Elecciones en Venezuela: Maduro y Machado van con todo

No es un secreto que Washington está tan enamorado de la candidata presidencial María Corina Machado, como ella está de Washington. Como ejemplo, el día después que el gobierno de Biden parcialmente levantó las sanciones contra Venezuela el pasado octubre, el Secretario de Estado Antony Blinken advirtió que la medida sería revocada si para el 30 de noviembre el Presidente Nicolás Maduro no habilitaba a Machado para participar en las elecciones presidenciales. La amenaza no se cumplió por el anuncio de que Machado podría apelar a la medida de prohibición ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Machado rechazó la oferta de ir al TSJ, pero subsecuentemente cambió de parecer. Después de que el TSJ confirmó la inhabilitación en enero, EEUU empezó a reimponer las sanciones. 

Las elecciones presidenciales están programadas para el 28 de julio y Maduro indudablemente va a lanzarse como candidato. Machado, quien llama a Maduro un “narco dictador” y dice que lo quiere vivo para poder enviarlo a la cárcel, fue elegida en elecciones internas de la oposición para ser la candidata de los principales partidos de la oposición. En las primarias realizadas en octubre, ella supuestamente sacó 92.5% del voto, aunque la validez de esa cifra fue cuestionada por el candidato que llegó en segundo lugar, Carlos Prosperi. La candidatura de Machado, conjuntamente con el anuncio que confirma su inhabilitación, presagia graves problemas para un país que ha sido castigado por la violencia política durante las últimas dos décadas.   

Los medios corporativos y los analistas pro-sistema limitan sus pronósticos electorales a dos escenarios: O Maduro pierde o hay fraude electoral. Para algunos, independientemente de los resultados, se espera la tracalería electoral. Geoff Ramsey del Atlantic Council comentó al New York Times: “No creo que la comunidad internacional tenga ilusiones de que esas elecciones van a ser libres”.

Estas predicciones pasan por alto varios factores que ponen a la oposición en desventaja. El partido gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), es un partido bien organizado y disciplinado, a diferencia del partido de Machado, “Vente Venezuela”, que carece de una estructura sólida. Más importante que eso, las divisiones y animosidades mutuas dentro de la oposición y la desconfianza de los venezolanos hacia los políticos en general pueden traducirse en abstención masiva en julio. Finalmente, los seguidores de Machado y los venezolanos en general se oponen mucho a lo que ella representa, particularmente su apoyo tenaz al neoliberalismo estilo radical. 

Luis Vicente León, el encuestador más prominente de la oposición, reportó inmediatamente después de las primarias que cerca de 70% de los que votaron para Machado se oponen a su posición de rechazar negociaciones con el gobierno y su apoyo a las sanciones internacionales contra Venezuela. En las palabras de León, el apoyo a Machado es básicamente “emotivo.” 

Machado, el “Outsider” 

En diciembre de 2021, el partido Vente Venezuela rompió con Juan Guaidó. “Es tiempo [para la oposición] de constituir una nueva dirección.” Machado alegó que al gobierno paralelo de Guaidó, “le faltaba transparencia” y estaba desconectado del pueblo y de Estados Unidos, y generó “indignación”. 

Con esas palabras duras, los seguidores de Machado y algunos analistas empezaron a pintarla como una especie de lobo solitario. El País la llamó “una política aislada” y agregó que ella está “férreamente en contra del sector moderado de la oposición, a quien ella durante mucho tiempo acusó de hacer el juego al gobierno”. 

Sin embargo, Machado está muy lejos de ser un outsider. Desde el referendo revocatorio de 2004 cuando gritó fraude electoral contra Hugo Chávez, Machado ha apoyado firmemente todos los esfuerzos para lograr el “cambio del régimen”, que en cada caso ha terminado en un fiasco rotundo. 

