Abril 2019

En las últimas semanas, Venezuela ha sufrido al menos siete megaapagones que dejaron a oscuras a más de 80% del territorio nacional. Nicolás Maduro afirmó que se trata de ataques contra estaciones eléctricas, provocados por orden de Donald Trump y Juan Guaidó. La oposición, mientras tanto, culpa a la corrupción del gobierno y a la impericia de la burocracia. Lo cierto es que el colapso de los servicios evidencia la crisis general del país, una crisis que afecta cada vez más a los que menos tienen.

En las últimas semanas, Venezuela ha sufrido al menos siete megaapagones que dejaron a oscuras más de 80% del territorio nacional; algo completamente inédito. En estas fechas, millones de hogares no han recibido una gota de agua y el país se ha paralizado casi por completo. El metro, ese estupendo tren subterráneo capitalino, ha dejado de funcionar durante varias jornadas. Los servicios estudiantiles se han detenido, no hay dinero en efectivo desde hace meses y las plataformas de pago electrónico funcionan con gran dificultad; hay una especie de dolarización informal que ha ido desplazando al recientemente creado bolívar soberano. La telefonía viene fallando con mayor frecuencia y el uso de internet es azaroso y eventual. Miles de comunidades no reciben gas por bombonas y la policía brilla por su ausencia en calles que no tienen ninguna señalización luminiscente para cuando la electricidad falla.

El Estado se ha ausentado por completo en el agravamiento de esta coyuntura, y sus funcionarios menores solo atienden a lo más alto de una burocracia civil y militar. No hay programas de contingencia, ayudas o ejercicios militares (o civiles) que organicen a la población cuando los apagones ocurren. El gobierno simplemente aparece en una transmisión televisiva para aludir, repetitivamente, a los sabotajes protagonizados por la dupla Donald Trump- Juan Guaidó. Pero ¿qué hay detrás del colapso en los servicios?

La (absoluta) imposibilidad de acumulación de capital y su ruina indetenible

El final del ciclo de expansión rentístico se evidencia en el periodo 2014-2018, un quinquenio que se caracterizó por cinco caídas sucesivas en el PIB, algo nunca antes visto en la economía venezolana. Para los años 2017 y 2018, se observa un agravamiento de la crisis, con la irrupción de una hiperinflación que ha roto récords en América Latina. La caída estimada del PIB en el primer trimestre de 2019 puede rozar el 45 %, según pronósticos moderados. Todo ello podría generar una caída anual de alrededor de 25%, lo que podría llevar a la pavorosa cifra de 62,5% de caída de la producción para el periodo 2013-2019.

De forma extremadamente sintética, puede decir que:

• Por quinto año consecutivo el país exhibirá la inflación más alta del mundo, estimada según la Asamblea Nacional (AN) en 1.698.488,2% para el año 2018. De este modo, el país detenta el décimosexto mes consecutivo con hiperinflación (noviembre de 2017 a febrero de 2019).
• Aunque es posible sostener que la estimación de la AN es exagerada, en el mejor de los casos la inflación de 2018 estuvo alrededor de 90.000%, considerando una depreciación de similar magnitud en el tipo de cambio.
• El valor del dólar paralelo (que sirve para fijar casi todos los precios de la economía) se incrementó en más de 88.000% en 2018, lo cual ha desintegrado por completo el poder adquisitivo.
• El salario real para el periodo 2013-2018 descendió 95%.

Esta dramática situación económica ha herido gravemente los servicios públicos «gratuitos». La crisis ha hecho insostenible la transferencia de la exigua renta petrolera por la vía de gigantescos subsidios, lo que ha redundado en su contracción.

20 años de subsidios a la energía: ¿por qué Venezuela sufre blackouts?

