Este desastre financiero fue el origen de una revolución popular que cambió el rumbo del país, hasta entonces gobernadas por elites familiares que habían controlado el poder financiero y político del país. Tal revolución popular recuperó su soberanía perdida. El gobierno, respondiendo al colapso, había negociado un préstamo de 3.500 millones de euros de varias fuentes y países. Pero como condición, tanto el FMI como la Unión Europea quisieron imponer unas condiciones draconianas a la población islandesa, tal como está ocurriendo en Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia. Entre estas condiciones estaba una que exigía que cada ciudadano en Islandia pagara el equivalente a 100 euros al mes durante los próximos quince años a fin de pagar la deuda debida a tales bancos. Esta demanda fue la que sacó a la población a la calle, y así comenzó la revolución islandesa. La idea de que la ciudadanía tenía que pagar el desastre creado como consecuencia del comportamiento irresponsable de la banca, que contó con la complicidad del Estado, fue más de lo que la gente podía tolerar. La presión de la calle –elemento clave en la revolución popular- hizo que el jefe del Estado, Ólafur Ragnar Grímsson, rehusara firmar la ley que exigía que la ciudadanía pagara las deudas privadas y públicas y que aceptara la petición popular de que se convocara un referéndum en el que la población expresara su opinión sobre la citada ley.
Los gobiernos británico y holandés, en nombre de sus bancos, así como el FMI y la Unión Europea, amenazaron por todos los medios con convertir a Islandia en la Cuba del Norte de Europa, aislándola completamente, como había ocurrido después de la revolución cubana. Pero la población respondió que “si aceptaban la ley propuesta por las élites gobernantes, Islandia se convertiría en el Haití del Norte”. En Marzo de 2010 la población votó en el referéndum y nada menos que el 93% rechazó aquella ley. El enfado de la población se tradujo en un movimiento que exigió responsabilidades civiles y criminales a los responsables de la crisis financiera en Islandia, incluyendo al que había sido el Primer Ministro de Islandia, así como los presidentes de los tres bancos que tuvieron que ser nacionalizados. Todos ellos han terminado en los tribunales, y no se excluye que terminen en la cárcel.
Fruto de la indignación popular, también se exigió que se hiciera una Nueva Constitución escrita, no por el Parlamento, sino por una Comisión Popular, formada por 25 ciudadanos sin filiación política entre 522 adultos que habían sido elegidos por la población. Se está elaborando el borrador, y la comisión está recibiendo comentarios por Internet. Cuando el proceso termine, será sometido al Parlamento para su aprobación.
Varias consecuencias pueden deducirse de lo dicho hasta ahora. Una de ellas es que todas las previsiones de “catástrofe” que ocurriría si el referéndum fuera rechazado –como lo fue-, provenientes de los centros financieros, FMI y de los gobiernos de la UE, fueron ignorados, pues eran motivados para crear una cultura del miedo que servía a sus intereses. La otra conclusión es que cualquier solución al enorme problema creado por los bancos extranjeros y nacionales pasa por recuperar la soberanía por parte de la población. Islandia demuestra la necesidad de no delegar el poder popular en otras instituciones que claramente han mostrado que no representan los intereses de la mayoría de la población.
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