En un encuentro poco probable para un “outsider”, Machado, en representación de la ONG Súmate, financiada por el National Endowment for Democracy – un brazo del gobierno estadounidense – se reunió con el Presidente George W. Bush en la Casa Blanca en 2005. En 2014, Machado estaba en la tarima al lado del exaltado líder Leopoldo López cuando inició las protestas de 4 meses con fines insurreccionales, conocidas como “la guarimba”. Lo más significativo fue el respaldo que Machado recibió solamente 10 días antes de las primarias de octubre de parte de Voluntad Popular, partido de López, el cual al mismo tiempo retiró su propio candidato de esas contiendas.   

Machado está lejos de ser una “política aislada”. Ella está en el mismo campo ultra-derechista de Voluntad Popular, que también es el partido de Guaidó, quien ahora en Venezuela no es nada menos que un paria.

El cambio de marca de Machado con el fin de llegar a ser una política anti-política tiene sentido. La encuestadora Datincorp reportó que 63% de los encuestados creen que el candidato ideal para 2024 sería un independiente – tanto del Chavismo como la oposición. En sentido similar, el encuestador Oscar Schemel señaló que “el peligro más grande para el Chavismo viene de un outsider”. 

La candidatura derechista de Machado forma parte de una tendencia en la región. En los años 90, los candidatos neoliberales como Alberto Fujimori, a sabiendas que el neoliberalismo no ganaría las elecciones, escondió sus intenciones y siguió una estrategia de “cebo y cambio”. Pero durante la última década, con la polarización intensiva en la política latinoamericana, los líderes derechistas pro-norteamericanos han sobrepasado a los centristas para enfrentar a los gobiernos progresistas. Ejemplos incluyen Jair Bolsonaro y Javier Milei. Ahora los candidatos derechistas están más abiertos acerca de sus planes para un sacudón radical del estado de bienestar. Sin embargo, muchos ultra-derechistas apoyan algunas propuestas populistas con el fin de desviar atención de las medidas impopulares que ellos abogan. Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG PROVEA, apuntó a una estrategia de ese tipo al decir a El Tiempo de Venezuela que el papel de Machado como una candidata de consenso requiere un proceso de “invención y construcción”. 

Sin embargo, Machado es una extremista en muchos aspectos. Ella y sus asesores ven a la privatización masiva como un vehículo para la recuperación económica. Su propuesta de crear una Agencia de Energía y Petróleo representa un retroceso a los años iniciales de la industria petrolera venezolana de los años 20. Su sistema de vales escolares y la eliminación de la igualdad para el sistema de seguro social forman parte de lo que ella llama “el capitalismo popular”, un término usado por Margaret Thatcher y Augusto Pinochet. Su asesor principal en el campo de educación promete que va a garantizar que todos los venezolanos sean bilingües en inglés. 

Aún más extrema es la estrategia de Machado de llegar al poder a través del enfrentamiento. La historia de 25 años del gobierno chavista está llena de llamados en favor a la desobediencia civil con el fin de lograr el “cambio del régimen”, resultando en choques callejeros y violencia. La insistencia de Machado de que las movilizaciones populares combinadas con la presión proveniente de los poderes extranjeros van a convencer a Maduro a echarse atrás y habilitarla, parece un récipe para la violencia. 

En un ejemplo notorio de ese tipo de maniobra, el líder de Vente Venezuela y ex-alcalde de Caracas Antonio Ledezma declaró el año pasado que la única manera de inscribir a Machado como candidata es a través de la “desobediencia civil”. También se pronunció en favor de hablar con los militares, a lo que él alegó era perfectamente “normal” en una democracia y no representaba ninguna conspiración contra el gobierno. Ledezma invocó el Artículo 350 de la constitución, que en otras ocasiones había sido interpretado por los líderes de las guarimbas para justificar el derecho de rebelión. 

Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, que es el partido históricamente más grande en Venezuela, calificó esas afirmaciones como “ridículas”.  

