01-09-18.-El exministro de Chávez e integrante de la Plataforma en Defensa de la Constitución llama a la unidad nacional —​de chavismo y oposición—​ para rechazar la Carta Magna que saldrá de la constituyente. "Estamos en un estado de excepción permanente"

En el deslinde entre el chavismo y el madurismo, la ruptura de Gustavo Márquez Marín con la gestión del mandatario Nicolás Maduro fue particularmente ruidosa porque se trata de un intelectual que varias veces fue ministro del presidente Hugo Chávez y que optó por no guardar silencio ante el nuevo gobierno. Márquez Marín, aun cuando no comulgaba con la oposición que intentó activar el revocatorio contra Maduro en 2016, se activó en defensa de este derecho constitucional. No solo constituyó —con otros exministros de Chávez como Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro y Oly Millán— la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, sino que llamó a votar contra Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo.

Márquez Marín acompañó a Chávez en varias tareas: como ministro de Industria y Comercio, como ministro de Estado para la Integración y Comercio Exterior (2005-2007) y como embajador en Colombia, entre otras. Hoy, se empina como una de las voces que critica las políticas del Ejecutivo nacional y que aboga por una salida a la crisis con plena defensa de la soberanía nacional. Es decir, sin injerencia extranjera.

Su primer punto de crítica, en esta conversación con Contrapunto, es el paquete económico anunciado por el Gobierno. Pero también el carnet de la patria y la nueva constitución que elabora la asamblea constituyente.

"El talón de Aquiles del programa económico del presidente Maduro es que no existen reservas internacionales suficientes para sustentar la revalorización de la moneda", y encima "el sistema de anclaje al petro, que lo llaman una criptomoneda pero no es un criptoactivo como tal", no es percibido así por los actores económicos. O lo que es lo mismo, no despierta confianza. "La industria petrolera está en declive, no hay un plan concreto para recuperar la producción y no hay financiamiento para hacerlo", por lo que "la credibilidad de ese anclaje está en cuestión".

A juicio de Márquez, "la carga del paquete económico se está colocando sobre los trabajadores; la carga se está colocando sobre el pueblo venezolano, que puede tener la percepción de que el programa le dará un oxígeno" pero "el programa de Maduro no detiene la escasez, el mercado paralelo del efectivo y todos los ciclos" distorsionados de la economía.

Persiste "un gran vacío en ese programa, y es que no hay un reconocimiento claro de la emergencia humanitaria que está viviendo Venezuela, porque para plantear un plan de estabilización macroeconómica hay que definir las prioridades, y las prioridades deben ser atender el colapso de la salud, de los servicios públicos", critica. "Tampoco se dice nada sobre la deuda externa, y todos sabemos que hay compromisos que cumplir y están cerrados los espacios para una negociación".

—En este esquema, ¿quién paga el costo de los ajustes?

—Creo que se trata de un programa de ajustes tipo shock. Se toman un conjunto de medidas que, vistas aisladamente, pueden tener cierta racionalidad, pero al verlas en conjunto se ve que son inviables. Por ejemplo, el incremento salarial y el pago de la nómina por tres meses representan una cantidad considerable, y la gran pregunta es ¿de dónde vendrán esos recursos? Cuando analizamos las medidas que se están tomando para generar ingresos, encontramos que está el aumento del IVA en 4% y el impuesto a las transacciones financieras, entre otras. Pero el Gobierno viene arrastrando un déficit de 20%, con lo cual no parecen cuadrar las cuentas para cubrir el déficit y pagar estos aumentos.

Este es solo el comienzo de los señalamientos de Márquez. "Hay otro problema, y es que aplicar una carga adicional sobre el sector empresarial en una recesión profunda de la economía", con una caída de alrededor de 50%, "hay que ver lo que significa". Se pregunta qué pasará en tres meses y si las empresas podrán salir adelante con las nuevas nóminas.

"Nuestro aparato productivo es dependiente de la importación de insumos", y ante esa realidad hay que preguntarse "de dónde salen las divisas para hacer esas importaciones, especialmente para el gran empleador, que es la pequeña y mediana industria".

