Durante tres años la Instancia Verdad y Dignidad ha visto entorpecidos y hasta saboteados sus trabajos de información y recopilación por parte del ancien régime, reciclado ahora en el Gobierno

En medio del caos regional y del ensombrecimiento general, la pequeña y olvidada Túnez sigue dando buenas noticias. He esperado algún eco en la prensa y, ante el ensordecedor silencio, me siento impelido a recordarlo. Hace veinte días los propios tunecinos se vieron sorprendidos –sacudidos, golpeados, conmovidos– por los testimonios de tortura y desaparición relatados en voz alta por víctimas de las dos dictaduras (la de Bourguiba hasta 1987, la de Ben Ali hasta 2011), testimonios retransmitidos en directo por cuatro canales de televisión. Fueron dos sesiones de cuatro horas, el jueves 17 y el viernes 18 de noviembre, en horas de máxima audiencia, que los ciudadanos individuales olvidarán más o menos deprisa, pero que marca un umbral simbólico de difícil retorno. Establecida legalmente como institución del Estado en diciembre de 2013 por el entonces Gobierno de coalición encabezado por Ennahda, la Instancia Verdad y Dignidad, cuya misión es facilitar el proceso de justicia transicional, ha recibido 62.000 denuncias de torturas y desaparición y ha grabado ya 11.000 testimonios. Son algunos de estos testimonios, ahora en vivo, los que pudieron escucharse en el club Elyssa de Sidi Bou Said, ex residencia privada de Leila Trabelsi, esposa del exdictador, convertido para la ocasión en escenario simbólico de «esta terapia de grupo –dirá el abogado y periodista Riadh Guerfali– contra la barbarie presente y venidera».

No ha sido fácil llegar hasta aquí. Durante tres años la Instancia Verdad y Dignidad (IVD) ha visto entorpecidos y hasta saboteados sus trabajos de información y recopilación por parte del ancien régime, reciclado ahora en el Gobierno de Nidé Tunis y en la figura del presidente de la república, Beji Caid Essebsi, ministro del Interior de Bourguiba en los años en que la Policía torturaba a la izquierda del grupo Perspectives. Asimismo, políticos y medios de comunicación afines al Gobierno no han dejado de arremeter del modo más sucio contra la presidenta de la IVD, Sihem Bensedrin, prestigiosa opositora a Ben Ali, a la que, izquierda y derecha, han calificado de «revanchista», «islamista», «inmoral», «incapaz» e incluso «loca». Ha sido el popular diario "Achuruq" el que ha llevado el peso de esta campaña contra Bensedrin, a la que acusa de promover –cómo no– la «fitna» o «guerra civil», pero también el siempre oficialista "La Presse" ha cuestionado desde el principio su «neutralidad» y «capacidad» para conciliar el «respeto a las víctimas» con la «responsabilidad política» y la necesidad de «no abrir heridas». Nada que en la España de las fosas comunes con cerrojo y las cunetas asesinas no nos resulte trágicamente familiar. En el camino de la IVD ha habido que dejar a un lado asimismo la tentativa de aprobar la llamada «ley de reconciliación», una declaración oficial de «punto final» y rehabilitación del antiguo régimen, felizmente tumbada por la movilización ciudadana.

Del mismo modo y como expresión final de este rechazo a la IVD y a su presidenta, cabe añadir que el Gobierno no autorizó el uso del Palacio de Congreso para las audiciones públicas y que, mientras los dirigentes de Ennahda y del Frente Popular, víctimas de la dictadura, estuvieron presentes en primera fila, ni el presidente de la República ni el primer ministro ni el presidente del Parlamento, miembros todos de Nidé Tunis, respondieron a la invitación de Sihem Bensedrin, quien se muestra tajante a la hora de señalar responsabilidades políticas: «quieren reconstruir el Estado benaliano; no quieren nuestra Constitución». Frente a las acusaciones de «revanchismo», la presidenta de la IVD recuerda que sólo cinco de las 11.000 víctimas ya escuchadas pretenden abrir procesos penales; la mayoría abrumadora está dispuesta a perdonar si sus torturadores les piden perdón. Esta fue, por ejemplo, la actitud de Sami Brahem, prisionero político y hoy investigador en el Centro de Estudios Económicos y Sociales, quien durante la sesión del jueves 17 cerró su declaración invitando a sus verdugos a presentarse al día siguiente y pedirle disculpas por lo que le hicieron. Sin embargo, todas las demandas de conciliación y arbitraje enviadas al Ministerio del Interior y solicitadas por las propias víctimas –se lamenta Bensedrin– han sido rechazadas: «se atrincheran en el negacionismo».

