El programa está justificado bajo los poderes económicos de emergencia del presidente de los EEUU y dicen que han tomado pasos para proteger a la privacidad de los estadounidenses. Sin embargo, este uso de los poderes del ejecutivo está pasando por encima de todas las normas y reglas judiciales y legales que garantizan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas de ese país. Este programa es distinto a la operación de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de espionaje e intervención en las telecomunicaciones de millones de estadounidenses y personas residiendo en el país.
Cuando el New York Times obtuvo la información sobre el programa y estaba preparando el artículo para su publicación en mayo de este año, el editor ejecutivo, Bill Keller, recibió una visita del Secretario del Tesoro John Snow. El Secretario del departamento financiero de Washington argumentó a Keller durante más de una hora todas las razones por no publicar el artículo. Pocos días después, el editor del New York Times recibió una llamada directa de John Negroponte, el Director Nacional de Inteligencia, quien le dijo que no sería prudente ni beneficioso para el periódico publicar algo sobre esa historia. Tres otros oficiales y funcionarios del gobierno estadounidense acosaron a Keller con consecuencias graves si publicaba la información. Keller declaró que consideró profundamente las recomendaciones del gobierno estadounidense, pero en el final, determinaron que la publicación de información veraz y oportuna era su deber y que no existía razón ninguna suficiente importante para no publicar esta historia.
Después de su publicación, el presidente George W. Bush llamó al periódico “desgraciado”, indicando que su junta editorial y los periodistas que trabajaron en la investigación eran “traidores.” El vice- presidente Dick Cheney pidió que revocaran al Premio Pulitzer que ganó el periódico por sus extraordinarias investigaciones y escritos. Un congresista republicano, Peter King, dijo que iban a buscar enjuiciar al periódico bajo la Ley de Espionaje del año 1917, acusándolo de haber cometido una “traición a la patria”. Otros congresistas están intentando quitarle sus credenciales de prensa para que no puedan publicar más ni puedan ejercer periodismo en el país. Durante los últimos cinco años, más de 11 periodistas en los Estados Unidos han sido encarcelados o enjuciados por no revelar sus fuentes de información o por no querer violar su ética profesional.
Desde hace más de una década, el Pentágono ha controlado el flujo de información sobre todas las acciones y actividades del gobierno estadounidense en el exterior, dejando a los periodistas y medios de comunicación con una información “empaquetada” y “preparada,” y muchas veces, manipulada. Ahora, los niveles más altos de la administración de Bush intimidan y acosan a periodistas y medios de comunicación para que no publiquen información veraz que critica o pone en duda la efectividad y legalidad de su política. Y más grave aún, cuando publican la información, los amenazan con enjuiciarlos por traidores y los atacan e intentan humillarlos directamente desde la oficina oval.
Triste es ver al país que se fundamentó en los principios de la libertad, donde millones han perdido sus vidas en nombre de la democracia, secuestrado por un gobierno y un élite tan perversa que poco a poco va quitando cada derecho y cada ideal que en algún momento de la historia hizo esa nación grande.