Para Márquez, el ajuste en el IVA "lo que hace es cargar más un peso sobre los hombros de los consumidores", reduce los ingresos de los trabajadores en la práctica y deja al margen "la economía informal no bancarizada y no vinculada con la factura fiscal".

El exministro considera que hay "medidas contradictorias", porque se quiere estimular el aparato productivo bajando los aranceles y al mismo tiempo se aumenta la carga impositiva".

La revalorización del salario, como la anunció Maduro, "no es posible, porque el incremento a lo sumo permitirá cubrir una parte de la canasta básica", y además "la gente no lo va a recibir de inmediato", lo cual sería fundamental en un contexto de hiperinflación.

"La revalorización en hiperinflación es una ficción si no hay estabilidad monetaria", y la realidad es que "el llamado dólar paralelo ha llegado a 10 millones y 11 millones de bolívares fuertes, porque sigue operando como una referencia independientemente de las medidas que se han tomado". Ahora "estamos en la inercia de la hiperinflación", alerta Márquez, y nada indica que el proceso se detendrá.

Otra forma de hacerlo

El exministro sostiene que la deuda externa es ilegal, e insiste en que esa deuda hay que auditarla y verificar qué parte es ilegítima. "El Gobierno debería estar haciendo gestiones para devolver los recursos provenientes de la corrupción", que "tienen que volver a Venezuela" porque además "son recursos esenciales para la vida de nuestro pueblo".

En respuesta a las opiniones cruzadas sobre los miles de migrantes venezolanos, Márquez afirmó que las migraciones masivas "no son algo inventado". Aunque "puede ser que haya una manipulación política por parte de quienes quieren ponerle la mano a Venezuela", eso "no significa que la crisis no existe, que hay una emergencia humanitaria y es obsceno pagar una deuda que buena parte de ella viene de la corrupción mientras el pueblo necesita medicinas".

El de Maduro es, en suma, "un programa con graves debilidades, que no surge de un esfuerzo de diálogo económico", y por eso se cometió "un error profundo". Lo grave es que está en juego "es el destino de la nación, la existencia misma de la nación", lamenta Márquez.

—¿Había otra forma de hacerlo?

—Sí. Desde la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución hicimos una propuesta de programa de emergencia y recuperación nacional, porque no se puede hablar de recuperación económica si no se atiende la emergencia en la que está la gente. Maduro no habla de comedores, de casas de alimentación. Nosotros planteamos que para este programa se necesitan recursos. En el Gobierno no se quiere ir al FMI, aunque nosotros pensamos que no se debe cerrar ninguna vía porque Venezuela forma parte del FMI y tiene derecho a recibir créditos, aunque no debe someterse a condicionamientos.

—¿De qué vía se obtienen los recursos, entonces?

—Podemos declarar la moratoria de la deuda, con base en una renegociación y con una auditoría pública, ciudadana e independiente. En esa deuda hay muchas inconsistencias, muchas ilegalidades, y existe la posibilidad de pedir una condonación. Por otro lado, está el tema de los recursos procedentes de la corrupción, muchos de los cuales están congelados en bancos: eso requiere de una auditoría pública y ciudadana, con una comisión que comience a activarse con el Gobierno para comenzar a solicitar la repatriación de esos capitales congelados. También es necesario desarrollar un plan de estímulo productivo, un plan para atender a pequeños y medianos productores agrícolas. En la parte agrícola y agroindustrial se necesita un apoyo especial. Debe haber una reforma tributaria progresiva, no basada en el IVA sino en el ISLR, y que se estimule el aparato productivo.

En materia cambiaria, Gustavo Márquez considera que la gran falla "es que no está planteada la unificación cambiaria, no hay transparencia alrededor de eso" y "no queda claro si las importaciones del Estado se harán con un dólar preferencial".

La falta de claridad, a su criterio, "es lo que mantiene alborotados los mecanismos paralelos que atacan la moneda y que la van a atacar permanentemente, porque es un negocio".

