En el anterior artículo reseñamos los rasgos más importantes de la última gran crisis del capitalismo mundial, que en resumen podríamos concretar en tres aspectos: proceso de financiarización y estrangulamiento de la economía real; agotamiento de los recursos y nueva crisis de reparto imperialista; y crisis de las superestructuras culturales que revierten en una crisis de civilización. Es nuestra intención transmitir en esta segunda entrega de apuntes sobre la crisis, algunas características de este proceso en el Estado Español.
Estamos convencidos de que junto a los factores generales e identificables en otras regiones, hay en este Estado una serie de factores políticos que condicionan de una forma mucho más grave tanto el desarrollo mismo del proceso, como sus alternativas posibles.
Estructuraremos el artículo en una serie de “bases” para hacerlo lo más inteligible y didáctico posible. El lector deducirá fácilmente las relaciones entre éstas en el proceso histórico.
Bases Económicas:.
El aspecto más señalado de esta crisis es su carácter financiero. Hay que señalar, en primer lugar, que el modelo de crecimiento de español ha seguido con marcial rectitud el camino impuesto por la ortodoxia neoliberal desde la década de los 80 del pasado siglo, y son precisamente estos principios los responsables directos de la terrible situación actual. Respecto a la financiación del Estado y el déficit público, la causa primera fue la reducción de impuestos directos durante el aznarato y los gobiernos de Zapatero. Nada importaba en aquellos años porque los ingresos del Estado en esta época de “espejismo del crecimiento sin fin” (en su versión carpetovetónica) procedían fundamentalmente de la actividad de la construcción y afines, es decir, de lo que en realidad era simplemente una burbuja especulativa. De hecho, la deuda pública del Estado español en 2007 era todavía, y merced a esta actividad que ya agonizaba, de las más bajas de Europa. Pero la reducción de impuestos había abierto un déficit estructural que permaneció oculto detrás de la coyuntura marcada por la burbuja especulativa. Cuando la burbuja estalló, el déficit estructural apareció en su dimensión real.
En el Estado Español ese déficit estructural está condicionado además por tres aspectos vinculados, como luego veremos, a la naturaleza política de éste: la propia estructura del sistema impositivo que hace que los activos fiscales procedan fundamentalmente de las rentas del trabajo y muy poco de las rentas del capital; el fraude fiscal que es el mayor, con mucha diferencia, de la eurozona (10 puntos por encima de la media de toda la U.E.); y la corrupción generalizada.
La financiación de aquella burbuja inmobiliaria procedía sobre todo de bancos alemanes, holandeses y belgas que obtuvieron entonces una enorme rentabilidad con sus inversiones, como también lo hacía la banca española. Pero estos bancos pararon en seco su crédito cuando fueron “tocados” por los primeros “productos financieros tóxicos” procedentes de la banca de EEUU) La actividad inmobiliaria se desplomó y la explosión de la burbuja generó un agujero equivalente al 10% del P.I.B. del Estado La deuda contraída a la sazón por la banca privada española se convirtió en ese momento en una razón de estado (una vez más en su historia).
Desde los organismos de dirección de la U.E. se exigieron al Estado Español (y al conjunto de países deudores de la U.E.) los “ajustes necesarios” que garantizaran la solvencia de sus sistemas financieros y la devolución, así, de lo prestado. Pero fijémonos bien en este aspecto. Se trata también de sanear con dinero público los agujeros en los fondos de la banca privada. Pero además ¿cómo han surgido estos agujeros? Los medios sistémicos hablan frecuentemente de la morosidad en los préstamos inmobiliarios con la banca española como un factor relevante. Es decir, que los agujeros serían la consecuencia de que un número relevante de personas que accedieron al crédito para la compra de bienes inmobiliarios no pagan lo que deben. Pero la realidad es bien distinta y se centra en dos aspectos complementarios: El escandaloso reparto de “dividendos” entre los directivos de bancos y cajas, y la evasión hacia paraísos fiscales de enormes sumas de dinero.