La estrategia de llegar al poder a través de la confrontación y desórdenes crea las condiciones para la represión, que muchas veces acompaña la implementación de las fórmulas radicales de neoliberalismo que Machado apoya (recuerda Pinochet). La misma dinámica se observó en el golpe de estado contra Chávez en abril de 2002, como el editor de NACLA en ese entonces, el recién fallecido Fred Rosen, y yo notamos poco después. Escribimos que el líder del golpe Pedro Carmona y sus aliados trataron de lograr un “rompimiento completo con el pasado populista… Ellos se alzaron no en favor de la democracia – como podría haber alegado, con quizás cierta credibilidad, algunos de los populistas anti-Chavistas – sino en favor de los intereses de clases” representados por Carmona. 

El lado político de la estrategia de Maduro

Los resultados de las elecciones presidenciales tendrán mucho que ver con las adversidades económicas venezolanas, pero también van a tener que ver con la debilidad de la oposición, que Maduro ha hecho mucho para profundizar. 

La oposición ha tratado de remover a Maduro por diversas maneras, como hizo con Chávez en sus primeros años como presidente. Con cada esfuerzo – como en 2015 cuando la oposición ganó control de la Asamblea Nacional – los líderes anunciaron la inminente salida de Maduro. Ahora Machado, Guaidó y otros líderes anti-Chavistas reconocen su propia “ingenuidad” (palabra de Guaidó) y el poder de permanencia del presidente. Ellos atribuyen la supervivencia política de Maduro a su comportamiento despiadado y anti-democrático. 

En contraste, algunos izquierdistas alaban la habilidad de Maduro de aguantar y responder efectivamente a todas las maquinaciones de desestabilizaciones. El veterano de la izquierda Eligio Damas, autor de más de 3,000 artículos en Aporrea.org, me dijo: “Los críticos izquierdistas de Maduro no toman en cuenta que Chávez por la mayor parte de su presidencia no tenía desafíos tan apremiantes como tiene Maduro, tanto en el frente político como económico. Maduro es políticamente astuto; en caso contrario no hubiera durado tanto tiempo en el poder.” 

No cabe duda de que Maduro ha demostrado ser un estratega formidable. Ha tomado varias decisiones importantes que desataron controversias, pero terminaron como golpes maestros. En 2017, Maduro convocó a elecciones para una asamblea constituyente, que según la oposición tenía que ser ratificada primero en un referéndum nacional. Maduro negó proceder en esa forma, pero su llamada a elecciones fue un éxito rotundo. Puso fin abruptamente a los 4 meses de guarimba cuya única meta era sacar a Maduro del poder. La Asamblea inmediatamente programó elecciones gubernamentales y los partidos de la oposición optaron por participar en vez de seguir con las guarimbas. 

Había argumentos legales sólidos en favor y en contra de la llamada de Maduro para la Asamblea Constituyente. Sin embargo, una segunda maniobra del chavismo fue menos convincente desde el punto de vista constitucional, pero fue igualmente efectiva en combatir los esfuerzos de una oposición insurgente en lograr el “cambio del régimen” por cualquier medio posible. En 2020 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconoció un grupo de disidentes de Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular como los representantes legítimos de sus respetivos partidos. Con el apoyo de los diputados chavistas, que se abstuvieron en exigir posiciones principales, la nueva dirigencia de esos partidos obtuvo los 84 votos necesarios para reemplazar a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Luego los seguidores de Guaidó formaron lo que llegó a ser una asamblea nacional paralela virtual, pero su insistencia de que él era el presidente provisional de Venezuela – que restaba en su condición de ser presidente de la Asamblea Nacional – perdió toda credibilidad.  

Innegablemente, la decisión del TSJ careció de argumentos convincentes constitucionales. La Academia de Ciencias Políticas denunció la “ilegalización e intervención de los partidos principales de la oposición” por ser un atropello a los derechos legales de los partidos políticos. 

