La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha sido derogada de facto. 25 años después de su aprobación, la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha desmontado el «Estado democrático y social de Derecho y de Justicia» con una agresiva política antipopular y antiobrera que ha dejado sin efecto derechos elementales como el de contar con un salario suficiente para vivir con dignidad.
Sin duda, un punto de inflexión en esta regresión democrática fue la Asamblea Nacional Constituyente de 2017. Desde entonces, el Gobierno de Nicolás Maduro ha procedido a sustituir de manera sistemática los principios y mandatos establecidos en la Carta Magna por un andamiaje pseudolegal que le permite aplicar sin miramientos su paquetazo en favor de nuevos grupos económicos de los cuales es parte la élite gobernante.
Una pieza clave de este intrincado entramado anticonstitucional es la llamada ley «antibloqueo», que brindó inéditas protecciones a las prácticas corruptas al promover la opacidad en los asuntos del Estado para supuestamente «proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público venezolano», pero cuyo resultado más notorio es la millonaria trama de corrupción protagonizada por reconocidos integrantes de la cúpula del PSUV en Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Otra tuerca de este engranaje antidemocrático es la llamada ley «contra el odio» ─también aprobada por la ANC 2017─ pues se ha convertido en la herramienta predilecta del Gobierno para darle una fachada de falsa legalidad a su práctica autoritaria; particularmente este 2024, que pasará a la historia como el año en el que defender la soberanía popular era lo mismo que cometer un delito.
Para los laboratorios de propaganda del PUSV, exigir la publicación de los resultados desagregados de las elecciones presidenciales es un «crimen de odio»; no así que el responsable de la seguridad interna del país aparezca semanalmente en un programa de televisión amenazando con encarcelar ─en el mejor de los casos─ a dirigentes y activistas políticos, sociales y sindicales.
«Odio», «terrorismo» y «fascismo»; palabras invocadas por el Gobierno Nacional para desatar una escalada de represión sin precedentes en la historia política del país: más de 2.000 detenidos, la mayoría de ellos, humildes trabajadores provenientes de sectores populares.
En la misma línea de la ley «contra el odio» está la infame Ley «Libertador Simón Bolívar», la guinda de la torta para cerrar un año en el que la persecución política se convirtió en uno de los rasgos más prominentes del autoritarismo gubernamental. Si las medidas coercitivas unilaterales del imperialismo contra Venezuela hasta ahora han sido utilizadas para justificar el remate de los recursos de la Nación, ahora el Gobierno-PSUV echa mano de ellas, no solo para alimentar su falsa retórica antiimperialista, sino para acabar con los derechos políticos y civiles de quienes legítimamente lo adversamos.
Habrá que hacer en un futuro un desagravio al Padre de la Patria, que al liberarla ─recordando al cantor Alí Primera─, no la soñó gobernada por indignos de su herencia. Por lo pronto, hay que ir al rescate de la Constitución. En esto se deben centrar los esfuerzos de las organizaciones genuinamente democráticas y revolucionarias en 2025: organizar la resistencia popular en este regresivo escenario; recuperar las condiciones mínimas para la lucha; arrancarle conquistas al capital.