Martes, 23 de mayo de 2023.- El Amparo o protección Constitucional hasta donde conocemos, no somos abogados pero amamos el derecho, es una medida que salvaguarda el derecho de aquellos sujetos que lo solicitan ante la perspectiva cierta de que esos derechos sean violados.

En el caso que nos ocupa, el de la amenaza que se cierne sobre el Partido Comunista de Venezuela, el PCV, de ser intervenido, judicializado y despojado de su tarjeta electoral por el Consejo Nacional Electoral, el CNE, violando, si se logra ejecutar el potencial despojo, su derecho a la participación ciudadana tal como lo garantiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se trata de un derecho colectivo.

La amenaza existe, el carro ya se soltó y se echó a andar y lo que parece una conspiración ya está en marcha, como ya se hizo en el pasado reciente con otros partidos y el que lo hagan en una fecha muy próxima a las elecciones presidenciales del año que viene les incrementaría su posibilidad de sacar al PCV del juego electoral y esa parece ser la intención que llevan.

Aparentemente, hasta el momento, por ahora, no hay nada ilegal, un grupo de ciudadanos, ejerciendo sus derechos constitucionales se reunieron en asamblea en el Teatro Principal de la ciudad de Caracas, para solicitar la intervención del PCV, que consideran está en situación irregular.

Hasta ahí, todo parece normal, solo que los asambleístas convocados no pertenecen al PCV sino al PSUV, unos estuvieron en el pasado relacionados con el partido del gallito rojo, pero ya no, y además otros cumplen funciones en el CNE del estado Monagas, huele un poco extraño todo el movimiento.

La repetición de un patrón de acción que ha venido aplicando el gobierno nacional y el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, en desmontar y de hecho, prácticamente ilegalizar y privar de sus tarjetas electorales a los partidos políticos que no siguen estrictamente su línea, llama a la reflexión.

No existe oficialmente, dentro del ordenamiento formal del Sector Público Nacional el cargo o la oficina del Censor Público, quienes serían los encargados en determinar quién puede y quien no puede participar en la vida institucional de la Nación, en las próximas elecciones, por ejemplo, no existe oficialmente esa institución, pero de hecho se está presentando la situación de la configuración, aceptada por muchos como normal, de grupo de ciudadanos, sin autorización formal, legal, que se han abrogado el derecho a decidir quién tiene tarjeta electoral y quién no, de ahí, quien puede ser elegido y quien no.

Nosotros decidimos quien puede ir a las elecciones y quienes no pueden, piensan, convencidos de su proceder.

Pueden seguir utilizando las tácticas que en un pasado reciente les han dado resultados y pueden introducir sus demandas, manejando los tiempos procesales, de manera que le impidan a los potenciales demandados defender sus posiciones con suficiente margen.

Tácticas legalmente correctas pero política y éticamente incorrectas.

Violatorias de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al impedir el libre ejercicio de la participación ciudadana.

Ante esta situación, que de hecho, está sucediendo en frente de nuestros ojos y ante el peligro que derechos colectivos a participar en las próximas elecciones sean leguleyamente violados pensamos que un Amparo Constitucional a favor del PCV que garantice su libre participación en los próximos comicios es absolutamente necesario y procedente.

Sería muy interesante saber la opinión de los ilustres abogados y abogadas con respecto a este delicado tema de orden constitucional que afecta profundamente a la vida nacional, por favor, no se queden callados e ilumínenos al respecto.

La vida democrática es un ejercicio diario de derechos y deberes y no ver los hechos y las realidades que nos rodean, esconder la cabeza dentro de la tierra, como un avestruz, no es la mejor forma de ejercitarla.

Noticia relacionada: (VIDEO) Oscar Figuera: Gobierno intenta crear un falso PCV subordinado a su política neoliberal