Una tercera jugada, igualmente polémica, que desde el comienzo dividió a la oposición, fue la decisión tomada por el Contralor Nacional chavista, Elvis Amoroso, en junio del año pasado. Amoroso inhabilitó a Machado, en base, entre otros motivos, a su apoyo a las sanciones contra Venezuela. Amoroso me dijo: “El apoyo de Machado a una invasión norteamericana la hace culpable de traición a la patria, pero la contraloría es un cuerpo administrativo que podría referirse a eso solamente indirectamente”. Agregó que el cargo de traición va a los tribunales. 

Los dos partidos más grandes de la oposición, AD y Primero Justicia, entre otros, reaccionaron a la decisión de la contraloría proponiendo una estrategia de adherirse a las reglas del juego definidas por el gobierno, y evitar posiciones divisivas, una política que fue un éxito rotundo en las elecciones para la Asamblea Nacional en 2015. Por el contrario, Machado se negó a renunciar a sus aspiraciones presidenciales y otras posiciones polémicas. 

El reconocimiento por parte del Estado a los partidos AD, Primero Justicia y Voluntad Popular dirigidos por los disidentes también intensificó las divisiones en la oposición. Los dirigentes anti-chavistas de la línea dura llamaron a los disidentes “alacranes”, un término chocante que sigue agriando las relaciones entre los dos bloques e impidiendo el entendimiento. 

Luis Parra, un disidente de Primero Justicia que llegó a ser presidente de la Asamblea Nacional por un año en 2020, afirmó tres años después: “El tiempo ha demostrado que teníamos la razón”. Durante ese lapso de tiempo, la mayoría de los líderes de la oposición terminaron cambiando su postura, abandonando las posiciones que los disidentes habían criticado, en particular el llamado a la abstención electoral y la imposición de sanciones internacionales a Venezuela.

Las posiciones de los disidentes están más alejadas de las políticas de Machado, que de las políticas de Maduro, tanto así que llegan a calificar al partido de Machado de “ultraderecha”. El partido AD de los disidentes, dirigido por el veterano dirigente José Bernabé Gutiérrez y con candidato presidencial propio, alega que la mayoría de los líderes de la derecha radical “está operando desde la comodidad de un autoexilio dorado”. Acusa a Machado y los otros miembros de la derecha radical de promover el abstencionismo, conducir al “caos total”, y proporcionar una “excusa perfecta para el fracasado gobierno de Nicolás Maduro". En 2020, Washington incluyó a Gutiérrez y a otros disidentes en la lista de sancionados por haber “debilitado a la democracia venezolana”. 

El frente económico

Las reformas económicas de Maduro que favorecen al sector privado están alineadas con su estrategia de neutralizar y dividir a los sectores de la oposición. Francisco Rodríguez, asesor económico del principal contrincante contra Maduro en las elecciones presidenciales de 2018, me dijo en Washington que después de esas elecciones “Maduro empezó a abandonar su anterior enfoque antagónico hacia los empresarios, un cambio que ayudó a atraer algunos dirigentes de la oposición a la idea del diálogo”.   

El asesor económico y diputado nacional Jesús Faría ofreció un argumento de peso para abandonar la política de aumento salarial constante, siempre devorado por la inflación. Faría advirtió que “para incrementar salarios hay que fortalecer la producción”. El levantamiento de las sanciones impuestas por EEUU contra el petróleo venezolano jugaría un papel importante en este sentido. El Partido Comunista de Venezuela (PCV) – del cual el padre de Faría fue un líder histórico y también un dirigente sindical – ha denunciado “la pulverización de sueldos y salarios” en el país.   

Como parte de su estrategia económica, el gobierno de Maduro ha abierto al país al capital extranjero, particularmente en las “Zonas Económicas Especiales” (ZEEs), donde se suavizan los requerimientos legales con el fin de atraer las inversiones. Mientras que el PCV y otros grupos de la izquierda alegan que el gobierno ha abrazado el neoliberalismo, Maduro y sus asesores afirman que la mayor parte del capital privado procederá de China y otros países miembros del BRICS en lugar de EEUU.