En cuanto al aumento del precio de la gasolina, el exministro lamenta que el anuncio no haya estado acompañado por un plan de recuperación integral del transporte público. Lo lógico sería, por "el desplome del sistema de transporte nacional", que se plantee "la fórmula de lograr una compensación social, un plan integral de transporte que implique establecer rutas, un transporte multimodal, mecanismos de mantenimiento".

Con la cédula, no con el carnet de la patria

—¿Qué opina del uso del carnet de la patria para los subsidios?

—Creo que es una aberración. El único instrumento de identidad en Venezuela es la cédula de identidad, porque todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Un instrumento que nos diferencie como venezolanos es inconstitucional y violatorio de los derechos humanos. Detrás del carnet de la patria hay un elemento conceptual que es inaceptable y que debemos rechazar todos. Hay una vinculación directa entre el carnet de la patria y el proyecto político del Gobierno, del PSUV; eso no lo digo yo: lo dice Maduro. Es un instrumento de control político, que plantea una discriminación social y política. Manu militari se crea un requisito absolutamente inaceptable, violatorio de la Constitución.

—¿Cómo manejar los subsidios?

—El Gobierno debe centrar los subsidios en la cédula de identidad y no en el carnet de la patria. Por cierto, era un proyecto de Chávez tener una cédula de identidad inteligente, proyecto que naufragó por la corrupción. Ahora tenemos un carnet de la patria manejado políticamente, mientras tenemos una cédula de identidad que parece una fotocopia y que como instrumento para las políticas públicas no sirve. En el trasfondo hay la intención de colocar en el imaginario que el partido es lo mismo que el gobierno, una fusión partido-gobierno que pretende emular el fracasado proyecto del socialismo real que concentró el poder en una cúpula y donde no hay separación.

—¿Hugo Chávez hubiese usado algo como el carnet de la patria?

—Creo que no. Chávez no habría usado el carnet de la patria. Pudo usarlo y nunca lo usó, ni lo planteó siquiera. Chávez respetó la cédula de identidad y delimitó que el partido tuviera su ámbito. Él estableció una línea divisoria. Pero ahora hay un proceso de corporativización de la Fuerza Armada, la Fuerza Armada maneja empresas y la Contraloría no la puede supervisar. Todo apunta a un modelo autoritario, que concentra el poder, que fusiona el partido con el Estado. Este modelo —que se ejecuta en la práctica por la supraconstitucionalidad de la asamblea constituyente y las facultades que se arroga el presidente en un estado de excepción permanente— se constitucionalizará en la nueva constitución que cocina la constituyente. Ese es un debate del cual está ausente el pueblo de Venezuela.

—¿Estamos en un estado de excepción permanente?

—Claro. Estamos en un estado de excepción permanente e ilimitado. Los estados de excepción deben ser la excepción de la regla, y se refieren a la suspensión de garantías y derechos constitucionales, que están muy bien tipificados en la constitución. Hay derechos que no se pueden suspender, como el derecho a la información, el juicio por los tribunales naturales, el derecho a huelga. Ese es el cambio de la Cuarta República a la Quinta República, pero esto que estamos viviendo es otra cosa, no ajustada al marco constitucional.

Unidad nacional por la Constitución

—¿Se rompió el pacto que se logra con la Constitución de 1999?

—Lo rompieron. Lo que planteamos en la plataforma es que se debe trabajar por el rescate y la defensa de la Constitución, y hacerlo dentro de los mecanismos de la Constitución: rechazando todo tipo de violencia, venga de donde venga, y exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos. El presidente Maduro dijo que la nueva constitución debe ir a referéndum, y creo que los venezolanos que nos oponemos al Gobierno, a sus medidas, a su desempeño, tenemos que unirnos. Debe haber una unidad nacional para participar en ese referéndum y decirle "no" a esa constitución que va a derogar la Constitución bolivariana.

—¿Es partidario de participar en el referéndum?

