La interrogante supra, es uno de los inevitables temas en el cotidiano debate polémico que tiene lugar entre los partidarios del socialismo y los contrarrevolucionarios e inclusive para los que no se deciden por ninguna de estas corrientes del pensamiento.
Según la contrarrevolución, el sistema socio-económico ideal es el capitalismo, así como en el pasado lo fue para la derecha, la sociedad feudad o la esclavista. Creen que la única manera en que las fuerzas productivas dignifican a la sociedad es con la creación e innovación privatizadora capitalista, cuyos resultados se distribuyan inequitativamente a favor de los poseedores de los medios de producción, valga decir, tierras, fábricas, inmuebles etc. Para ellos, sólo en su sistema se “genera empleo estable y gratificador para el trabajador”, cualquier otra fórmula es vista como usurpadora del poder económico, político, cultural y militar “dignamente ganado y bien habido”, libre de cualquier subterfugio legal, empresarial o de sospechosa truculencia gremial.
Es así, que en los países capitalistas, millones de personas ocupan viviendas alquiladas, las cuales están poseídas por una minoría de propietarios, y sin embargo, una campaña ideológica y sicológica inteligente, internaliza en la gente, la obligación en la defensa de la propiedad de los ricos y todo lo que conlleva la justificación de las relaciones de producción capitalistas.
Para los socialistas, cuyos orígenes vienen desde el cristianismo primitivo que planteó la igualdad y la fraternidad entre los humanos, y más tarde Marx, Engels y otros pensadores, profundizan la tendencia de las políticas económicas y sociales hacia la colectivización de los medios de producción para garantizar la propiedad, uso y disfrute de bienes y servicios a nivel personal o familiar, todo en función de evitar la acumulación desmedida de riquezas en detrimento del derecho de los demás ciudadanos.
En Venezuela, país integrante de la ALBA, su Constitución garantiza múltiples derechos a los trabajadores y pueblo en general: Respeto a los legítimamente adquiridos, y sólo en casos de extrema emergencia nacional, o de utilidad pública, estos beneficios pudiesen ser limitados, y por el contrario, proclama que toda lucha debe mejorar el nivel de vida con equidad e igualdad, donde las organizaciones políticas, comunales y sindicales prediquen con el ejemplo.
Los líderes y dirigentes socialistas, orientan en el sentido, de la necesidad y obligatoriedad que tienen los partidos, las comunidades y los gremios, de luchar no solo por las reivindicaciones de los trabajadores, sino también por el buen funcionamiento y rendimiento de las empresas e instituciones donde laboran, donde tanto empleadores como asalariados deben examinar juntos los problemas de la organización y generar propuestas de solución para transformar radicalmente el funcionamiento y las estructuras cuando estas no atiendan a los grandes objetivos y estrategias del gobierno revolucionario, todo ello en función de mejorar las condiciones de trabajo, la producción-productividad y el nivel de vida de los trabajadores. La protección y el buen uso de instalaciones e infraestructura, debe comprometer tanto al personal directivo como a los empleados y obreros.
En este orden de ideas, la producción- productividad y todo el entorno que va hasta el intercambio de los bienes o la prestación de los servicios, debe contar con el aporte intelectual y material del colectivo. Examinar en conjunto las limitantes, fallas, errores y omisiones en la visión, misión, objetivos, estrategias y operatividad, no es sólo derecho y obligación de los directores, sino una alta responsabilidad compartida, realmente necesaria para la toma de conciencia capaz de internalizar porqué y para quien se debe pensar y trabajar.
La dirigencia sindical y gremial en general, debe hacer valer los derechos de los trabajadores pero también debe contribuir a que todos cumplan con sus obligaciones. La lealtad a su institución y a la patria, los debe llevar a una actuación transparente y honesta, capaz de generar confianza en el colectivo y propiciar así el mejor desempeño de todos. La lucha contra la negligencia, la ineficiencia, la corrupción, el sabotaje y la impunidad es requisito indispensable para la actuación digna de toda organización gremial y sindical que respete al colectivo del cual es su vocero.