Para Machado, la idea de las ZEEs se origina del “modelo totalitario chino”. Por su parte, el entonces líder de Vente Venezuela y diputado nacional, Luis Barragán, dijo a la agencia noticiosa EFE que las ZEEs representan “una herramienta rudimentaria utilizada por los criminales mafiosos para la explotación de los recursos estratégicos”.  

Durante su viaje a China en septiembre del año pasado, Maduro visitó una de las ZEEs más conocidas y firmó un acuerdo para establecer vínculos entre las ZEEs de ambos países. Al mismo tiempo, pidió al gobierno chino que apoyara la solicitud de Venezuela de ingresar en el BRICS, alabando la alianza por acelerar “la desdolarización del mundo”. Durante la visita, Venezuela recibió la exclusiva distinción de “Asociación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo” – un honor nunca antes concedido a un país latinoamericano. Maduro elogió las reformas post-Mao de China que algunos de la izquierda consideran como un retroceso para el socialismo, al decir: “Las experiencias de China durante 40 años… nos han servido de inspiración”. 

Maduro no es el único de su círculo que encuentra inspiración en el modelo económico chino. De hecho, antes de ingresar al campo chavista en los años 90, Maduro perteneció a la Liga Socialista pro-China. A pesar de su disolución tras la llegada de Chávez al poder, muchos de sus dirigentes ocuparon un número desproporcionado de puestos dentro del movimiento chavista. El último secretario general de la Liga el ex–guerrillero Fernando Soto Rojas (quien Maduro ve con mucha reverencia) ve con buenos ojos a Mao Zedong, Deng Xiaoping, y Xi Jinping, a pesar de las diferencias patentes entre ellos. Soto Rojas niega que China pueda ser clasificada como un país capitalista. Quizás la expresión máxima del modelo chino es el uso del término “burguesía revolucionaria” (un concepto usado por Lenin, Stalin y Mao) por parte del Ministro de Agricultura Wilmar Castro Soteldo, quien participó en la intentona de Chávez de 1992.

Al fomentar relaciones amistosas con el sector privado, los antiguos adversarios se han neutralizado. FEDECAMARAS, la organización empresarial principal en el país que dirigió dos intentos fallidos de derrocar a Chávez en 2002-2003, se opone ahora firmemente a las sanciones norteamericanas, cuyo impacto ha afectado a los empresarios – según FEDECAMARAS – en un 17.5%. El ex–presidente de FEDECAMARAS Ricardo Cusanno ha lamentado que los empresarios enfrentan dificultades hasta con abrir una cuenta bancaria en el extranjero por el simple hecho de ser venezolano.

El lado negativo

La estrategia de Maduro de otorgar concesiones al sector privado, con la intención de lograr la estabilidad y debilitar la oposición “desleal”, ha tenido resultados mixtos. Aunque la hiperinflación de 2,300% en 2020 ha remitido, todavía se registraron tasas de inflación del 234% y 190% en 2022 y 2023 respectivamente. Por otro lado, ya no se producen las interminables colas en los supermercados ni escasez de productos de primera necesidad. Además, la ONG el Observatorio Venezolano de Violencia ha constatado un descenso significativo en la tasa de muertes violentas en 2023, el más bajo en dos décadas. 

La campaña anti-corrupción también ha tenido resultados mixtos. En 2023 el Fiscal General chavista Tarek William Saab lanzó una campaña contra la corrupción centrada en la industria petrolera que resultó en órdenes de arresto de 61 supervisores, empresarios y funcionarios estatales y en la confiscación de activos. Las cabecillas principales eran Rafael Ramírez y Tareck El Aissami. Ramírez, conocido como el “Zar de PDVSA”, consolidó su control de la compañía y lo microgestionó al aliarse con ex–miembros de los partidos conservadores AD y COPEI. Ramírez perteneció al círculo cerrado de Chávez y El Aissami al círculo de Maduro; ambos militaron en la izquierda durante muchos años y nacieron de familias izquierdistas. Por eso, el problema de la corrupción no podría ser atribuido a una quinta columna al servicio de la oposición. Estos episodios requieren discusión a fondo y autocrítica.