—Tenemos que participar, debemos acudir movimientos sociales y políticos. Es una unidad superior. Es la unidad nacional para derrotar el intento de constitucionalizar un nuevo modelo político y económico de apertura al gran capital trasnacional y de entrega de la soberanía pero con el discurso anticapitalista. Estamos observando la entrega de un país, la nueva ola del gran capital en su intención de revalorizarse.

—¿Y si la nueva constitución no va a referéndum?

—Si Maduro no cumple su compromiso, no honra su palabra y la Constitución, sería violentar completamente la Constitución. Sería el colmo, sería el secuestro de la soberanía popular. El cambio de la Constitución tiene que ser aprobado por el pueblo. El texto tiene que ir a referéndum. Y aún en ese caso, estamos obligados a defender ese derecho, que es un derecho de los ciudadanos.

—¿La plataforma está preparada para la campaña por el no?

—Somos un gramito de arena. Esto no será posible lograrlo si no hay una unidad superior que convoque al pueblo dejando atrás las conductas erráticas de doble agenda y, sobre todo, reafirmando la soberanía nacional, nuestro derecho a la autodeterminación. Eso solamente podremos lograrlo si rechazamos a todos aquellos que planteen un gobierno paralelo en el exterior, que le hace el juego a la política intervencionista. Nosotros vamos a defender una de las constituciones más avanzadas del mundo, que tiene una visión de país que es la visión del pueblo venezolano en la que hemos coincidido todos. Eso mismo está planteado ahora. La primera cosa que debemos defender es la independencia y la soberanía nacional; sin eso, no hay estado nación.

—¿Ha sido el chavismo crítico complaciente con el Gobierno? ¿Le ha faltado fuerza? ¿Se engatillaron?

—Nada de complacientes. No nos engatillamos. Este es un asunto de resistencia a largo plazo. Si revisas los documentos que hemos generado, verás que hemos tenido incidencia con iniciativas como la auditoría ciudadana, la defensa del derecho al referéndum revocatorio, las acciones contra el arco minero del Orinoco y las propuestas sobre las medidas económicas. Una de ellas es que, a la hora de definir el salario mínimo, se tome como referencia la canasta básica, como dice la Constitución.

Manejar la migración con seriedad

—Hablemos de la migración. La situación de los migrantes venezolanos en Colombia parece desesperada. ¿El comportamiento del Gobierno de Colombia es el más solidario?

—El comportamiento del Gobierno de Colombia, más que a razones humanitarias, atiende a razones políticas que están muy claras. No han ocultado su intención de intervenir en la situación venezolana. Llegaron al atrevimiento de ir al FMI para pedir un crédito para la reconstrucción de la economía venezolana, no sé en nombre de qué. Todo el esquema del corredor humanitario, de las maniobras en 2017 en la Triple Frontera con el propósito de atender la crisis humanitaria en Venezuela, era en función de carácter político. No hay manejo humanitario, sino todo lo contrario.

—¿Por qué?

—Lo sentí como embajador en Colombia, cuando se presentó un conflicto, y las cadenas mediáticas generaron una campaña xenofóbica contra los venezolanos y contra Hugo Chávez. En la calle se fue creando un clima antivenezolano. Esto no niega que ahora la migración existe, que hay una grave crisis y particularmente con pueblos indígenas. Es un tema que el Estado venezolano debe manejar con seriedad y con Naciones Unidas, no al estilo de Jorge Rodríguez. Es importante que el Gobierno sea autocrítico. El Gobierno no ha planteado una política seria para el problema humanitario de los migrantes, que no se puede ocultar. Solo habla de la captación de las remesas de los que se fueron.

—¿Qué debería hacer el Gobierno venezolano para ayudar a los migrantes?

—La primera cosa es reconocer el problema y reconocer las causas del problema. Eso no va a reducirse sino en la medida en que mejore la situación del país. Puedes tener claridad de quiénes son los migrantes, prestarles atención, hacerles seguimiento, resolver el problema de la documentación, garantizarles el pasaporte. Tener también una política de seguimiento. Venezuela tiene, solo en Colombia, 10 consulados generales. ¿Qué están haciendo?