Traducción desde el inglés por Sergio R. Anacona

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Durante los últimos años ha estado ocurriendo con preocupante regularidad que los diplomáticos de Estados Unidos y agentes de la CIA son atrapados realizando operaciones que comprenden el suministro ilegal de armamento en América Latina.

La impresión inevitable es que el Departamento de Estado, de manera irreversible, ha asumido que tanto la Convención de Viena como otras legislaciones nacionales, pueden, por su parte, ser pisoteadas sin ninguna limitación.

Pujando por alcanzar una hegemonía sin contrapeso en el Hemisferio Occidental, Washington mantiene a los regímenes populares de América Latina bajo una permanente presión.

Hacia afuera, el gobierno norteamericano promete no recurrir al poderío militar para el desalojo de los gobiernos del ALBA en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua o Cuba, pero en la realidad, los esfuerzos de Washington para socavarlos constituyen un telón de fondo permanente en el cuadro político del continente.

Estas acciones fueron iniciadas durante el gobierno del presidente G. Bush y no existen indicios que serán canceladas bajo el gobierno de B. Obama.

Supuestamente, se estaría planificando en la Casa Blanca una serie de revoluciones de colores a través de América Latina para que estallen durante el período 2013-2014 y descarrilar los avances del continente hacia una integración más estrecha en cuanto a seguridad y otras esferas. Como lo demostró con la mayor claridad la reciente experiencia libia, la nueva marca de revoluciones de colores de Washington –contrastando con los antiguos golpes de estado que solían ser acompañados de desbordes retóricos pacifistas—contempla combates feroces y cantidades masivas de muertos.

Lo anterior debería explicar por qué de manera frecuente, las embajadas norteamericanas en América Latina, protagonizan escándalos políticos relacionados con suministros ilegales de armamento. En un reciente incidente en Bolivia, la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, UMOPAR interceptó en la localidad de Trinidad, capital del Departamento del Beni, un vehículo de propiedad de la misión diplomática norteamericana conducido por dos ciudadanos bolivianos, uno, el Mayor Costas, Jefe de Seguridad de la embajada de Estados Unidos y como chofer el sargento García, quienes se dirigían hacia la capital de la provincia de Santa Cruz con tres escopetas, un revólver calibre 38 y un cargamento de municiones. El Ministro del Interior de Bolivia, Carlos Romero, anunció posteriormente que la embajada norteamericana no había solicitado un permiso para el traslado del armamento y que por lo tanto actuó de manera ilegal y puso en peligro la seguridad nacional del país. Se desconoce quién iba secretamente a recibir las armas decomisadas en un distrito ubicado a cientos de kilómetros de La Paz.

El gobierno boliviano tiene serias razones para estar alerta. Hace poco más de un año la policía de Ecuador, la cual había sido armada, financiada y de todas maneras cortejada por la embajada de Estados Unidos, solía lanzar misiones dirigidas por consejeros norteamericanos (poco a poco llegó a creer que el control del gobierno nacional era solamente nominal) organizó un motín que en la medida que se desentrañaba la conspiración el Presidente Rafael Correa por poco escapó a un intento de asesinato. Una vez que se reinstauró la ley y el orden en Ecuador, se inició una investigación que no logró clarificar el origen de los fusiles de francotiradores empleados para disparar sobre el presidente, lo cual posiblemente significa que los profesionales de la CIA no dejaron rastros de su participación en el golpe.

La embajada norteamericana en La Paz, Bolivia reaccionó frente al incidente de la Trinidad emitiendo una declaración pública en la que sostenía que la policía del Beni había sido notificada acerca del suministro de armas de fuego a Santa Cruz y que el plan contemplaba transferirlas a ciudadanos bolivianos que trabajan como vigilantes en instituciones norteamericanas.

El Ministro Romero se vio entonces obligado a reiterar que ningún permiso había sido emitido para tal efecto y señaló que se abriría una investigación para determinar cómo este lote de armas y municiones había cruzado la frontera boliviana.

