticos y sectores de las organizaciones sociales. Por ejemplo, las posibilidades de invertir en la recuperación secundaria en pozos convencionales que aún tienen en promedio una vida de 60 a 70 años, suficiente tiempo para financiar una transición de modelo; el aprovechamiento de la capacidad instalada para la producción económica y generación de energía; relanzamiento productivo de tierras ociosas y el incentivo a las iniciativas productivas existentes (en vez de ser atacadas); una política fiscal que cargue a los sectores económicamente más poderosos; entre muchas otras.
Estamos ante una situación de cambios significativos y esto supone la activación de novedosos mecanismos políticos, sociales y epistémicos para enfrentarla. Planteamos que, un camino diferente, productivo, inclusivo y participativo, y ecológicamente sustentable, no será impulsado desde las élites políticas y económicas del país, sino que tendrá que venir como propuesta impulsada y peleada desde las bases sociales, sobre todo las más organizadas.
Sabemos que esta crisis ha impactado notablemente el campo popular, sus horizontes, sus energías, sus tejidos, sus esperanzas. No queda más que comenzar a crear a partir de lo existente, reinventarnos, reencontrar las potencialidades de un pueblo que ha sabido ocupar las calles por sus demandas, que ha sabido ser torbellino, enjambre, épica. Pero debemos insistir: necesitamos otros códigos, otros sentidos comunes, otras valoraciones, otras subjetividades. Esta crisis está también sostenida por los paradigmas epistémicos y antropológicos de la cultura del petróleo.
Más allá de la retórica, creemos que es posible orientar una coalición popular contra-hegemónica a partir de dos de los factores materiales fundamentales que rigen la organización de la vida: la distribución económica y la distribución ecológica. Es decir, para nuestro caso, la confluencia entre demandas por mayor justicia en la distribución de la renta petrolera y las luchas contra el extractivismo en los territorios.
Respecto a la primera, creemos que un factor que puede nuclear movilizaciones de grupos muy diversos tiene que ver con la creación e impulso de una amplia plataforma para una auditoría de todas las cuentas públicas: asignación de presupuestos y partidas, inversiones en proyectos, adquisición de deuda pública (en especial la externa o externalizada), y un largo etcétera. Este tipo de propuesta ha sido impulsada en otros países y en Venezuela se ha promovido desde organizaciones como la Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana y el Capítulo Venezuela del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM-AYNA). Lo ideal es lograr formas variadas de participación popular en dichas auditorías, así como poder impulsar la formalización de mecanismos permanentes de contraloría social de las cuentas públicas, como los llamados “Gobiernos electrónicos o “e-gobiernos”.
En relación a la distribución ecológica, es fundamental hacer visible que la propia existencia y distribución de la renta está determinada por los diferentes proyectos extractivistas, que suponen impactos territoriales, socio-ambientales, culturales y, en general, económicos negativos. Esto supone vincular directa o indirectamente a las organizaciones y bases movilizadas por las auditorías públicas con los diferentes conflictos y movilizaciones que se producen en el país en torno a la defensa de los bienes comunes y de la justicia ambiental (piénsese en las múltiples protestas por el acceso al agua que se desarrollan en el país), y poder evidenciar tanto el origen de la cadena de desigualdades, explotación y pobreza, conocer el conjunto de las injusticias que genera el modelo de desarrollo, así como la necesidad de una integralidad de las luchas por la reproducción social de la vida.
Se trata inclusive de un proceso altamente pedagógico para el propio campo popular, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos en los últimos años, en torno a la coalición de diversas luchas económicas, políticas y ecológicas.
El Arco Minero del Orinoco, mega-proyecto propuesto por el Gobierno nacional para enfrentar la crisis estructural del modelo rentista petrolero, revela tal vez con mayor claridad la confluencia de muchos de los factores críticos descritos: el impulso de falsas soluciones (salir de la crisis creada por el modelo extractivista, con más y nuevo extractivismo), la opacidad de los convenios y acuerdos, el respaldo de la deuda asumida irresponsablemente con la mercantilización de la naturaleza de nuestros territorios, y los múltiples impactos socio-ambientales que conllevará el proyecto.
Estos factores materiales son uno de los más sensibles a la población y constituyen tanto algunas de las urgencias inmediatas para confrontar la situación con justicia social y ambiental, como la apertura de más espacios para discutir y confrontar los temas medulares que tienen que ver con el propio modelo de sociedad que queremos y que no queremos. Es apenas una propuesta más para empezar a nuclear voluntades.
*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la UCV, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador asociado al Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES), miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’. Participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y es miembro de la Red Oilwatch Latinoamérica.