El saneamiento del sistema financiero (esquilmado por los propios financieros) se pretende realizar ahora mediante la simple y llana aniquilización de derechos sociales y salarios indirectos (como sanidad y educación) Pero hay además una importante cuestión que analizaremos más adelante. En efecto, las medidas tomadas por el gobierno de Rajoy alimentan de forma evidente y directa el ciclo recesivo (contracción del consumo- caída de la tasa de beneficios de las empresas - aumento del paro - nueva contracción del consumo etc.) Esto ha sido advertido ya incluso por el FMI, que es quien, por otra parte, ha diseñado realmente las líneas estratégicas de la política de recortes y de destrucción de derechos sociales, pero le recrimina la ausencia de medidas “activadoras” del proceso productivo. ¿Es que el gobierno del PP español está formado por una pandilla de ineptos, estúpidos y además sordos a las voces que desde los mismos órganos de gestión y vigilancia de los intereses del capital global les demandan una “adecuación” de su política económica? Sin descartar totalmente estas posibles razones de fondo, creemos que la respuesta puede encontrarse en la naturaleza política de la derecha española en el gobierno, que analizaremos en el apartado de las bases políticas.
Bases sociales.
El actual orden social español está dominado por una vieja clase oligárquica. Para comprender su formación histórica debemos recurrir a los orígenes de la construcción del Estado Español como Estado Liberal. Nace a través de un complejo proceso histórico en el siglo XIX y lo hace como garante de un bloque de poder. Este bloque se conformó a través de sucesivos pactos políticos entre los sectores rectores del Antiguo Régimen (la vieja alta nobleza, los obispos, el alto funcionariado de la monarquía absoluta, junto con la cúpula militar y judicial) y la burguesía ascendente en ese siglo (alta burguesía comercial y financiera, terratenientes procedentes de los procesos desamortizadores, y a finales de siglo y comienzos del XX la alta burguesía de la siderurgia, de la industria química y de la electrificación) La naturaleza de este pacto consistió sustancialmente en blindar el poder económico y político de las viejas clases dominantes, e incluso, y en la medida de lo posible, su viejo sistema de privilegios (p.e. la inmunidad fiscal) En la segunda mitad del siglo XX se fueron incorporando a este bloque oligárquico nuevas familias procedentes de la actividad financiera e inmobiliaria y del poder mediático, que frecuentemente emparentaron con las familias tradicionales de la oligarquía.
En el extremo opuesto del orden social se encuentra una clase trabajadora secularmente sometida a unas condiciones brutales de explotación, que fue mejorando sus condiciones de vida a través de duras luchas sociales y durante largas décadas, y que ha sufrido en un lapso de tiempo inferior a 30 años los embates de una reconversión industrial y agraria salvajes, a las que sucedió un proceso de tercerización deficiente que alimenta buena parte del paro estructural en el Estado. Y en algunas naciones, como es el caso de Andalucía, la persistencia secular de hambre de tierras por una clase de jornaleros totalmente desposeídos, que han encontrado en el subsidio agrario (el PER) el único medio de subsistencia (subsidio que nació como apagafuegos social y parachoques de la estructura latifundista)
En Hego Euskal Herria, y con matices en los distintos herrialdes, la crisis, entre otros aspectos, ha reforzado bruscamente las tendencias ya existentes en cuanto al paro estructural, especialmente en los segmentos jóvenes de población activa y particularmente en zonas de antigua actividad industrial y con mano de obra reorientada hacia el sector terciario (margen izquierda en Bizkaia), ha abierto una enorme bolsa de paro y precariedad en zonas que anteriormente manifestaban cierta capacidad de absorción de mano de obra industrial procedente de la reconversión agraria (el eje del Ebro en Nafarroa) y abre un horizonte sin posibilidades entre aquellos sectores de población que buscaban un empleo en el sector terciario público o privado.
Bases Políticas. Cuando escribía estas líneas, leo en Gara un artículo de Floren Aoiz sobre la crisis, en el que vuelve a llamar la atención sobre la escasa investigación que se ha dedicado a la llamada “transición democrática” (investigación liberada de los dogmas y razones de estado) y, por deducción elemental, a la misma naturaleza política del actual Estado Español. No podemos estar más de acuerdo. De hecho, un término más adecuado para definir este periodo histórico, por ser más preciso en nuestra opinión, en cuanto a su desarrollo y consecuencias que el de transición democrática, sería el de II Restauración Borbónica.
Este proceso supuso fundamentalmente la continuidad de un modelo de Estado al servicio del poder del viejo bloque oligárquico. En efecto, si la experiencia democrática republicana desplazó del poder político a las familias de la oligarquía entre 1931 y 1939 (y en algunos puntos del Estado también del poder económico entre 1936 y 1939) el golpe militar fascista de 1936 y la dictadura Franquista posterior tuvieron como objetivo prioritario la restauración y consolidación del poder económico y político de este bloque.