Para cualquier persona familiarizada con el alcance de las actividades de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos en Bolivia, el contexto de las invectivas del Ministro Romero no es difícil de entender. En la ciudad de Santa Cruz ocurrió un hecho impactante, localidad con una conocida reputación de hervidero separatista, en el mes de abril del 2009 fuerzas especiales bolivianas asaltaron el hotel Las Américas y arrasó con un grupo de terroristas que habían ingresado al país procedentes de Europa Occidental con el propósito de fortalecer la resistencia armada al gobierno popular y asesinar al Presidente Evo Morales. Trascendió que los visitantes indeseados exhibían un registro de lucha contra los serbios en la región de los Balcanes, donde una agrupación de militantes había desarrollado fuertes vínculos con servicios de inteligencia occidentales. Las investigaciones del servicio de contraespionaje de Bolivia sobre diferentes aspectos del líder del grupo, Eduardo Rózsa Flores –una parte de la investigación que apunta a clarificar por qué canales fueron contrabandeadas al país las armas de fuego, las granadas de mano, los explosivos y las municiones, está todavía en proceso. Como más bien era de esperar, un grupo de individuos que ayudaron a Rózsa Flores, incluyendo a Hugo Acha (conocido también como Superman) representante de la Fundación para los Derechos Humanos, huyó del país hacia Estados Unidos. Los servicios de seguridad de Bolivia obtuvieron mensajes de correo electrónico entre Rózsa Flores y un tal Belovays, ciudadano norteamericano, del cual se informó que se trataba de un funcionario de carrera de la CIA y en cuyos antecedentes figura una estadía en los Balcanes. Los materiales de Wikileaks junto a la información aportada por Rózsa Flores parecieran indicar que Belovays reclutó a Rózsa Flores durante los años 90 y actuó como su comisario cuando este apareció en Bolivia.

El vehículo de la embajada norteamericana conteniendo el armamento terminó en manos de la policía boliviana un mes después que Estados Unidos y Bolivia firmaran un acuerdo para la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países e intercambiaran embajadores. La lección que Morales tiene que reaprender bajo las circunstancias, es que –al margen de las fluctuaciones diplomáticas—el personal de la embajada norteamericana en Bolivia no tiene ninguna intención de abandonar su totalmente deshonesto juego.

No hay un solo país de América Latina donde agentes norteamericanos no hayan sido vistos traficando armamento. En el mes de abril del 2011 un ciudadano norteamericano fue detenido en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Ezeiza de Buenos Aires portando tres fusiles, dos de ellos con mira telescópica en un vehículo con placas diplomáticas. Sin embargo, la embajada norteamericana explicó el incidente refiriéndose a una emergencia no especificada (en Estados Unidos, cometiendo una falta similar no habría sido posible salirse con la suya de manera tan fácil) y el infractor, un contratista de la embajada norteamericana, según su propia explicación, de manera inmediata tomó un avión de regreso a Estados Unidos.

La policía argentina está muy interesada en los viajes de “cacería” del hombre en zonas del país que colindan con Bolivia y Chile, considerando que las leyes argentinas prohíben estrictamente la realización de actividades de inteligencia, incluyendo aquellas que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes, por parte de agentes extranjeros.

Siguiendo con Argentina, la historia más escandalosa ocurrió hace alrededor de un año cuando cajas conteniendo armas de fuego, equipos de reconocimiento y substancias narcóticas no declaradas, fueron descubiertas a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el aeropuerto de Ezeiza. La infracción norteamericana, era imposible de negar, pero como en la mayoría de los casos, Estados Unidos fácilmente resolvió el problema, esta vez asegurando que todo el equipo mencionado se necesitaba en el entrenamiento de la policía argentina.

Se trata de un tema recurrente en los medios que grandes arsenales se almacenan en embajadas de Estados Unidos a través de América Latina. Hoy en día en que la guerra contra el terrorismo ha estado rugiendo globalmente por más de una década, nadie puede asombrarse cuando surge este tipo de información. En los documentos publicados por Wikileaks podemos encontrar mucho material sobre tácticas de supervivencia prescrito para el personal de embajadas norteamericanas en América Latina. Los riesgos que se perciben son dominantes ya sea en México, América Central, Colombia, Brasil y hasta Uruguay. Evidentemente que los pronósticos alarmistas proliferan. Esa será la razón por qué en casi todos los países de América Latina, las embajadas norteamericanas parecen más bien bases militares, con murallas de concreto armado, pequeñas mirillas y refugios subterráneos.


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