Durante los gobiernos de Betancourt y Leoni (1959-1968), la oligarquía venezolana obtuvo la concesión del suministro eléctrico para Caracas derivado de la entonces "nueva fuente" de energía de la Hidroeléctrica del Guri. A los Machado Zuloaga, dueños de la empresa "Electricidad de Caracas", se les entregó el "ĺomito" de todo el sistema integrado instalado en Venezuela es decir la Gran Caracas, pasaba un servicio público estratégico a manos privadas y así empezaron a facturar el servicio de energía eléctrica en la capital venezolana, 50 años después esto fue revertido por el gobierno Bolivariano mediante un decreto del presidente Chávez en 2007 en una política de recuperación de las empresas públicas estratégica de la República.

Desde entonces se crea Corpoelec, para la reversión al estado venezolano de todas las empresas públicas eléctricas que durante el Puntofijismo fueron privatizadas por órdenes del Fondo Monetaria Internacional,sin embargo los sistemas de control seguían dependiendo de empresas transnacionales, lo que derivó en una gran debilidad para las políticas de recuperación de la soberanía nacional.

Así como el sistema eléctrico, el sistema de telecomunicaciones incluso el sistema bancario nacional son objetivos selectivos para la guerra psicológica contra el pueblo venezolano como parte de un procesos de intervención ofensiva del gobierno de los Estado Unidos contra Venezuela.

Cada una de estas acciones tienen en el fondo componentes de violencia política para el objetivo de generar el caos social y político donde se agregan los escenarios de la violencia económica y financiera que han articulado con el asalto y despojo a los bienes de reservas que Venezuela tiene en Estados Unidos y Europa, todo ello para destruir los planes de independencia de Venezuela y recuperar el privilegio de las reservas energéticas y minerales venezolanas.

Difícilmente podemos encontrar en la memoria histórica venezolana o latinoamericana contemporánea tanta violencia como la que ha promovido y financiado el gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela, especialmente en el lapso de 2012 a 2019 . Tales hechos y sucesos tiene categoría de terrorista y por tanto sus promotores tienen las "credenciales" para ser llevados a juicio mediante los mecanismos de justicia nacional e internacional de acuerdo a lo establecido en el estado derecho.

Las violaciones de los derechos humanos en tanto fueron y son vulnerados el derecho a la vida y a la paz social de 30 millones de habitantes en el caso de Venezuela, tiene una valoración política muy significativa y es que tanto altos voceros del gobierno de Estados Unidos como de la oposición venezolana, han señalado de manera pública las amenazas que luego se convierten en hechos fácticos tipificados de crímenes de terror como anteriormente señalamos.

Las dimensiones de estas violaciones son comparables a la grave afectación que el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos latinoamericanos arrodillados a las políticas del Gobierno Norteamericano provocó durante los 80, los 90 y ahora en el siglo XXI a pueblos sometidos a los designios de la Reserva Federal de los EEUU, pero en esta oportunidad focalizados en Venezuela en tanto el Gobierno Bolivariano y el pueblo venezolano transitan una ruta soberana e independiente en correspondencia a su desarrollo social, político y económico, distintas a las que obligan e imponen los intereses de los centros del capitalismo mundial y especialmente el gobierno norteamericano.

Días después el gobierno de Estados Unidos a través de la presidencia emitió orden ejecutiva para "proteger" a EEUU de Ataques de Pulso Electromagnético (EMP), considerados potencialmente peligrosos para infraestructura crítica como la red eléctrica", los mismos que fueron usados por agentes agresores contra el sistema eléctrico venezolano, no sabemos si en Venezuela se ensayó el sistema o sencillamente una manera de ocultar la responsabilidad sobre ese acto terrorista.

El pueblo venezolano como los pueblos del mundo han visto en estos días el intento de estrangulamiento por distintas vías que resulta en la la violación de los derechos humanos de mayor dimensión ocurrida en América Latina en los últimos tiempos, solo comparable al sufrimiento masivo causado a los pueblos de Irak, Libia y Siria. Por lo que la resistencia prolongada del pueblo venezolano debe ir acompañada de una ofensiva informativa sobre la verdad y el daño provocado por las políticas intervencionistas y agresivas del gobierno norteamericano.