Tras la muerte del general Franco el proceso restaurador borbónico se realizó, en realidad, en varias fases, sin que hubiera un verdadero diseño de antemano. Todo parece indicar que las autoridades franquistas fueron calculando los pasos de lo que denominaron “apertura” (lo que indica de forma evidente que eran ellas quienes controlaban el proceso político) según la capacidad de respuesta de la oposición antifranquista en el Estado. Aunque a partir de 1976 el movimiento obrero y popular alcanzó un gran desarrollo, las principales formaciones políticas estatales, coordinadas entonces sobre la base de la consecución de la ruptura democrática, se fueron reorientando hacia el pacto con las autoridades franquistas- lo que denominaron ruptura pactada- y posteriormente a la aceptación total del calendario de reforma diseñado por el gobierno de Adolfo Suarez, es decir a la aprobación del proyecto restaurador.
El análisis de este proceso escapa a los límites que el objetivo de este artículo se ha propuesto. Diremos solamente que en las negociaciones entre aquella oposición y las autoridades de la dictadura, los primeros cedieron mucho más que los segundos, originándose un desequilibrio de tal magnitud, que la dramática imagen de un comité ejecutivo del P.C.E. exhibiéndose públicamente bajo la bandera de quienes habían derrotado militarmente a la democracia apenas 38 años antes, no representa suficientemente su verdadera proporción. Es preciso recordar ahora que, en aquel proceso, la resistencia vasca y el movimiento popular en Hego Euskal Herria se convirtieron en las únicas fuerzas importantes de oposición al proyecto restaurador borbónico. Este hecho, por cierto, fue respondido por aquellos medios de comunicación readaptados ya al nuevo marco jurídico-político con la recreación mediático-propagandística del término “problema vasco”.
El triunfo del proyecto restaurador supuso la continuidad de los elementos esenciales del Estado franquista, como se ha señalado repetidas veces, pero también del poder del bloque oligárquico tradicional. En relación con el tema que nos ocupa, la naturaleza política del Estado Español agrava la crisis económica en dos aspectos fundamentales: La corrupción generalizada y el fraude fiscal.
Respecto a la primera cuestión, bastaría señalar que sólo el número de causas abiertas contra responsables de los dos principales partidos dinásticos (PP y PSOE) no tiene parangón en Europa. La corrupción fue, en efecto, uno de los principales pilares del franquismo, como lo había sido también en los regímenes monárquicos anteriores (el Régimen de la I Restauración Borbónica y la dictadura de Primo de Rivera) con una mesocracia que encontraba en las corruptelas las gratificaciones correspondientes a sus servicios a la oligarquía. Durante la dictadura franquista fue además un importante elemento de cohesión entre las distintas “familias políticas” del régimen.
El fraude fiscal español no cuenta tampoco con similitudes en su entorno inmediato: su volumen asciende a una cifra que se puede situar entre los 70.000 y 80.000 millones de euros al año. Los datos son aproximados puesto que el Estado Español no ofrece al respecto cifras oficiales, lo que permite, por otra parte, que algunos informes lo eleven hasta 160.000 millones de € anuales. El propio Parlamento Europeo transmitía el 17 de julio de 2008 una lamentación sobre la ausencia de datos precisos. Por la misma razón el porcentaje del fraude respecto al PIB es de imposible cuantificación exacta. De cualquier forma lo que parece claro según diversos informes oficiosos de agentes de la Agencia Tributaria (nuevamente nos topamos con la opacidad cómplice del Estado al respecto) es que más del 72% del total del fraude corresponde a las grandes fortunas españolas. Es decir, que aunque el Estado Español tiene también la cantidad más alta del denominado “trabajo no reglado” de la OCDE, el porcentaje sobre el fraude de estas actividades es muy bajo respecto a la actividad fraudulenta de la oligarquía.