En el país, apenas 1% de la generación de energía primaria proviene de biocombustibles y residuos, y solo 11% se explica por la energía hidroeléctrica; 54% proviene del petróleo y 34%, del gas natural (2015), pese a que Venezuela tiene un enorme potencial hidroeléctrico subutilizado. Entre 2000 y 2015 el uso de petróleo se ha incrementado 20% y la utilización de gas ha descendido en la misma proporción. El cambio hacia energías menos contaminantes se ha frenado por el forzado sostenimiento de dantescos subsidios a la energía.

Aunque lamentablemente no es posible contar con el presupuesto de la nación, que no se publica desde 2016, se podría decir que la energía se regala a través de tarifas que reflejan precios irrisorios. Se puede decir como ejemplo que con un dólar (paralelo) se pueden llenar unos 200.000 tanques de gasolina de 40 litros cada uno. Con la electricidad sucede algo similar. De acuerdo con un estudio realizado en 2014, el país pierde (como costo de oportunidad) 51.000 millones de dólares al año para mantener el subsidio en gasolina, diésel, energía eléctrica y gas.

El bajo precio de la gasolina le costó al país 17.000 millones de dólares anuales, lo que representó 98,4% del costo real del combustible; ahora esta cifra ha empeorado porque la gasolina es aún más barata en términos reales. Por el obsequio del diesel se dejan de percibir 13.000 millones de dólares anuales. En total, anualmente, el país gastó (año 2014) aproximadamente 34.000 millones de dólares en la subvención de los combustibles. Ni hablar de que la gran compañía estatal CADAFE pierde 40% de su electricidad (energía no facturada) por sostenidos robos en conexiones ilegales.

Se estima que los subsidios totales entregados por concepto energético entre 2014 y 2016 alcanzaron los 75.000 millones de dólares, alrededor de 10 veces la deuda externa completa de Bolivia en 2016. Vistos de forma acumulada, equivaldrían a cerca de 20% del PIB promedio de esa triada de años. Esto es evidentemente insostenible y una invitación al derroche. El gasto estatal en educación, salud y vivienda (sumados) apenas alcanzó en 2013 el 9,6% del PIB, muy por debajo del subsidio general otorgado.

Algunas razones estructurales del colapso eléctrico

Para la mayoría de las grandes ciudades (exceptuando las ubicadas en el estado Zulia), los apagones eran excepcionales hasta finales de 2018. Sin embargo, muchas ciudades y pueblos lejos de la capital han venido sufriendo un fuerte racionamiento eléctrico que los ha dejado días sin ese esencial servicio. Esa «administración de carga», como ahora llama el gobierno al racionamiento, tiene al menos diez años manifestándose sotto vocce. Entre los años 2001 y 2005 ya habían ocurrido 316 interrupciones mayores de 100 MW en el Sistema Interconectado Nacional (SEN).

Aunque la vigente Ley Eléctrica que data del 14 de diciembre de 2010 dice que el acceso a la electricidad es un «derecho humano», este se ha venido vulnerando en repetidas ocasiones, lo que causa graves daños al país. En septiembre de 2015 murieron siete bebés prematuros en el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui, por causa de una prolongada falla eléctrica. Un caso análogo ocurrió en el Pediátrico Menca De Leoni, el 14 de febrero de 2018, en Guayana, donde la falla eléctrica duró cuatro horas, la planta eléctrica del Pediátrico no funcionó y por lo tanto «fallaron las presiones del aire comprimido y del oxígeno, y el saldo fue de seis recién nacidos muertos».

Podría pensarse que no hubo dinero para invertir en el sistema eléctrico. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Según el especialista Víctor Poleo, hubo un despilfarro estimado en 40.000 millones de dólares en inversiones que solo sirvieron para enriquecer a una burguesía corrupta asociada a la alta burocracia estatal. Para muchos, la debacle del sistema deviene de la desnacionalización de Electricidad de Caracas (EDC), por una venta írrita realizada por el gobierno de Hugo Chávez en 2000 a la empresa estadounidense AES. La EDC estuvo en manos de AES hasta 2007, cuando fue recomprada por Petróleos de Venezuela (PDVSA). La operación fue de 1.200 millones de dólares, pero lo que AES vendió no fue lo que compró en 2000, pues ya había vendido muchas partes a empresas de España y Colombia.