Es cierto que las audiciones históricas del mes de noviembre iluminan un país dividido: un país dividido entre verdugos y víctimas. Las víctimas –entre las que la IVD reconoce también las «colectivas», incluidas algunas regiones– lo son, lo siguen siendo, porque aún no han podido hablar, mientras no puedan hablar. Hay que dejarles hacerlo. Como declaraba sin lágrimas ni aspavientos Ourida Kaddouss, cuyo hijo fue asesinado en Regueb durante la represión de 2011, «es mi hijo quien os ha dado la democracia. Mi hijo murió por Túnez y por la bandera tunecina y quiero que se le haga justicia». Las madres transmiten un dolor que es fácil hacer propio. Ese es también el caso de la de Kamel Matmati, desaparecido en 1991 y muerto bajo tortura pocos días después de su desaparición, pero cuya muerte sólo se ha reconocido en 2016 y al que sus familiares aún no han podido enterrar: «Queremos que nos devuelvan su cuerpo y que los culpables rindan cuentas».

Aparte el citado Sami Brahem, torturado en el Ministerio del Interior y en la cárcel de todos los modos imaginables durante ocho años y al que lo que más sigue doliendo es «la humillante bofetada de Boukassa» (nombre de guerra de uno de sus torturadores), particular mención merece la declaración de Gilbert Naccache, conocido intelectual, escritor y militante de izquierdas, fundador del grupo Perspectives que pasó 11 años en las prisiones de Bourguiba. Su testimonio ofreció a los oyentes un análisis histórico de la continuidad entre las dos dictaduras y de la de éstas respecto de la ocupación francesa: «La ‘modernización’ de Túnez fue en realidad una prolongación del colonialismo». Naccache, que se sumó a la revolución en 2011 y que desde entonces no ha dejado de luchar contra sus reflujos, declaró solemne: «Una jornada como ésta compensa en sí misma muchas de las frustraciones de los últimos cinco años».

Las audiciones públicas de la IVD, que se reanudarán el próximo 17 de diciembre, no servirán para resolver los problemas económicos y políticos de Túnez. No acabarán con la corrupción, la fractura entre regiones, el paro juvenil o la inflación y la deuda; ni tampoco con los recortes de libertades que, so pretexto del combate contra el terrorismo, la población va trágicamente naturalizando. Pero hay situaciones en las que lo simbólico tiene carne e introduce efectos; y más cuando encuentra tanta oposición por parte de un ancien régime que revela así su poderosa existencia entre bastidores. El arranque público de la justicia transicional debe servir a los tunecinos para –al menos– tres cosas. La primera, como recordaba Sihem Bensedrin, para frenar la nostalgia de la dictadura, creciente y proporcional al deterioro de las condiciones de vida, y apartar cualquier futura tentación dictatorial. La segunda, en directa relación, para recordar que la tortura no es algo del pasado; que hoy, según la OCTT (Organización contra la Tortura), sigue siendo la rutina en comisarías y cárceles del país; y que ninguna amenaza a la seguridad puede hacernos tolerantes o indiferentes frente a ella.

Pero hay una tercer dato relevante. Lo señalaba con acierto Patrizia Mancini, periodista italiana afincada en Túnez y responsable de la página tunisia-in-red: «La voz de las víctimas ha logrado rescatar del olvido en el que habían caído las palabras de la revolución: trabajo, libertad y dignidad». Reviviendo el dolor sereno de los torturados, los tunecinos han revivido también la larga lucha contra los verdugos que convergió en la sacudida colectiva de 2011, esas jornadas de júbilo común cuya existencia a veces se pone en duda y que muchos ciudadanos de este país empezaban a querer olvidar. «La revolución sigue viva», acabó su testimonio Gilbert Naccache. Esta frase, y las de los otros testigos, la devuelven a la vida.

De Túnez, pequeña y olvidada, se habla siempre como de un «símbolo»: donde empezó la «primavera árabe», donde resiste la democracia. Es un símbolo, sí, pero también una lección que deberían aprender algunos países más grandes. La justicia, se dice, es un derecho de las víctimas, pero se olvida que es, sobre todo, un derecho de los verdugos, a los que se reincorpora así al seno del nuevo contrato social y de la vida colectiva. Sin reconocimiento de las víctimas, sin reconocimiento de los verdugos, no hay verdadera reconciliación ni verdadera democracia. Si no se puede decir en voz alta –y no lo proclaman todas las instituciones– «aquí hubo una dictadura», es que esa dictadura no está completamente superada. Túnez, en este sentido y con independencia de lo que pase a partir de ahora, vuelve a ir un poco por delante de España.