Es evidente, que en la Venezuela actual, regida en su mayoría por leyes y normas capitalistas, ha sido muy difícil transformar las relaciones de producción. La mentalidad de un alto porcentaje de la población y de la dirigencia gremial, sigue aferrada a la defensa del capitalismo, y todavía sigue muy cerca de las diatribas cotidianas de la politiquería.
La tradicional conducta que ha caracterizado a los empresarios y a empleadores públicos en los países capitalistas, ha sido clandestinizar sus planes y estrategias, alejados de los trabajadores; de esta conducta no se escapa un grupo de países que intentan ir hacia el socialismo, entre ellos Venezuela. La queja de importantes sectores de trabajadores de izquierda, es que no se les toma en cuenta, para la toma de decisiones trascendentes. Algunos directivos públicos de alto y mediano rango, apoltronados en su pedestal, evaden dialogar y debatir los problemas de su institución con sus trabajadores, contraviniendo las directrices emanadas del máximo conductor de la Administración Pública. Será esta contradicción ¿Crasa ignorancia, extremada cautela o premeditada con fines inconfesables?. Esta problemática, pudiese ser discutida en el seno de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos (ALBA).
Sobre la base de las consideraciones supra, es que se levanta la plataforma ideológica-política capaz de ayudarnos a responder si en los procesos que actualmente intentan hacer cambios revolucionarios moderados en América Latina y el Caribe, se puede hablar de mejoras sustanciales en las condiciones de vida de los trabajadores. Según los analistas internacionales no comprometidos con el gran capital transnacional y nacional, en Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Paragua, Uruguay, Venezuela y algunos pequeños países del área del Caribe, se vienen produciendo algunas transformaciones en el orden económico y social, que apuntan hacia el mejoramiento del nivel de vida de la población, lo que se manifiesta en más empleo, construcción de viviendas, mejoramiento de la vialidad y servicios gratuitos masivos en educación y salud (Barrio Adentro, Mercal, Madres del Barrio, Operación Milagro etc.) vienen siendo emblemáticas, así como una apertura, aunque parcial, en la participación de los trabajadores en la toma de decisiones a favor de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
La lucha emprendida por los gobiernos de los países nombrados contra las privatizaciones, la tercerización y la desregularización laboral, es un hecho que sería un crimen omitir. En general, un salario mínimo más justo, jubilaciones decentes y otros beneficios sociales, al menos para los más pobres, han sido concertados entre algunos gobiernos de orientación socialista y sus trabajadores.
Sería falta de honestidad, negar que todavía hay múltiples factores que conspiran contra el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores: miles de empleados cuya ideología atiende a los dictados del capitalismo, ya sean estos abiertamente contrarrevolucionarios o disfrazados de revolucionarios (derecha endógena), los cuales en combinación con empresas privadas poseídas por sus testaferros, se encargan de hacer todo lo contrario a los preceptos socialistas, comenzando porque regatean los derechos laborales y el pago de impuestos. Su afán de lucro, los lleva a justificar y asociarse con el contrabando y los evasores tributarios. Para nadie es un secreto, que la presión fiscal en Venezuela es apenas de un 12.5 %, mientras que en los países capitalistas “desarrollados” (USA, Europa etc) esta llega en promedio hasta un 37 % (Recaudación anual entre el P.I.B.) ¿Cuál será el motivo por el cual algunos legisladores y funcionarios involucrados en este tema, siguen aferrados a viejas normas tributarias regresivas que favorecen al factor capital y presionan fundamentalmente sobre el factor trabajo? Recordemos, que el nivel de vida de la población depende en gran parte, de las mejoras en el P.I.B. y de las políticas de redistribución del ingreso y de la riqueza en general.
A vía de ejemplo, les comento que en fecha 12.04.2010, un sindicato de tendencia neoliberal que opera en la Administración Aduanera Tributaria venezolana, se dirigió al Ministro de Planificación y Finanzas, donde planteó lo que sigue:
· Están en desacuerdo con que se esté proponiendo una presunta reestructuración casi secreta.