Obviamente, hubo un ingente sobreprecio que dejó jugosas comisiones. Dennis Vásquez, presidente de AES, dijo que nunca habían hecho un negocio tan bueno como ese. Infaustamente, las «nacionalizaciones» del gobierno bolivariano fueron pingües negocios con monumentales comisiones que enriquecieron a una elite y que de ningún modo fueron parte de una «revolución socialista» o de algo remotamente similar.

La clase obrera del sector también alertó sobre los gravísimos problemas que no tenían ninguna respuesta gubernamental. Los obreros de la Corporación Eléctrica Nacional (Corporelec), la central que agrupa a todas las empresas de electricidad de Venezuela, tienen desde 2012 sin firmar su contrato colectivo. Obreros técnicos que en 2011 ganaban más de 10 salarios mínimos ahora solo reciben cerca de dos salarios mínimos y, a la sazón, ganan 12 dólares mensuales (al tipo de cambio oficial).

Con un salario tan bajo, los obreros técnicos más calificados han decidido emigrar. Se estima que de 50.000 empleados ahora quedan 30.000 y lamentablemente subsisten los menos preparados o los más cercanos a la jubilación. En el principal Centro de Atención Eléctrica trabaja menos de un tercio del personal que trabajaba hace seis años, y con menos herramientas, uniformes y equipos. Manifestar descontento o una vocación política adversa al gobierno pueden granjearles persecución, los típicos insultos de «apátrida» y «traidor» o, peor aún, puede ser motivo de sospecha de una actividad de sabotaje, como el emblemático caso de Elio Palacios, sindicalista (chavista) que denunció la falta de mantenimiento e inversiones en el sector y vislumbró la posibilidad de colapso eléctrico. Palacios fue detenido y llevado a la cárcel, según el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), por la difusión de «información falsa», «destinada a causar pánico y zozobra en la ciudadanía».

Sabotajes con rayos electromagnéticos, francotiradores o un simple incendio

Para Poleo, lo que ocurrió el 7 de marzo fue una serie de incendios en el tramo de Guri a Malena, subestación que está a 120 kilómetros de la represa en la desembocadura del río Caura en el Orinoco. Las imágenes tomadas por satélite muestran ámbitos con 700 o más grados centígrados, es decir, varios incendios en ese tramo y también en el Malena-San Gerónimo (Guárico). Los incendios quebrantan mecánica y eléctricamente los conductores y los sistemas de protección disparan la salida. Ese día, a las 4:30 pm, desconectaron el Caroní. Pero ese volumen de carga se devolvió violentamente contra la casa de máquinas y sacó de servicio a las turbinas del Guri, Caruachi y Macagua; el sistema entró en situación de inestabilidad, y como no hay termoeléctricas, se produjo una demanda en vacío y el país se apagó.

Nicolás Maduro comentó, en cadena nacional, que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) había sufrido un ciberataque. Pero todos los expertos en el área eléctrica lo consideraron por completo imposible, debido a que los sistemas de control del SEN no están conectados a ninguna red externa con posibilidad de conexión atacable a través de internet. En la misma cadena, Maduro aseveró que habían sido ataques con rayos de pulso electromagnético, que a través de dispositivos, naves o algo así habían sido disparados contra estaciones de transmisión eléctrica por órdenes de Trump-Guaidó. Sin embargo, la posibilidad de un rayo electromagnético destructor es completamente descartable, por no decir ridícula, debido a que la energía necesaria para que este rayo pueda destruir partes de SEN requiere de una liberación de energía equivalente a la que una bomba nuclear desarrolla en su explosión. De haber sido así, sería visibles los rastros de alguna estallido, que nadie vio, fotografió (ni oyó) en Venezuela.