La raíz del problema de PDVSA, como es el caso en la administración pública en general, es la ausencia de controles institucionales. Un ejemplo de esta falla es el hecho de que, durante 10 años, Ramírez ocupaba la presidencia de PDVSA y a la vez la posición de Ministro de Petróleo, cuya función es vigilar la empresa. El actual presidente de PDVSA Pedro Rafael Tellechea también ejerce como Ministro de Petróleo. 

El gobierno de Maduro se enfrenta a críticas por utilizar una táctica que empleó anteriormente para dividir la oposición, esta vez contra el PCV, el partido más antiguo en Venezuela conocido por su sacrificio y heroísmo. El año pasado el TSJ reconoció siete aliados del gobierno como líderes máximos del PCV, pero solamente dos de ellos eran miembros de ese partido. El gobierno justificó la medida alegando que el PCV no había convocado elecciones internas para renovar su dirigencia.

Luigino Bracci, quien apoya críticamente a Maduro, se refirió a la decisión del TSJ al decir al Orinoco Tribune que los líderes chavistas no quieren que “los votos izquierdistas se fragmenten o que sean dispersados entre varios partidos pequeños en las próximas elecciones”. 

Otro punto negativo para el gobierno que pueda tener repercusiones negativas para los Chavistas en las elecciones en julio es la erosión de las conquistas históricas laborales como las prestaciones sociales y la negociación colectiva. Rodolfo Magallanes, profesor de ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela, me dijo: “Una vez que estos beneficios sean eliminados, será difícil reinstalarlos”. La dolarización de la economía es otra preocupación. En la actualidad los precios de las mercancías están identificados en dólares, una práctica que ahora es completamente legal. Aunque esa medida ayudó a combatir la hiperinflación, también ha erosionado la aceptación general del bolívar. 

La intervención norteamericana en nombre de la democracia

Independientemente de cómo lo veas, el intervencionismo norteamericano ha minado la democracia venezolana. 

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, me dijo que no hay manera de que las elecciones presidenciales de 2024 sean democráticas. “El votante va a sentir que hay una pistola apuntada a su cabeza. Vota por Maduro y mantienen las sanciones.”

La política hace Venezuela implementada por Washington contradice de muchas maneras sus objetivos declarados. Desde los primeros años de Chávez, Washington ha favorecido, no tanto a la oposición como tal, sino a su ala derechista. El favorito de EEUU ha ido de López a Guaidó y ahora a Machado. Los dos primeros están desacreditados. Machado según todas las encuestas, goza de considerable popularidad entre las bases de la oposición, pero su programa para Venezuela, su estrategia de enfrentamiento y su discurso abiertamente pro-norteamericano no son populares. 

Según el encuestador Luis Vicente León la oferta de EEUU de una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Maduro y la retórica de Machado que “si Maduro pierde, él, su esposa, su hijo y todos a su alrededor van presos” hacen poco probable que él renuncié del poder fácilmente. Bajo esas circunstancias “¿se metería usted en el ring?” León agrega que la única manera de resolver este predicamento es a través de las negociaciones, una vía que Machado tajantemente rechaza.    

En general, las elecciones suelen proporcionar una solución pacífica a los conflictos, aunque sea de manera temporal. Parece poco probable que las elecciones de julio en Venezuela legren ese objetivo. 

 

*Traducido con la ayuda de Carmen Sánchez de Ellner y Michelle Ellner

 



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Steve Ellner

Profesor de historia económica en la Universidad de Oriente (UDO) desde 1977. Su libro más reciente (como compilador) es La izquierda radical en América Latina: Complejidades del poder político en el siglo XXI.

 sellner74@gmail.com      @sellner74

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