· Afirman que sobre la base de “rumores generalizados” se estaría preparando una reducción de personal, mediante una “casería de brujas”, rebaja de remuneraciones y jubilaciones.
· Consideran que “el personal se siente amenazado en su campo laboral (..) por los altos niveles de incertidumbre y ansiedad laboral existente”
· Proponen estar “presentes en el Comité Técnico por medio de un representante sindical”
Sin entrar a calificar si son ciertas las anteriores afirmaciones, es evidente que los trabajadores (as) y en especial los (as) de la Administración Pública, son guardianes de sus remuneraciones y de su estabilidad, independientemente que algunas instituciones remuneren por encima de la media salarial a sus personal. En el caso de Administración Aduanera y Tributaria, lo esencial es que esta financie con fuerza el desarrollo económico y social soberano del país, motivo por el cual, la preocupación tanto de empleadores como de trabajadores, debe estar en lograr altos niveles de recaudación en un ambiente de progresividad y equidad impositiva, todo lo cual permitiría elevar el nivel de vida no solo de sus empleados, sino del resto del país. El síndrome de la desinversión no debe predominar en una política de audaz y probado socialismo. El debate franco y abierto sobre estos temas, es una vía insoslayable para avanzar con justicia social.
Habida conciencia que la presión fiscal en el país es una de las más bajas del mundo (12.5%), esto no debería ser un argumento para una presunta reducción de personal o de remuneraciones, por el contrario se deben estudiar propuestas que conduzcan a incrementar la recaudación y mejorar la efectividad en aquellas áreas donde pudiese haber debilidad normativa, estructural o funcional. Un debate serio y constructivo entre empleadores y trabajadores, debería contemplar un análisis, evaluación sistemática y comparación histórica en:
- La recaudación anual aduanera tributaria, en términos absolutos y relativos (PIB, IPC y US $) ¿En qué medida se ha incrementado la recaudación y cuál ha sido la contribución efectiva de la fuerza y talento laboral?
- El comportamiento del P.I.B. de Venezuela y su correlación con los niveles de recaudación, de evasión, de elusión y de contrabando existente. ¿Realmente, en estos últimos cinco (5) años, han disminuido sustancialmente los factores adversos a la recaudación antes citados? ¿Qué factores pudiesen haber influido en contra o a favor?
- El comportamiento del factor trabajo, con relación a los incrementos relativos y absolutos de la recaudación efectiva anual.
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Las conclusiones alcanzadas, pudiesen generar propuestas para:
-Incentivar al personal en caso que los resultados sean positivos, así como para corregir, salvar omisiones y deficiencias de este, si la balanza del rendimiento humano fuese negativa.
- Colaborar con la Asamblea Nacional, en el mejoramiento de las normas para combatir el contrabando y la elusión fiscal, en caso que la evaluación arroje debilidades significativas que vienen favoreciendo la inequidad fiscal, dada la alta regresividad y la escasa progresividad que hasta ahora favorece a las transnacionales y a los capitalistas nacionales.
Así como hemos puesto un ejemplo concreto en el área aduanera y tributaria, pudiésemos suministrar muchos más, ubicados en otras instituciones y empresas poseídas por el colectivo nacional, todo en función de precisar hasta que punto un país vía socialismo, está en capacidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
Hasta ahora queda claro, que en el caso venezolano, a pesar de los factores externos e internos que combaten al gobierno bolivariano, desde el salario mínimo pasando por los sueldos del personal especializado, se ha logrado una mejoría sustancial, integrada por remuneraciones en dinero y un conjunto de servicios sociales que percibe la gran mayoría, afirmación que no niega la voracidad especulativa del sector privado de la economía, que sin lugar a dudas, contrae la capacidad de compra del venezolano y por ende su nivel de vida. Es en estos dos ambientes donde debemos ubicarnos para generar propuestas que contrarresten el sabotaje, la especulación y mejoren la producción-productividad, lo que sin lugar a dudas ayudará a confirmar que en revolución los trabajadores y pueblo en general ya están disfrutando de mejores condiciones de vida, y que en un temprano mañana podamos decir con orgullo ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades!
