La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) negó el permiso de funcionamiento al proyecto de minería a tajo abierto en el municipio de Temixco en el estado de Morelos. Es un triunfo insólito de los pueblos en defensa de la naturaleza y la salud general. Aunque sólo es un primer round de la pelea, su significado puede calificarse de histórico y su alcance de universal. Hace historia una condición singular: los pueblos movilizados con sólidas bases técnicas merecieron el respaldo del gobierno del estado, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de un amplio sector de la sociedad; la autoridad federal actuó en consecuencia y negó la autorización; lo común ha sido que los pueblos han dado sus luchas contra la minería depredadora en solitario, con la autoridad sentada en el lado contrario de la mesa junto con las empresas mineras, los golpeadores a su servicio y la prensa vendida. Su alcance es universal como también lo es la embestida vandálica de la minería a tajo abierto que, para la extracción de unas cuantas onzas de oro, depredan los suelos y envenenan las aguas; empresas que en sus lugares de origen enfrentan la prohibición por sus efectos nocivos, buscan y generan facilidades en localidades de legislación laxa, cuando no permisiva, con autoridades débiles y proclives a la corrupción. Traen inversiones y se llevan vidas. Enhorabuena por la actitud clara y comprometida del gobernador Graco Ramírez, confirma que vale la pena votar por la izquierda.
En México una de las primeras expresiones del modelo neoliberal adoptado fue la reforma minera iniciada con la privatización de la Compañía Minera de Cananea y seguida por reforma a la legislación impulsada por Carlos Salinas. Desde 1967 regía una legislación minera que reivindicaba para la nación el dominio de los recursos minerales del subsuelo (me tocó en suerte participar en la redacción de su iniciativa y la recuerdo como la primera acción trascendente de mi vida profesional); durante su vigencia la actividad creció y lo hizo en beneficio de la sociedad, sea por empresas paraestatales o por concesiones a particulares. Sucedió entonces el asesinato de Salvador Allende en Chile y la muerte del gobierno de unidad popular por él encabezado, en mucho como producto de la intriga de la International Telegraph & Telephone (ITT), a la sazón dueña del mercado mundial del cobre, su socio Kissinger y la CIA, con la secuela de la creación del laboratorio experimental de lo que después se conoció como neoliberalismo; la Tatcher privatizó la siderurgia británica y de allí se generó la tendencia de entregar a los particulares la riqueza minera mundial. Salinas, como alumno aplicado, no tardó en sumarse a la ola modernizadora y hoy pagamos las consecuencias: casi todo el territorio nacional ha sido concesionado a las empresas mineras y ni el país ni el estado ni la sociedad reciben beneficio alguno por la explotación, en tanto que la depredación cunde como carcinoma letal. Por eso estamos como estamos, diría Héctor Suárez.
Es muy deseable que este primer triunfo alcanzado por la sociedad morelense pueda afianzarse hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto, la ley registra vericuetos que los abogados al servicio de las mineras suelen aprovechar para doblegar legalmente las más decididas voluntades políticas. Ante ello es preciso mantener en alto la presión social y extenderla a todos los otros casos que se registran en el país y compartir la experiencia con otros movimientos que en Latinoamérica enfrentan al mismo fenómeno. El asunto va mucho más allá de una lucha ideológica, se trata de la supervivencia del género humano, hoy en riesgo extremo por la devastación de la naturaleza.
Resulta ser que, además de las empresas canadienses que se llevan la palma en este nefasto negocio, también están apareciendo empresas chinas con el mismo objetivo, lo que me lleva a ligar el tema con el de la visita del Presidente de la República Popular China a México y la inauguración de una alianza económica con esa poderosa nación. Después de más de veinte años de entrega absoluta al juego geopolítico de Washington, la apertura de otra instancia de negociación podrá ofrecer un mayor grado de libertad relativa para el estado mexicano, parecido al que existió durante la guerra fría; sólo quisiera advertir que será un error rotundo si las negociaciones se enfilan a poner a los dos gigantes a competir por concesiones para el aprovechamiento de los recursos del país, en cuyo caso el beneficio se limitaría a obtener un precio menos malo por ellos. La buscada libertad puede ensancharse si se limita al comercio y cambiar la condición de socio cautivo que hoy prevalece.