Pero lo verdaderamente importante de esta cuestión no son las cifras, sino el carácter estructural de esta gigantesca detracción sobre la sociedad. Las evidencias históricas, tanto sobre la persistencia secular del fraude fiscal, como de la escandalosa laxitud en su represión-cuando clara complicidad-, nos permiten hablar hoy de una “inmunidad fiscal de facto” para el bloque dominante, readaptada durante más de siglo y medio a las coyunturas cambiantes, y que ha sustituido a la inmunidad fiscal legal para los estamentos privilegiados propia del Antiguo Régimen. El fraude fiscal constituye hoy una de las principales causas del gravísimo déficit público estructural, que el gobierno ultraderechista del PP pretende recomponer ahora detrayendo recursos sociales a través de la aniquilación de derechos conseguidos por el pueblo trabajador durante décadas y pagando frecuentemente por ello un alto precio. Además, el anuncio de una amnistía fiscal, acompañada de la previsible inmutabilidad de los hábitos en la persecución futura del fraude, blindan esta inmunidad para los inciertos años venideros.
Un último apunte: Los más importantes proyectos políticos teóricamente encaminados al saneamiento de la Hacienda Pública- desde 1836 con la reapertura del proceso desamortizador- han desembocado en un progresivo apuntalamiento del poder económico y político de la oligarquía, sin conseguir, por otra parte, su pretendido fin (la reducción del déficit público). Además, la desamortización de 1854 (la desamortización de propios municipales, que significó también el comienzo de los ataques de la oligarquía contra el comunal) tenía como objetivo político implícito, así mismo, la liquidación de la autonomía municipal mediante la erosión de los recursos que la mantenían.
Las medidas presentadas hoy como de “choque antidéficit” por el gobierno del PP alimentan directamente, como hemos señalado antes, y de forma inequívoca el ciclo recesivo. La pregunta que flota ahora en el aire es ¿Qué pretenden entonces? Las respuestas centradas en el supuesto desconocimiento de las consecuencias de tales decisiones por parte del gobierno no nos satisfacen. Estamos convencidos de que el gobierno del PP conoce perfectamente las consecuencias paralizadoras de la actividad económica derivadas de sus brutales reformas. Pero para adivinar el objetivo de tales medidas hay que comprender la naturaleza política de la derecha española. Carente de verdaderos teóricos, ya que la derecha española ha gobernado con demasiada frecuencia histórica de la mano de los militares, alimentada por un discurso zafio, mezcolanza de patrioterismo ramplón, militarismo, folklorismo e integrismo religioso, ha encontrado su réplica en la extrema derecha de EEUU agrupada en torno al Tea Party. Pero esto no tiene, en realidad, nada de sorprendente, Es conocida la influencia que la extrema derecha cubana de Miami tiene sobre este grupo de multimillonarios y su caverna ideológica. La herencia colonial española, base de la cultura política de la popularmente llamada “gusanada” de Florida, es el vínculo que une dos tradiciones políticas desarrolladas en paralelo.
Es posible, así pues, que el verdadero “programa oculto” del PP no esté sino aplicándose hasta ahora en sus primeras fases. El agudizamiento del ciclo recesivo puede ser perfectamente un escenario propicio para la supresión total de derechos sociales y de subestructuras de ellos derivadas (p.e. la seguridad social, la sanidad y la educación) que se verán sin duda, tarde o temprano, acompañadas por la eliminación de derechos políticos y libertades públicas. La consigna de “quieren acabar con todo” repetida por los sindicatos sistémicos españoles, puede ser una realidad a corto plazo. Sin embargo, estas fuerzas sindicales son, a día de hoy, incapaces de ofrecer una alternativa seria y eficaz, por la evidente razón de que esta sólo puede ser política y rupturista.
En Euskal Herria sí hay de todos modos una alternativa real, con una importante base social de apoyo, y capaz de frenar efectivamente ese programa del Tea Party español: La independencia. Este proyecto político, no obstante, debe tener como principios para su supervivencia un modelo de construcción nacional y social basada en parámetros totalmente distintos de aquellos con los que se rompe. Es decir, que el proceso de construcción nacional deberá edificarse sobre los principios de la democracia participativa y del socialismo. Sólo así se conseguirá una extraordinaria acumulación de fuerzas en torno al proyecto sostenible en el tiempo. Sólo así contribuirá eficazmente a la eliminación del factor principal de la crisis global, es decir, del propio capitalismo mundial, y sólo así merecerá verdaderamente la pena.
Carlos Sánchez- ERAIKUNTZA (Grupo vasco de historiadores socialistas)
cjsanvicente@gmail.com
